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Gualeguaychu » El Dia
Fecha: 28/10/2024 09:02
En materia educativa, en los últimos 40 años hemos vivido cambios de gobiernos, modificaciones de ministerios, creación y reformulación de leyes, programas y objetivos. Ante este panorama podemos preguntarnos: ¿qué ha pasado con el financiamiento educativo a lo largo de este tiempo? ¿Ha sido suficiente la inversión en Educación? En un contexto donde se está debatiendo el presupuesto que recibirá la educación el próximo año, es fundamental recordar que la inversión es la base de la política educativa. Es una condición necesaria, aunque no suficiente, para garantizar el acceso a la educación y asegurar los aprendizajes. Invertir es, sin duda, el primer paso, pero, para que sea efectiva, esta inversión debe ser suficiente, de calidad, equitativa y sostenible a lo largo del tiempo. En Argentina, la Ley de Educación Nacional de 2006 establece un piso de inversión educativa del 6% del PBI, entre Nación y provincias. Sin embargo, la ley no especifica cuánto debe aportar cada nivel de gobierno ni contempla las distintas capacidades de financiamiento de las provincias. Desde 1980, la inversión educativa ha aumentado en términos del PBI, pasando del 2,8% en ese año al 4,8% en 2022. Sin embargo, desde que está vigente la meta del 6% solo se alcanzó en los años 2009, 2013 y 2015 (en el primer caso una meta intermedia). En los dos primeros, ciencia y tecnología se incluían junto a educación, mientras que sólo en 2015 se logró exclusivamente en educación. Si calculamos lo que se adeuda a la educación por cada año en que no se cumplió la meta, obtenemos una deuda equivalente al 5% del PBI de 2020. Es decir, necesitaríamos duplicar la inversión en un año para saldar esta deuda. Además, es importante mencionar que medir la meta de inversión como porcentaje del PBI puede no ser el mejor indicador, ya que, si el PBI disminuye, ese 6% representa una menor inversión en educación. Esto se conoce como una medida procíclica: cuando al país le va bien, se invierte más; cuando le va mal, se invierte menos. La naturaleza procíclica de esta medida pone en riesgo la estabilidad de los recursos destinados a la educación, especialmente en tiempos de crisis, cuando se requiere más apoyo para evitar el deterioro del sistema educativo. Por lo tanto, si bien se ha logrado un avance significativo en la inversión educativa en las últimas décadas, la falta de consistencia en el financiamiento y la dependencia del ciclo económico muestran que aún queda mucho por hacer para garantizar que esta sea adecuada y sostenida en el tiempo. Por otra parte, para evaluar la calidad o eficiencia de la inversión, es fundamental analizar indicadores como la evolución de la cobertura y logros educativos. En cuanto a cobertura, se observa un aumento en el acceso a todos los niveles, con la universalización del nivel primario desde 1990 y una cobertura mayor al 90% en el nivel secundario a partir de 2018. Sumado a esto, según datos del Relevamiento Anual, el abandono escolar en el nivel secundario se redujo en 9,3 puntos porcentuales a nivel país desde el 2018, registrándose disminuciones en todas las provincias. Sin embargo, en lo que respecta a aprendizajes los resultados no son tan alentadores. Los últimos datos de las pruebas ERCE del 2019 indican que 1 de cada 2 alumnos de tercer grado de primaria no alcanza el nivel mínimo de comprensión lectora. Esta situación es preocupante, ya que entender lo que leen es fundamental para que puedan incorporar nuevos conocimientos en el futuro. En efecto, al analizar las trayectorias educativas a partir de las pruebas Aprender, que se realizan anualmente en el país, vemos que sólo 13 de cada 100 alumnos logran finalizar la escuela secundaria en tiempo y forma, es decir, sin repetir ni abandonar y con los conocimientos adecuados para el nivel. Estos datos evidencian que la inversión educativa aún enfrenta el desafío de traducirse en logros de aprendizaje efectivos. En términos de equidad de la inversión, hay un aspecto clave en un país federal como el nuestro: la desigualdad territorial. Actualmente, las provincias se hacen cargo, aproximadamente, de 3 de cada 4 pesos invertidos en educación, por lo que el financiamiento del sistema depende en gran medida de la capacidad económica de cada provincia, acentuando las desigualdades preexistentes. Además, gran parte del gasto educativo se destina al pago de salarios, representando el 90% del presupuesto educativo en 2021, lo que limita la capacidad de las provincias para realizar mejoras en infraestructura y otras inversiones clave. Agravando aún más esta brecha, observamos que entre 2004 y 2021, la mitad de las provincias redujo su esfuerzo presupuestario en educación. La disparidad en la capacidad de inversión de las provincias refleja la necesidad de un financiamiento más equitativo para garantizar igualdad de oportunidades educativas en todo el país. Sin dudas, aunque en las últimas cuatro décadas la inversión educativa ha mostrado avances, sigue enfrentando importantes desafíos. Para asegurar una educación de calidad para todos, es necesario que el financiamiento educativo sea prioridad, dependa menos del ciclo económico y esté enfocado en resultados concretos.
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