15/11/2024 17:30
15/11/2024 17:30
15/11/2024 17:30
15/11/2024 17:30
15/11/2024 17:30
15/11/2024 17:30
15/11/2024 17:30
15/11/2024 17:29
15/11/2024 17:28
15/11/2024 17:28
Federal » El Federaense
Fecha: 15/11/2024 15:19
El Gobierno de Argentina ha decidido dar un giro radical en su política de jubilaciones con la reciente resolución que elimina la baja de la jubilación de privilegio y la pensión que recibe la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner. Este anuncio se produce tras la condena en su contra dictada por la Cámara de Casación en el marco de la causa de Vialidad. La Resolución 1092/2024, que fue publicada en el Boletín Oficial, marca un hito en la gestión del actual presidente Javier Milei. Milei ha manifestado su objetivo de aplicar reformas que reduzcan beneficios otorgados a figuras políticas involucradas en delitos de corrupción, un enfoque que ha generado un debate intenso en la sociedad argentina. Impacto Económico y Político de la Medida Durante una declaración oficial, el vocero presidencial Manuel Adorni comunicó que esta decisión generará un ahorro considerable al Estado, estimado en más de 21 millones de pesos mensuales. Esta acción, sin embargo, no solo afecta a la ex presidenta, sino que también incluye a otros exfuncionarios, como el exvicepresidente Amado Boudou, actualmente bajo arresto domiciliario por sus implicaciones en delitos económicos. Adorni enfatizó que estos pagos, previstos en la legislación para expresidentes, eran considerados gastos excepcionales que el Gobierno ya no está dispuesto a asumir. “Lo nuevo es que estos beneficios eran más que excepciones; eran prácticas que no se alinean con los principios de transparencias que estamos promoviendo en esta administración”, afirmó. Posibles Implicaciones Judiciales La decisión de retirar estos beneficios ha atraído una notable atención de los medios, no solo por su impacto financiero, sino también por las repercusiones legales que podría conllevar. La figura de Cristina Kirchner, una de las más icónicas de la política argentina, plantea un escenario donde su exclusión de estos derechos podría desembocar en un prolongado litigio judicial. La ministra Sandra Pettovello, al respecto, destacó que esta medida no se debe interpretar como una sanción, sino como una acción de defensa hacia la integridad institucional del país. “No podemos permitir que quienes han quebrantado la confianza pública mantengan privilegios que no son aceptables”, afirmó Pettovello, dejando claro que el objetivo es preservar la transparencia en la gestión pública. Un Cambio de Paradigma Sin embargo, el público no ha dejado de reflexionar sobre la aparente contradicción del presidente, quien anteriormente había definido estas pensiones como derechos adquiridos. El cambio de postura indica un cambio profundo en el enfoque del Gobierno hacia los beneficios recibidos por antiguos líderes políticos y coloca a Javier Milei en una posición compleja al tener que justificar su cambio de discurso. Este desarrollo no solo promete modificar el paisaje político argentino, sino que también plantea interrogantes sobre el futuro de las jubilaciones de privilegio en el país.
Ver noticia original.gif)
 (1).jpg)
Examedia © 2024
Desarrollado por