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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 27/10/2024 10:38
Detuvieron a dos policías de Formosa en Asunción del Paraguay, sospechados de perseguir al intendente de Las Lomita Dos policías de la provincia de Formosa fueron detenidos este sábado por la tarde en Asunción del Paraguay tras la denuncia del intendente de Las Lomitas, Atilio Basualdo, quien afirmó que él y su hijo fueron perseguidos e intimidados por estos agentes. Según la denuncia, ambos se encontraban en la capital paraguaya alrededor de 14.30 cuando notaron que dos policías en motocicletas los seguían y los observaban de cerca. Tras dar aviso a la fuerza de seguridad local, las autoridades paraguayas los detuvieron y decomisaron de las motocicletas, que eran propiedad del Ministerio de Justicia y Trabajo de Formosa. Los apresados fueron identificados como Brian Matías Sebastián Genes, de 24 años; y Alejandro Cesilio Portillo, de 28 años. Ambos admitieron ser personal de la Provincia de Formosa y mostraron sus respectivas placas policiales. Atilio Basualdo, jefe comunal de un municipio de Formosa ubicado a aproximadamente 300 kilómetros de Asunción, explicó que se encontraba en la capital paraguaya por razones personales. Aseguró que los policías formoseños llevaban armas de fuego y vestían de civil, lo que generó en él y su familia una “sensación de amenaza e inseguridad”. Los dos policías detenidos se movían en una motocicleta perteneciente al gobierno formoseño Basualdo documentó parte de esta persecución en videos que luego compartió en redes sociales y medios locales. En ellos se ve a los agentes y las motocicletas con placas oficiales de Formosa. “Mi hijo y yo nos vimos obligados a buscar ayuda porque sentimos que nuestras vidas estaban en peligro”, relató el intendente. También agregó que, como figura pública de la oposición en Formosa, ya había sido blanco de múltiples ataques políticos en el pasado y teme que esta situación sea una escalada en la persecución hacia él y otros opositores. “Nos refugiamos en un restaurante hasta que llegó la policía de Asuncion”, afirmó. Esta es la placa identificatoria de uno de los policías formoseños detenido, que iban de civil A raíz de la denuncia y de los videos presentados en la Comisaría 10 de Asunción, la Policía paraguaya detuvo a los agentes y decomisó las motocicletas para su investigación. Las autoridades del país vecino iniciaron un proceso judicial para esclarecer las razones que motivaron a los policías formoseños a actuar fuera de su jurisdicción y sin notificación previa a las fuerzas de seguridad locales. “Agradecemos la rápida intervención de la Policía Nacional de Paraguay, quienes lograron detener a dos de los seis involucrados, como así también al ministerio de Seguridad de la Nación Argentina, quien nos asistió de forma inmediata en el país vecino”, enfatizó Basualdo. A las 18:45 del sábado, y una vez finalizada su declaración testimonial ante el Ministerio Público, el intendente formoseño se retiró del lugar acompañado por el Comisario Principal Nicolás Cardozo, quien lo llevó en patrullero hasta el cruce fronterizo con Argentina. El caso es investigado por la doctora Ariela Chaparro, agente fiscal de la Unidad 2 de la Fiscalía Barrial 8, quien dispuso que los policías formoseños sigan detenidos en Asunción. Este incidente generó una reacción en el ámbito diplomático y político, ya que Paraguay y Argentina mantienen acuerdos de cooperación en materia de seguridad, pero estos generalmente no incluyen la intervención de agentes de una nación en territorio extranjero sin la debida autorización. Esta es otra de las placas identificarias Ante esta situación, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay solicitó una explicación formal al gobierno argentino, lo que elevó las tensiones entre ambos países en torno a la autonomía de las investigaciones y el respeto a la soberanía territorial. Este episodio ocurre en un momento en que el gobernador Gildo Insfrán enfrenta críticas crecientes por presuntas prácticas de abuso de poder y represión hacia figuras opositoras. Desde hace décadas, Insfrán, que lidera Formosa desde 1995, consolidó un control fuerte y centralizado, que según críticos y opositores se caracteriza por el uso de recursos estatales para neutralizar a quienes expresan voces contrarias a su administración. No es la primera vez que la provincia de Formosa se ve envuelta en denuncias de abuso de poder y represión. Organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, cuestionan prácticas de control social y denuncian que las fuerzas de seguridad formoseñas actuaron actuado en numerosas ocasiones con un nivel de impunidad alarmante. En este contexto, la denuncia de Basualdo añadió un nuevo episodio que refuerza las sospechas de que las fuerzas de seguridad están siendo utilizadas para silenciar o intimidar a opositores, incluso más allá de las fronteras provinciales. El gobierno de Formosa se comprometió a investigar qué hacían los efectivos detenidos en Paraguay. (Fotos: gentileza El Comercial) En respuesta a los hechos, el Ministerio de Seguridad de Formosa declaró que investigará internamente el caso para determinar si los agentes actuaron de manera independiente o bajo alguna orden específica. Aún no está claro si los policías contaban con instrucciones directas o si estaban ejecutando una operación no autorizada. Sin embargo, sectores de la oposición en Argentina exigen una intervención más amplia que garantice la independencia de la investigación y transparencia en el esclarecimiento de los hechos. “Estas persecuciones y amenazas contra los opositores son moneda corriente en Formosa. La Argentina no es un país justo, republicano y democrático mientras esto ocurra en su territorio, deben intervenir Formosa”, insistió la diputada provincial Gabriela Neme. Este caso también motivó un llamado a revisar los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad de Formosa y su relación con los funcionarios de otros países. De acuerdo con expertos en relaciones internacionales, el incidente pone de relieve la necesidad de establecer controles más estrictos sobre las operaciones transnacionales, especialmente cuando involucran a figuras políticas en situaciones potencialmente intimidatorias. Mientras la investigación en Paraguay sigue en curso, Basualdo manifestó su intención de continuar presionando para que se investiguen a fondo las razones detrás de este incidente. “No es sólo una cuestión de mi seguridad personal; es el derecho de todos los ciudadanos de ser libres de intimidación, especialmente cuando cruzan fronteras”, expresó Basualdo en una reciente conferencia de prensa.
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