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Parana » Inventario22
Fecha: 07/11/2024 16:15
La Corte Suprema puede dar un mensaje de que los juicios de lesa humanidad siguen siendo política de Estado aún en tiempos en que desde el gobierno se cataloga como excesos a los secuestros, las torturas, las desapariciones y la apropiación de niños y niñas. Eso piensan los representantes de organismos de derechos humanos y los abogados que intervienen en las causas por crímenes aberrantes que estuvieron este miércoles en el Palacio de Justicia para pedirles a los supremos que vuelvan a convocar a la comisión interpoderes para agilizar las investigaciones que están en curso. La comisión interpoderes se creó en 2008, cuando recién se estaban reabriendo los juicios por crímenes perpetrados en los años del terrorismo de Estado. Funcionó con cierta regularidad hasta 2016. Al año siguiente, la Corte firmó el fallo del 2x1 y algo se rompió entre el movimiento de derechos humanos y el alto tribunal. La interpoderes volvió a reunirse recién en octubre de 2020 porque la convocó el entonces presidente supremo, Carlos Rosenkrantz, después de que pidieran su juicio político por su política frente a las causas de lesa. Desde que Horacio Rosatti está al frente de la Corte, la interpoderes no volvió a reunirse. Ese vacío fue una de las razones por las que los organismos apoyaron el pedido de juicio político a los cortesanos. El contexto cambió. La llegada de Javier Milei y Victoria Villarruel marcó un desafío para el proceso de juzgamiento. Los organismos y el colectivo de abogados y abogadas de lesa “Mario Bosch” creen que solo la Corte tiene la llave para que las causas vuelvan a tomar impulso. La estimación es que se logró mucho –más de 1187 condenados–, pero que más de la mitad de los expedientes jamás llegaron a un tribunal oral. A las 10.30, un grupo de activistas se reunió en el hall del Palacio de la calle Talcahuano. A los pocos minutos, llegó Javier López Calderón, de la Unidad de Superintendencia para Delitos de Lesa Humanidad, y los invitó a subir al cuarto piso –donde la Corte tiene sus oficinas. En el salón de té, los esperaba Fernando Sagarna, director de Relaciones Institucionales de la Corte. Todos se acomodaron alrededor de una mesa. –Venimos a reclamar personalmente a la Corte que nos atienda– rompió el hielo el abogado querellante Pablo Llonto. –Sí, ésta es la tercera presentación que hacen– contestó Sagarna. El funcionario quiso mostrar que estaba al tanto de que tanto el colectivo Bosch como los organismos venían desde julio pidiendo que se reuniera la interpoderes porque las causas no avanzan o lo hacen con paso cansino porque, en el mejor de los casos, hay audiencias semanales en los procesos orales o porque hay pedidos de indagatoria que jamás se resuelven. La Corte Suprema puede dar un mensaje de que los juicios de lesa humanidad siguen siendo política de Estado aún en tiempos en que desde el gobierno se cataloga como excesos a los secuestros, las torturas, las desapariciones y la apropiación de niños y niñas. Eso piensan los representantes de organismos de derechos humanos y los abogados que intervienen en las causas por crímenes aberrantes que estuvieron este miércoles en el Palacio de Justicia para pedirles a los supremos que vuelvan a convocar a la comisión interpoderes para agilizar las investigaciones que están en curso. La comisión interpoderes se creó en 2008, cuando recién se estaban reabriendo los juicios por crímenes perpetrados en los años del terrorismo de Estado. Funcionó con cierta regularidad hasta 2016. Al año siguiente, la Corte firmó el fallo del 2x1 y algo se rompió entre el movimiento de derechos humanos y el alto tribunal. La interpoderes volvió a reunirse recién en octubre de 2020 porque la convocó el entonces presidente supremo, Carlos Rosenkrantz, después de que pidieran su juicio político por su política frente a las causas de lesa. Desde que Horacio Rosatti está al frente de la Corte, la interpoderes no volvió a reunirse. Ese vacío fue una de las razones por las que los organismos apoyaron el pedido de juicio político a los cortesanos. El contexto cambió. La llegada de Javier Milei y Victoria Villarruel marcó un desafío para el proceso de juzgamiento. Los organismos y el colectivo de abogados y abogadas de lesa “Mario Bosch” creen que solo la Corte tiene la llave para que las causas vuelvan a tomar impulso. La estimación es que se logró mucho –más de 1187 condenados–, pero que más de la mitad de los expedientes jamás llegaron a un tribunal oral. A