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  • Los fondos para la justicia en el Presupuesto 2025 alcanzan para el 80% de las metas trazadas

    » Impactocorrientes

    Fecha: 05/11/2024 00:01

    Los fondos para la justicia en el Presupuesto 2025 alcanzan para el 80% de las metas trazadas Desde el Poder Judicial de Corrientes señala que los $159.619.002.085 proyectado para la justicia en el anteproyecto de Presupuesto Provincial 2025 sólo permitirá cumplir el 80% de las metas y objetivos trazados. El reclamo es similar aal de años anteriores. Compartir en Facebook Compartir en Twitter A través del Acuerdo Extraordinario N°9/2024, el Superior Tribunal de Justicia aprobó el Anteproyecto de Presupuesto del Ejercicio 2025 por la suma de $200.194.330.482. Se destacó que los fondos solicitados son los necesarios para cumplir las metas, objetivos y planes trazados por el Poder Judicial para el próximo año. En la acordada, el Superior Tribunal explicó que, por Memorándum Nº 78/2024, de la Dirección General de Presupuesto de la Provincia, se informó para el Poder Judicial fondos $139.973.586.445, que días después se transformaron en un nuevo techo financiero de $159.619.002.085. Al respecto, para las autoridades judiciales, esos fondos son "suficientes para cumplir sólo con el 80% de las metas y objetivos trazados". Incluso, en su anteproyecto presupuestario de $200.194.330.482, la justicia estima un gasto en personal, sueldos, de 163.604.913.098 pesos. Es decir, que los previsto por el Poder Judicial, $159.619.002.085, ni siquiera llegaría a permitir cubrir los sueldos de la justicia el año próximo. UN RECLAMO DE LARGA DATA Las diferencias entre el Poder Judicial y el Ejecutivo en torno a las estimaciones de fondos presupuestarios son de larga data. Para el año 2024, el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes había aprobado el Anteproyecto de Presupuesto del Ejercicio Financiero por $92.631.953.599, pero desde el Ejecutivo el proyecto enviado a la Legislatura fue $68.067.636.422, el 73,4% de lo calculado por la Corte Provincial. En el caso del año 2023, la justicia estimó necesidades por $36.977 millones, pero en la redacción del Presupuesto 2023 el Poder Ejecutivo incluyó $28.184 millones para la justicia. De cara al año 2022 la Justicia había aprobado un presupuesto necesario de $14,7 mil millones, mientras que el Poder Ejecutivo estimó los recursos en $12,7 mil millones. Más atrás, para el año 2021 el Poder Judicial había solicitado $9.474 millones y desde el Ejecutivo se había planificado $7.209.605.885. METAS DEL PODER JUDICIAL PARA 2025 En los argumentos del Acuerdo Extraordinario N°9/2024 firmado por los ministros, se indica que el anteproyecto 2025 fue elaborado en base a pautas definidas por las metas, objetivos y planes trazados para este poder. Entre los planes a ejecutar, se menciona el nuevo Código Procesal Penal instaurado por Ley Nº 6518, la oralidad de los procesos penales y la reorganización del Ministerio Público Fiscal por Ley Nº 6640 y de los juzgados de Garantías. También la necesidad de recursos para avanzar con los nuevos Códigos Procesal Civil Ley Nº 6556, de Familia Niñez y Adolescencia LeyNº 6580 y la oralidad de los procesos civiles; y la implementación de tres dependencias judiciales y de treinta y dos dependencias del Ministerio Público. Se expone también la necesidad del refuerzo de personal en aquellas que presentan déficit de rendimiento a nivel de recursos humanos y la inclusión de personas con discapacidad, y la profesionalización de la gestión administrativa y jurisdiccional como parte de un plan de acción estratégica. En la misma línea, se avanzará en la continuidad en la incorporación de TICs (con innovación tecnológica) en la gestión jurisdiccional y administrativa (autogestión) y de la eliminación del expediente-papel consolidando los sistemas de grabación de audiencias y de digitalización del Archivo Central. Además, se plantea la proyección de un ambicioso plan de obras públicas de 15.159 m2 nuevos que contempla la implementación de los nuevos Códigos con las políticas preestablecidas de construcción de edificios modernos, eficientes y sostenibles, incluso la refuncionalización de los existentes, con miras a mejorar el acceso a la justicia.

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