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Valle María » Vallemarianoticias
Fecha: 28/10/2024 10:44
La investigación por asociación ilícita y estafas con tres imputados del ambiente empresario de Paraná siguió avanzando esta semana con medidas sobre las cuentas bancarias, en la búsqueda de bienes y el análisis de datos, mientras siguen llegando más denuncias a la Fiscalía de Santiago Alfieri y también acciones civiles contra los acusados. Además, hubo allanamientos en una concesionaria en busca de vehículos entregados por los damnificados. Matías Santa María, hasta ahora único imputado formalmente, arribó el martes a su domicilio para cumplir los 120 días de prisión preventiva con tobillera electrónica. Andrés Gamarci y Cristian Vital serán citados a declarar al finalizar la primera etapa de la investigación, una vez que el fiscal haya reunido y analizado todos los elementos necesarios. El hecho descripto provisoriamente por la Fiscalía es: “Si Andrés Gamarci, Matías Leonel Santa María, y Cristian Vital, a nombre de Gamarci y de Santa María, así como empleando las firmas SAN MAR SAS -CUIT 30-71697733-8- y JIFA SAS -CUIT: 30-71743858-9, mantuvieron cuanto menos desde hace 5 años una estructura financiera, en la que recibían fondos de distintas personas otorgando intereses por sobre la cuota de mercado -2.5% mensual en dólares-, con el reintegro del capital una vez vencido el contrato de mutuo suscribiendo en algunos casos pagaré; logrando con promesas de intereses más altos, conservar la masa de capital sin que los inversores lo retiren; continuando con estas maniobras de convicción y engañando a los aportantes, con apariencia de solvencia, se apropiaron de los fondos y cortaron las liquidaciones de intereses desde el mes de julio de 2024, a partir de ese momento comenzaron a eludir pagos y a evitar atender a los clientes, anteponiendo a empleados y a un abogado que daba explicaciones de reestructuración de la empresa, impidiendo la percepción de intereses y negando el retiro del capital, generando un perjuicio por mas de cientos de miles de dólares a los damnificados”, de los cuales enumera a 13 de ellos”. El delito de Estafa en el Código Penal sanciona con penas de un mes a seis años de prisión a quien “con perjuicio de otro se negare a restituir o no restituyere a su debido tiempo, dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble que se le haya dado en depósito, comisión, administración u otro título que produzca obligación de entregar o devolver”, entre otros tipos de acciones. “El delito es el engaño, no que haya explotado el mecanismo que venían utilizando”, aclaró una fuente judicial sobre este caso. Se trata de un conflicto entre partes en el cual interviene el Estado pero que se puede resolver con la reparación económica o patrimonial, como se observa en numerosas causas por este delito en Paraná, bajo diferentes modalidades de engaño o en algunos casos de cuentos del tío. La acusación por Asociación ilícita agrava la cuestión, ya que contempla una pena de tres a 10 años de prisión, pero a la vez todos coinciden en que no es fácil de proar que tres o más personas que se pusieron de acuerdo para cometer un delito. Hay muchas causas con los causados que llegan a juicio bajo esta imputación, pero no se plasma en una sentencia. Por ejemplo, el caso de la expresidenta Cristina Fernández que fue condenada por administración fraudulenta pero absuelta por asociación ilícita, pese a los numerosos implicados en la “causa Vialidad”. Un ejemplo más acorde y cercano es el caso de Leonardo Cositorto, el creador de la estafa piramidal bajo el nombre de Generación Zoe, quien hoy está siendo juzgado en Goya, Corrientes, por los mismos dos delitos de Estafa y Asociación ilícita. El miércoles pasado el Tribunal le rechazó una propuesta de acuerdo con 98 damnificados y el debate sigue adelante. Cuentas y roles Santa María, Gamarci y Vital se encuentran con sus cuentas bancarias congeladas. El fiscal