las 10.30, un grupo de activistas se reunió en el hall del Palacio de la calle Talcahuano. A los pocos minutos, llegó Javier López Calderón, de la Unidad de Superintendencia para Delitos de Lesa Humanidad, y los invitó a subir al cuarto piso –donde la Corte tiene sus oficinas. En el salón de té, los esperaba Fernando Sagarna, director de Relaciones Institucionales de la Corte. Todos se acomodaron alrededor de una mesa. –Venimos a reclamar personalmente a la Corte que nos atienda– rompió el hielo el abogado querellante Pablo Llonto. –Sí, ésta es la tercera presentación que hacen– contestó Sagarna. El funcionario quiso mostrar que estaba al tanto de que tanto el colectivo Bosch como los organismos venían desde julio pidiendo que se reuniera la interpoderes porque las causas no avanzan o lo hacen con paso cansino porque, en el mejor de los casos, hay audiencias semanales en los procesos orales o porque hay pedidos de indagatoria que jamás se resuelven. –En este contexto, la sola convocatoria de la interpoderes es un mensaje muy fuerte sobre la continuidad de los juicios de lesa humanidad. Cada vez quedan menos genocidas vivos y se nos están muriendo los compañeros y las compañeras. Nunca nos sobró tiempo, pero ahora menos– apuntó la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, que estaba sentada a la izquierda de Llonto. –No convocar también es un mensaje– deslizó Eduardo Tavani, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). El clima era cordial, pero todo lo que se iba poniendo sobre la mesa era de mucha dureza. Los mozos de la Corte, mientras tanto, repartían copas y jarras con agua para amenizar el trámite. Sagarna les dijo que se comprometían a informar a la presidencia de la Corte –léase a Rosatti– sobre este nuevo pedido de los organismos. –¿Qué dice la presidencia de la Corte?– quiso saber Guillermo Torremare, también referente de la APDH. –Este silencio dice mucho, ¿no? Nosotros entendemos el silencio desde otro lugar– intervino Bibiana Reibaldi. La novedad de este encuentro fue que, entre quienes iban a pedir que avanzaran los juicios, estaban los hijos de los genocidas: Reibaldi, de Historias Desobedientes, y Pablo Verna, de la Asamblea Desobediente. Todos ellos se organizaron a partir del 2x1 de la Corte, cuando la impunidad pudo respirarse en el ambiente. Verna denunció a su padre, un médico que inyectaba prisioneros que iban a ser arrojados en los vuelos de la muerte. La denuncia tiene más de diez años esperando en un juzgado. Fue solo uno de los ejemplos de las demoras que escucharon los dos funcionarios de la Corte. –La semana pasada falleció Mirta Baravalle, una de las fundadoras de las Madres y las Abuelas. Queremos que se convoque a la interpoderes para resolver temas, no como la última vez que se convocó durante la presidencia de Rosenkrantz. En ese momento, las primeras que se opusieron fueron las Madres porque era un lavado de cara. Tenemos el derecho a saber si van a convocarla o no– demandó Héctor Francisetti, de Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz. Cerca suyo estaba sentada Ana Bianco, hija de María Eugenia Ponce de Bianco –una de las tres Madres de Plaza de Mayo marcadas por Alfredo Astiz, llevadas a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y arrojadas vivas al mar desde un avión de la Prefectura. En la mesa se encontraban sobrevivientes de los campos de concentración: Jorge Braiza, Rufino Almeida, Silvia Saladino, Lucía Fariña y Graciela Draguicevich, entre otros. Fue Braiza quien les contó que habían ido a la Cámara de Casación y habían conseguido una recomendación para que los tribunales ordenaran preservar la prueba y los sitios en los que se cometieron los crímenes. –¿La Corte va a seguir manteniendo la política de memoria, verdad y justicia? ¿Sí o no? –preguntó Braiza, sobreviviente del Olimpo. Sagarna les contestó que iba a transmitir sus preocupaciones, que era su prioridad número uno. Ahora, la pelota está del lado de la Corte –que este miércoles también recibió una nota formal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) reclamando que convoque a la interpoderes porque, entre otras cosas, las defensas de los genocidas hacen foco en las demoras para impugnar el proceso de justicia. El jueves de la semana próxima, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llevará a cabo de una audiencia en Washington para analizar el proceso de memoria, verdad y justicia en la era Milei. Las demoras en los tribunales estarán seguramente en el temario.
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