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» Diariopinion
Fecha: 02/11/2024 05:45
Según la denuncia del intendente de Las Lomitas, Atilio Basualdo, el pasado 26 de octubre fue perseguido en territorio paraguayo por efectivos de la Policía de la Provincia de Formosa mientras visitaba la ciudad junto a su familia. El caso escaló rápidamente, y dos policías de Formosa fueron demorados por la Policía de Paraguay, que posteriormente ordenó su liberación a instancias de una fiscal del país vecino. La iniciativa de la UCR busca dar respuesta a las inquietudes suscitadas por el incidente, en el cual, además de la supuesta persecución, surgen preocupaciones por presuntas violaciones a derechos humanos. El jefe del bloque de la UCR, Juan Carlos Amarilla, sostuvo que esta medida "responde a crecientes denuncias sobre abusos policiales que reflejan una falta de control efectivo y disciplina en la fuerza provincial". Contenido y alcance de la Comisión La propuesta prevé la creación de una comisión investigadora compuesta por tres legisladores del bloque mayoritario y un diputado de cada bloque minoritario. Este cuerpo tendría amplias atribuciones, incluyendo la posibilidad de solicitar documentación, entrevistar a miembros de la Policía sin importar su jerarquía y recibir denuncias de ciudadanos afectados. Para el radicalismo, este proyecto es un paso fundamental para detener lo que consideran un patrón de "desbordes" policiales. Según el proyecto, estas conductas son vistas como violaciones a los derechos fundamentales de los formoseños, amparados tanto por la Constitución como por tratados internacionales de derechos humanos. Amarilla subrayó que el objetivo de esta comisión es apartar y someter a proceso a los efectivos involucrados en abusos, a la vez que reitera la necesidad de apartar del cargo al ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, y reemplazar a la cúpula policial provincial. La UCR argumenta que estas autoridades han sido incapaces de frenar los "atropellos" policiales, lo que deteriora gravemente la confianza pública en la institución. Un incidente con alcance internacional El hecho adquiere una dimensión especial debido a su ocurrencia en un país vecino y a la implicación de un funcionario público argentino, lo que aumenta la presión sobre el gobierno provincial. La Jefatura de Policía de Formosa declaró que los agentes involucrados estaban en Paraguay a título personal y sin haber solicitado autorización de sus superiores, lo que deja sin esclarecer el motivo de su presencia en los alrededores de Asunción y el presunto seguimiento al intendente Basualdo. La UCR solicitó el apoyo de otros bloques legislativos para sacar adelante esta iniciativa, enfatizando la importancia de "restaurar el prestigio de una fuerza policial que debería estar al servicio del Pueblo". El proyecto, de ser aprobado, exigirá a la comisión informar mensualmente sobre sus actividades al pleno de la Cámara de Diputados, un mecanismo que busca establecer mayor transparencia en las indagaciones y evitar futuras situaciones de abuso. Un llamado a la renovación institucional El bloque radical insiste en que la renovación de las autoridades policiales y del Ministerio de Gobierno es imprescindible para poner freno a las prácticas de abuso. Al respecto, recalcan la necesidad de estructuras de supervisión y control que aseguren que la fuerza pública actúe dentro del marco legal y democrático. Para la UCR, este caso representa una oportunidad de realizar un cambio profundo en la estructura policial de la provincia, alineado con los principios constitucionales y de respeto a los derechos humanos.
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