se movió rápido desde el minuto 0. Al día siguiente del domingo 13de octubre en que se precipitaron las primeras denuncias, pidió y la Justicia autorizó el que se oficie al Banco Central a inhibir las cuentas de las entidades financieras donde los acusados tengan cuentas: Brubank (un banco virtual que depende del banco de Santa Cruz), Banco Entre Ríos, GPAT Compañía Financiera (de General Motors), Macro, BBVA (Francés) y Patagonia. Asimismo, se inhibieron las cuentas personales y de las sociedades de los investigados. Es decir, el fiscal fue inmediatamente por el líquido para que los denunciados no pudieran tocar nada, ya que es de donde se puede devolver algo a los acreedores. Luego fue por los bienes, tanto los propios de los acusados como en la búsqueda de los que entregaron los inversores. También se solicitaron los movimientos de cada cuenta bancaria para observar los cruces de información y podrían surgir más vínculos y relaciones entre ellos y otras personas. En el entorno de Santa María circula la versión de que el hombre busca transmitir a su entorno cierta tranquilidad al sostener que él no firmó nada. Como si fuera el dueño de una mega empresa que tiene gerentes y apoderados legales y que no sabe lo que pasa por debajo. Aunque los mutuos y los pagarés estén con su nombre y su firma. Todo esto irá a pericias caligráficas y si es que él dice no los firmó, aunque desde el vamos habría una falsificación de documentos y otras personas que podrían quedar implicadas como partícipes, pero el dueño de San Mar SAS no quedaría eximido de responsabilidad solo por no firmar. De todos modos, Santa María aparece como el más vulnerable en toda la estructura financiera que está siendo investigada. Es el que puso su nombre, la sociedad que está a su nombre, mientras Vital no aparece en principio firmando nada y Gamarci como el contador con los conocimientos técnicos suficientes, así como los contactos, para el desarrollo. Santa María y Vital son amigos. A Gamarci lo conocieron después. Se asociaron los tres hace dos años para comprar La Peruana. Habrá que ver si hay un concierto y armonía en las versiones de cada uno o si se rompe y empiezan los cortocircuitos. Desarrollo minero y más denuncias Una de las empresas que conformaron, VGS SAS, fue aceptada por Minería de la Provincia para explotar una cantera de broza en Colonia Ensayo. El lugar se encuentra camino a La Jaula, tiene el estudio de impacto ambiental aprobado y todos los trámites de rigor. No se encuentra acreditado aún si finalmente funcionó, qué actividad tuvo y a quién proveía, aunque posiblemente a las empresas constructoras de caminos en la provincia. Mientras tanto siguen cayendo denuncias en la Fiscalía. La semana que pasó hubo varias más, y dos de ellas por varios cientos de miles de dólares perdidos por ahorristas. Además, hay algunos embargos en el ámbito civil. Entre los damnificados sigue habiendo de todo: desde empresarios con bolsillos gordos hasta trabajadores que pusieron sus indemnizaciones, profesionales de la salud, algún que otro miembro del hampa, etcétera. Algunos pueden justificar el dinero, otros no tanto. Hay quienes, durante el tiempo en que el sistema funcionó, cobraron en intereses un monto mayor que el capital que invirtieron. Era una fiesta realmente tentadora y muchos se endulzaron. También hay personas que dejaron sus trabajos porque les convenía más el dinero que ganaban todos los meses con esta financiera. Estos son algunos mensajes que enviaban en 2021 a clientes o futuros clientes, con las tasas que estaban ofreciendo y las comparaciones con el mercado oficial, en una publicidad que circulaba por WhatsApp. Además, hay denuncias que podrían ser desestimadas: las de aquellas personas que sabían que la financiera estaba en problemas, que no estaba pagando y que igualmente volvieron a correr el riesgo de dejar su capital y reformular los contratos y los pagarés. Acá no hay engaño, sino una apuesta a la ruleta, por lo