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  • López Ortiz: “Si solo se circunscriben a relevar quién hizo paro y quién no, se trata de un mecanismo persecutorio”

    Parana » AIM Digital

    Fecha: 31/10/2024 17:38

    A partir de la implementación de la resolución 2771 los docentes “nos encontramos al visualizar los recibos de haberes con numerosos descuentos a través de códigos que no conocíamos, o sin especificar”, señaló a AIM la secretaria de Comunicación de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) seccional Paraná, María José López Ortiz. Desde Agmer Paraná, señaló López Ortiz a esta Agencia, “entendemos que la resolución 2771 es claramente un mecanismo que implementa el Gobierno para presionar a cada docente a cargar su propia inasistencia un día de paro, ese es el objetivo; más allá de que en los fundamentos de la resolución se exprese una intención de mejorar los procesos de aprendizaje. A partir de esta resolución fue que se implementó un mecanismo digital de declaración jurada por la cual cada docente debe ingresar y tildar una de cuatro opciones que son: presté servicios, no presté servicios, ese día no me corresponde prestar servicios, o fui a trabajar y la escuela estaba cerrada”. Agregó que la misma “se impuso días previos a concretarse las medidas de fuerza que habían sido votadas por la mayoría de los docentes en toda la provincia –un paro de 48 horas y otro de 72 horas-. Además de pretender generar una gran angustia, un enfrentamiento entre trabajadores docentes y directivos por la carga o no, preveíamos que podía llegar a impactar fuertemente en los salarios de este mes, de por sí magros; es así como hoy nos encontramos al visualizar los recibos de haberes con numerosos descuentos a través de códigos que no conocíamos, o sin especificar si corresponden a uno, dos, cuatro días de paro, si es otro ítems, eso no queda claro de ninguna manera”. Por este motivo, “estamos realizando un relevamiento de todos esos descuentos para tratar de descifrar cómo fue que se aplicaron esos descuentos que en algunos casos llegan hasta 150 mil pesos. En salarios de pobreza 150 mil pesos es desproporcionado y afecta claramente la posibilidad de que la familia de esa docente que sufrió ese descuento pueda cubrir sus gastos mensuales mínimos”. Para mejorar los procesos de aprendizaje, señaló López Ortiz, “es fundamental relevar las condiciones edilicias, de infraestructura, de condiciones de trabajo que también son fundamentales”. Sobre la nueva convocatoria del Gobierno provincial para discutir salarios el 7 de noviembre, afirmó: “Esperamos que se tengan en cuenta las demandas que se vienen planteando en todos nuestros congresos: que haya una recomposición salarial que repare la pérdida del poder adquisitivo docente. Por eso nuestra demanda siempre fue que todo aumento sea remunerativo y bonificable, porque sino no llega a los compañeros jubilados y porque además no pueden aceptarse en un marco paritario ya que es inconstitucional”. Otra demanda fundamental “es que no se siga distorsionando la carrera docente. En estos momentos y con el aumento por decreto que dio el Gobierno un maestro que recién se inicia está cobrando lo mismo que uno con hasta 12 años de antigüedad, no hay ninguna movilidad donde antes cada cierta cantidad de años se iba viendo esta diferencia; y ni hablar de los cargos directivos y supervisivos que han quedado totalmente achatados en la escala salarial”. En Agmer se ha constituido una comisión de salarios “que viene trabajando diferentes puntos en relación con la inflación, con las pérdidas sufridas, con los códigos de traslado, el escalafón docente, entre otros puntos”. Por otra parte, recordó la Secretaria de Comunicación de Agmer Paraná, “hay una convocatoria para el mismo 7 de noviembre a la tarde, en el CGE, para tratar la resolución 2771 y sus alcances, tal como se planteó en la reunión del 28 de octubre. Entendemos que no podemos discutir salarios sin discutir esta resolución que tantas dificultades ha traído como colectivo”. “Los relevamientos entendemos que son importantes, pueden brindar datos de mucha utilidad para mejorar la educación pública; pero si solo se circunscriben a relevar quién hizo paro y quién no, más que un relevamiento se trata de un mecanismo persecutorio, poder discutir los alcances de esta resolución 2771 es fundamental”, concluyó López Ortiz.

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