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Parana » APF
Fecha: 05/11/2024 13:31
Este martes el Ministerio Público Fiscal (MPF) respondió a los argumentos que sostuvieron las defensas de los imputados en la causa conocida como Relevamientos Catastrales. Sostuvo que la evidencia que se colectó en la dilatada investigación tiene la entidad suficiente que la etapa requiere para ser evaluada y cuestionada en un juicio. La próxima audiencia será para que las defensas respondan cuestiones puntuales y luego se realizará la de admisión de evidencias. martes 05 de noviembre de 2024 | 12:34hs. Los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano respondieron este martes a los cuestionamientos de las defensas que se oponen a la remisión a juicio de la causa que investiga la contratación de un sistema de software para la Administración Pública provincial en el que, según sostiene la acusación, se habría favorecido durante la gestión de Sergio Urribarri, primero como ministro de Gobierno de la última gestión de Jorge Busti, y luego como gobernador, a la firma Relevamientos Castastrales SA, propiedad del imputado empresario oriundo de Paraguay, Diego Armando Cardona Herrero, a cambio de coimas, dádivas o retornos para favorecer su posición en las licitaciones, aportándole información privilegiada que lo ponían en ventaja respecto de otros oferentes, y luego facilitando el proceso administrativo de rigor. Badano respondió que no correspondía hacer lugar a los planteos defensistas respecto de la aplicación del fallo Cozzi sobre los plazos razonables porque la investigación se realizó dentro de los plazos establecidos en las normas. Incluso recordó que los planteos basados en aquel fallo ya fueron resueltos en la provincia y la legitimidad del mismo está para dirimirse en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Badano también respondió a los planteos respecto de la falta de presiones respecto de los roles atribuidos a cada acusado y destacó que “están claramente descriptos en cada uno de los hechos”. En este sentido recordó la innumerable cantidad de evidencia que se colectó en los allanamientos que se realizaron en la sede de la empresa Relevamientos Catastrales en Buenos Aires y a las viviendas de Cardona Herrero y Urribarri. En el mismo sentido y con la misma contundencia refutó la crítica por falta de pruebas para remitir la causa a juicio. Entendió que el cuestionamiento es una “valoración de la defensa” que se deberá dirimir en el juicio. Respecto de la participación de los organismos de contralor del Estado, de los que las defensas destacaron que no realizaron objeciones a las licitaciones, ni a la adjudicación ni a las adendas que se concretaron posteriormente, por lo que no existió delito y Fiscalía no tenía potestad para iniciar una investigación, sostuvo que aquellos organismos no tienen facultades para investigar delitos penales porque no ejercen funciones judiciales, no evluán si existió un delito, sino que hacer un abordaje administrativo contable. El fiscal aclaró que no existe contradicción entre las calificaciones legales escogidas: Negociaciones incompatibles y Cohecho. Entendió que concurren de manera real entre sí y añadió que no se está ante un delito continuado. Los hechos que se investigan habrían ocurrido entre 2007 y 2016. La denuncia la realizaron los abogados, Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, de reconocida simpatía con el radicalismo, el 22 de diciembre de 2015. Por su parte Yedro sostuvo que la incorporación de evidencia que fue recolectada en allanamientos dispuestos en el contexto de la investigación que se inició también por denuncia de Pagliotto y Mulet, por el supuesto delito de Enriquecimiento ilícito de Urribarri y su grupo familiar, fue legítima porque los allanamientos se realizaron con orden judicial y del análisis de las evidencia colectadas, se trató de voluminosa prueba de cargo, surgieron elementos que con posterioridad permitieron sospechar con seria solidez que se estaba ante la posible comisión de otro delito. Así, recordó que se decidió abrir otra investigación a partir de aquella evidencia obtenida de otro legajo, notificando a las defensas y aportándole los resultados de las distintas medidas que se dispusieron en el contexto del nuevo legajo. En este sentido, Yedro destacó que las defensas no formalizaron ninguna objeción durante toda la investigación respecto de la incorporación de aquella evidencia como lo hicieron en esta etapa. Fiscalía sostiene que el ex gobernador se interesó en favorecer a la firma Relevamientos Catastrales SA, de Cardona Herrero, propiciando su contratación para desarrollar e implementar en la provincia, un software para la Administración Pública. En este hecho habrían participado, en carácter de vínculos con Cardona Herrero, los ex funcionarios Carlos Haidar, director de Informática; Miguel Ángel Ulrich, director General de Ajustes y Liquidaciones; Luis Alfonso Erbes, subsecretario de Presupuesto y Finanzas de la Provincia; y Humberto Flores, secretario de Hacienda de la Provincia. (APFDigital)
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