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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 05/11/2024 00:33
Rosario Sansone fue hallada sin vida tras un incendio. No descartan que se haya tratado de un homicidio Una mujer trans murió en un incendio en una vivienda de Bahía Blanca. El hecho ocurrió en una casa ubicada en la calle República de Siria al 1400, en el barrio Universitario, donde personal de Defensa Civil y bomberos hallaron el cuerpo el domingo 3 de noviembre. La mujer fue identificada como Rosario Sansone, de 47 años, y activista por los derechos del colectivo LGBTIQ+. Los socorristas encontraron su cadáver sobre el elástico de una cama de dos plazas, en posición de cúbito ventral. En una habitación cercana, notaron desorden, aunque la puerta de ingreso y el portón de la vivienda estaban cerrados. En relación al caso, uno de los investigadores dio detalles sobre el avance de la pesquisa. “Estamos en plena investigación, no se puede afirmar ni descartar que haya sido un homicidio”. Las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes y la causa quedó bajo la responsabilidad de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio 5, con el fiscal Jorge Viego a cargo, según consignó La Nueva. Mientras tanto, se espera el informe preliminar de la autopsia, que este lunes realizaba el médico judicial de la Fiscalía General. Los resultados de este examen serán clave para determinar las causas del deceso y posibles indicios de violencia. La ONG Furias, comprometida con los derechos de la comunidad LGBTIQ+, lanzó una campaña para recaudar fondos y facilitar el traslado de la familia de la víctima, originaria de Salta, hacia Bahía Blanca. Las personas interesadas en colaborar pueden enviar contribuciones al alias furias.ong. Pidieron apartar al juez del caso del crimen de una mujer trans en una comisaría: no consideró el “odio de género” Sofía Fernández fue asesinada en Presidente Derqui Semanas atrás, tal como contó Infobae, se produjo un nuevo avance en la investigación del crimen de Sofía Fernández, una joven trans asesinada en una comisaría de Presidente Derqui en abril de 2023. En esta ocasión, el abogado de la familia, Ignacio Fernández Camillo, solicitó la recusación del juez a cargo del caso por no haber considerado las torturas que sufrió la víctima antes de su muerte y por no incluir el “odio de género” como agravante. La presentación judicial está dirigida contra Walter Federico Saettone, juez del Juzgado de Garantías N°7 de Pilar, quien en junio dispuso la liberación de nueve de los 10 policías bonaerenses detenidos en relación al crimen. Cuatro de ellos enfrentaban acusaciones de homicidio, mientras que los otros cinco eran señalados por encubrimiento. En esa resolución, el juez argumentó que las pruebas no eran suficientes. No obstante, también se informó un cambio en la imputación de Carlos Matías Rodríguez, único agente que permanece detenido, quien fue la única persona con acceso a la celda de Fernández en el momento en que ocurrió el homicidio. Originalmente, Rodríguez enfrentaba cargos por homicidio calificado por odio a la identidad de género y por ser cometido por un miembro de la fuerza de seguridad. Sin embargo, Saettone eliminó dos de los agravantes. “Ahora, la acusación se limita a homicidio calificado por pertenecer a la fuerza de seguridad”, detalló el abogado de la familia a Infobae. Sobre los agravantes retirados, el abogado explicó: “Según el criterio del juez, las búsquedas de pornografía trans en el celular de Rodríguez indicarían que no existía odio a la identidad de género. Además, retiró el agravante de participación premeditada de dos o más personas, ya que de haberlo mantenido, los otros policías de la guardia tendrían que seguir detenidos”. Estos antecedentes llevaron a la parte denunciante a pedir en las últimas horas que Saettone se aparte de la causa. Argumentaron en su presentación judicial que el juez del Juzgado de Garantías Nº7 de Pilar había perdido la imparcialidad necesaria para el caso. Entre las razones expuestas en el documento, se mencionan su intervención en la detención de Sofía en 2023, la concesión de arrestos domiciliarios a la mayoría de los acusados sin consultar a la familia, y la “valoración arbitraria de las pruebas presentadas”.
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