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Crespo » Paralelo 32
Fecha: 17/11/2024 19:12
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Argentina, creado en 1956, ha sido un pilar fundamental en el desarrollo del campo, especialmente para los pequeños y medianos productores, sobre todo como vía de acceso a la actualización técnica y a la innovación. Hoy, la necesidad de defender al INTA es imperiosa, y hacerlo implica comprender su estructura, conocer qué sucede en su interior y disponer de información confiable sobre los planes que el gobierno nacional tiene respecto a su futuro. Para fortalecer su defensa, es clave revisar los principios fundacionales del INTA, que se encuentran en la Ley N° 21.680. Según el Artículo 1 de esta ley, el INTA fue creado con el objetivo de “impulsar, vigorizar y coordinar el desarrollo de la investigación y extensión agropecuaria”, acelerando así la tecnificación y el mejoramiento del sector agrario y la vida rural en Argentina. Como órgano autárquico del Estado, el INTA tiene un alcance nacional y depende del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y del Ministerio de Economía para mantener su vinculación con el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) en cuestiones tecnológicas. La misión y visión del INTA reflejan su compromiso con la soberanía científico-tecnológica, la seguridad y la soberanía alimentaria, y su dedicación a promover la competitividad en un marco de sostenibilidad ambiental, inclusión social y equidad. Estos valores se complementan con su objetivo de impulsar la innovación y contribuir a un sistema agropecuario, agroalimentario y bioindustrial que sea competitivo, inclusivo, equitativo y respetuoso del medio ambiente. Esta misión se realiza a través de investigaciones, actividades de extensión, desarrollo tecnológico y la formulación de políticas públicas, tanto a nivel nacional como internacional. Si bien en todas las unidades del INTA del país hay consejos asesores, la estructura se edifica a partir de una sede central, 15 Centros Regionales, 51 Estaciones Experimentales, 292 Agencias de Extensión Rural —entre ellas, la Agencia de Victoria—, seis centros de investigación y 817 institutos. Esta configuración asegura un Control Social único en su tipo desde su inauguración en 1956, a través de esos Consejos Asesores, donde están representadas todas las instituciones gremiales del Agro (Mesa de enlace hoy —N. de R.) y que en el caso de El Consejo Nacional y los Consejos Regionales, por ejemplo el del Entre Ríos— que tienen vos y voto—se toman decisiones sobre el funcionamiento del organismo a niveles de cada Regional y/o Nación. También a nivel país, el INTA tiene el PEI (Plan Estratégico Institucional) 2015-2030. Cada una de estas Agencias de Extensión Rural, incluyendo la de Victoria, cumple un rol fundamental en el apoyo directo a los productores locales, adaptándose a las necesidades específicas de su región, ayudando a implementar prácticas modernas y sostenibles que responden a las particularidades del clima, el suelo y las tradiciones rurales de su área de influencia. Esta presencia permite que el INTA esté presente en cada rincón del país, atento a las necesidades de los pequeños y medianos productores. En este contexto, la defensa del INTA se presenta como innegociable y requiere tanto del compromiso de quienes la integran como de la sociedad en general. Recientemente, organizaciones como la Federación Agraria Argentina han manifestado un apoyo claro y firme hacia el rol del INTA como investigador y generador de tecnologías adaptadas a cada economía regional, defendiendo su capacidad de innovación y su papel en la validación de tecnologías aplicables a todos los tipos de productores, con especial énfasis en los más pequeños. La red de Agencias de Extensión Rural (AER) del INTA cumple una función vital en el sostenimiento de la vida rural, proporcionando capacitaciones y asesoramiento técnico a productores en cada rincón del país. Actualmente, el INTA enfrenta una serie de desafíos y recortes que limitan su capacidad operativa. Desde 2023, en cada reunión del Consejo Regional, se han presentado informes sobre restricciones presupuestarias y ajustes. Estos incluyen la reducción de personal mediante retiros voluntarios, con un objetivo de disminuir la plantilla en más de 1.000 personas, la falta de reemplazos para los técnicos jubilados, la venta de activos y la disminución de partidas presupuestarias. Esto implica que el funcionamiento de las Estaciones Experimentales y Centros Regionales dependa en gran medida de los fondos administrados por cooperadoras. Es crucial contar con información clara sobre el alcance de estos ajustes. En este sentido, no son pocas las reuniones, entre ellas la celebrada en el INTA local días atrás donde se planteó la preocupación de este accionar, trasladada al Consejo Regional de Entre Ríos quien expondrá estas cuestiones y propondrá una discusión puntual sobre este malestar en los consejos superiores.
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