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Colon » El Entre Rios
Fecha: 30/10/2024 11:30
Lo que podría haber continuado todos los entrerrianos sospechar, con alto grado de verosimilitud, que el gigantesco desfalco descubierto en el 2018 con la mayor causa de Corrupción en la historia de la provincia, conocida como “Contratos Truchos” de la Legislatura, podría haber continuado El control que no tuvo rigor Luego del Pedido de Acceso a Información Pública de la Asociación Civil “Entre Ríos sin Corrupción”, la posterior negativa a brindar la información por parte de ambas cámaras de la Legislatura, y la sentencia favorable a la Asociación Civil en la Justicia ordenando brindar la información, por primera vez en democracia los entrerrianos pueden conocer quiénes son los empleados y asesores de la legislatura provincial.“Con estupor, todos pudimos ver la desmesura que siempre supusimos que existió”, reflexionó Luis Sebastián Orlando Bertozzi de la mencionada ONG “Entre Ríos sin Corrupción”, en un escrito que lleva por título “Controles invisibles y legislatura transparente” y que compartió conInterpretó, luego, que “por los datos publicados, y la abrupta caída de los gastos en asesores contratados en el presente período legislativo, podemos, al menos, hasta diciembre 2023”.Tal planteo se sustenta en el análisis de la cantidad de subsidios otorgados por las Cámaras durante el año pasado, “cuando las autoridades subsidiaban a particulares y asociaciones de todo tipo”, advirtieron.Otro punto que pusieron en el centro de los cuestionamientos es: “¿Cuál es el rol de los ‘Órganos Autónomos de Control’ que tiene el Estado, como son el Tribunal de Cuentas, o la Fiscalía de Estado, o la Contaduría General de la Provincia, todos los cuales están en la Sección VII de nuestra Constitución Provincial”.“En el primer caso, la respuesta es bastante simple. La mayoría de los cargos más importantes en el Tribunal de Cuentas fueron “adjudicados” a ex funcionarios, o familiares de los mismos, por lo cual no es de esperar que auditen con rigor las cuentas que ellos mismos o sus familiares y amigos han descuidado”, plantearon.Más adelante, el escrito analiza lo hecho desde Fiscalía de Estado que “ha estado encabezada por el doctor Julio Rodriguez Signes y por la doctora Claudia Mizawak (y antes había también tenido su paso por allí el doctor Raúl Barrandeguy)”. Es decir, nombres vinculados al exgobernador, condenado por delitos vinculados a la corrupción como es Sergio Urribarri, y otro que “es uno de los principales defensores de altos funcionarios investigados de corrupción”.Por último, hacen referencia al rol que no cumple la Contaduría General de la Provincia. “Por motivos tal vez hoy imaginables, los gastos del Poder Legislativo – al igual que del Judicial-, no son controlados por la Contaduría General de la Provincia, aun cuando obviamente están previstos en su Presupuesto General, con lo que se pierde una gran posibilidad de control prevista constitucionalmente”, lamentaron e indicaron que “es un tema sensible y pendiente de resolver en la provincia si aspiramos a luchar contra la corrupción de modo preventivo”.
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