tanto, habría que ver si prospera la acusación de estafa en estos casos. Santa María, Vital y Gamarci crecieron porque muchas personas eligieron su financiera en lugar de los bancos, donde hay ciertas garantías pero donde no gana nadie más que el sistema financiero, el cual de alguna manera debe demostrar el respaldo todos los días con el 30% de encaje que hoy les exige el Banco Central. Los integrantes de San Mar SAS buscaban todo el tiempo demostrar solvencia. Las vidas de jeques árabes que llevaban, pasearse por Paraná en autos Jaguar o Mercedes Benz o BMW, viajar en jet privados, estacionar barcos en el Club Náutico y hasta el video de Santa María pidiendo precios por aviones, son signos de exhibición de respaldo para los inversores. Cuando este año la situación se desmoronaba, se atrasaban los pagos de intereses y comenzaban los reclamos, los empleados de la financiera enviaban mensajes. Es una prueba más del engaño sobre la situación real que estaba atravesando la empresa. Una concesionaria en la ruta de vehículos perdidos El miércoles se realizaron nuevos allanamientos a cargo de la División Sustracción Automotores de la Policía junto a la División Delitos Económicos, en la búsqueda de vehículos de inversores que entregaban bajo la promesa de devolución de una tasa mensual y el valor total al año. Fue en la concesionaria de autos de alta gama y de lujo V12, ubicada en Avenida de las Américas antes de Lebehnson, propiedad de Gustavo Raúl Bupo, así como en dos depósitos ubicados en Avenida de las Américas y Lisandro de la Torre. Es un comercio que hace un tiempo viene llamando la atención porque muchos dicen que tienen vehículos para los cuales no hay mercado en Paraná. Los policías fueron en busca de una camioneta Toyota Hilux, una Toyota Prado y un auto Audi A3, que no fueron localizados. Secuestraron documentación y planillas. En el local comercial había 29 autos y seis motos, en uno de los depósitos había 20 autos y en otro 11 autos y 14 motos. Todos se verificaron y ninguno tenía pedido de secuestro ni adulteraciones. Muchos de los vehículos de alta gama que se encuentran en este negocio no están radicados en Entre Ríos, sino generalmente en La Pampa, San Luis, Corrientes, Rosario y alrededores y provincia de Buenos Aires. Desde allí los traen para venderlos a clientes locales. Por ejemplo, había un Lexus GS 450 año 2018 propiedad de un empresario de transporte de cargas de La Pampa, valuado en unos 60.000 dólares; un Porsche Cayenne 2017 que cuesta unos 110.000 dólares radicado en el corazón sojero de la provincia de Santa Fe, cuyo titular es un empresario agropecuario. En los últimos meses, se encontraron numerosos vehículos así: Lexus LC 500 de un industrial de Rosario, una Toyota Hilux de un escribano de Rosario que había estado implicado en una causa de lavado de dinero de Los Monos (fue absuelto), un Citroën DS3 de un hombre de Villa Constitución, un Mercedes Benz C43 de una empresa de neumáticos de CABA, un Jaguar XE 25T Sport cuya titular es una anciana de Paraná. Llama la atención que varios autos de lujo tienen patentes duplicadas, como si fuera normal que se extraviaran. Por ejemplo, el miércoles se veía el mencionado Porsche Cayenne con la D en la chapa. Distintas fuentes del mercado de vehículos señalan que una maniobra habitual es la denuncia de chapas extraviadas para que la DNRPA envíe duplicados con tarjetas verdes que tienen dos años de vencimiento, cuan las cuales se puede transitar sin necesidad de realizar las transferencias. Algo que sirve sobre todo a aquellos que no pueden justificar este tipo de vehículos en sus patrimonios legales, por lo cual pagan un precio superior al valor real (ahí está el negocio). Pero ahora, con las modificaciones que implementó el Gobierno nacional, este ardid ya no será necesario y hay vía libre para andar con la tarjeta del vehículo a nombre de cualquiera, sin dar explicaciones. Análisis
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