24/10/2024 15:24
24/10/2024 15:24
24/10/2024 15:23
24/10/2024 15:23
24/10/2024 15:22
24/10/2024 15:22
24/10/2024 15:22
24/10/2024 15:22
24/10/2024 15:22
24/10/2024 15:22
Usuhahia » Diario Prensa
Fecha: 24/10/2024 13:23
Horror sobre el horror. El fiscal riograndense Marcelo Rapoport continúa bregando para que se castigue a los culpables. El titular del Ministerio Público Fiscal Federal afirmó en su presentación que los soldados, expuestos extremas condiciones de agotamiento, hambre y frío fueron sometidos además a prácticas brutales de estaqueamientos y enterramientos, y discriminados si eran de origen judío o indígena. El fiscal federal de Río Grande, Marcelo Rapoport, solicitó la detención y la declaración indagatoria de diez militares acusados de cometer crímenes de lesa humanidad contra conscriptos. Las víctimas sufrieron tormentos como parte de una práctica sistemática durante el conflicto bélico. El Ministerio Público Fiscal Federal de Río Grande, a cargo del fiscal Marcelo Rapoport, presentó un nuevo requerimiento en la causa que investiga las torturas infligidas a soldados conscriptos durante la Guerra de Malvinas. En esta ocasión, Rapoport solicitó la detención y declaración indagatoria de diez militares, quienes habrían ordenado y ejecutado actos de tormentos contra tres soldados en 1982. Entre los imputados figuran autoridades del Regimiento de Infantería 4 y la Brigada de Infantería III, así como jefes de Secciones. Según la fiscalía, los actos de tortura no fueron hechos aislados, sino parte de un patrón sistemático utilizado por las autoridades militares para «controlar» a los soldados, quienes sufrían condiciones extremas de frío, hambre y agotamiento. Entre las prácticas más brutales se destacaron los «estaqueamientos», que consistían en atar a los soldados de pies y manos durante horas, y los «enterramientos», donde eran sepultados con la tierra hasta el cuello. Además, se documentaron casos de discriminación y ensañamiento contra soldados de origen judío o indígena. Rapoport señaló que estos crímenes fueron perpetrados con el conocimiento y la autorización de mandos superiores, lo que demuestra la participación de diferentes niveles jerárquicos en las torturas. Uno de los aspectos más oscuros de esta investigación es el pacto de silencio que las víctimas debieron firmar al regresar al continente. Al finalizar la guerra los soldados fueron llevados a la guarnición militar de Campo de Mayo, donde, según consta en la denuncia, se los obligó a firmar documentos comprometiéndose a no revelar lo vivido en las islas. Este nuevo requerimiento de la Fiscalía reaviva un proceso judicial que, iniciado en 2006, ha enfrentado múltiples obstáculos legales. En mayo de 2021, un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal determinó que ciertos hechos no constituían crímenes de lesa humanidad, lo que llevó a la suspensión de la investigación. Sin embargo, el MPF y los querellantes recurrieron la decisión ante la Corte Suprema, que aún debe pronunciarse. La causa por torturas en Malvinas comenzó con la denuncia de un ex soldado en 2006, a la que se sumaron otros testimonios. Gracias a la desclasificación de documentos militares en 2015, la investigación pudo reconstruir con mayor precisión los hechos denunciados. En 2018, la fiscalía presentó un requerimiento de instrucción para avanzar en la investigación, que incluyó la imputación de 26 militares. A pesar de los avances logrados hasta 2020, la causa se encuentra frenada a la espera del pronunciamiento de la Corte Suprema sobre la imprescriptibilidad de los crímenes denunciados. Mientras tanto, el fiscal Rapoport continúa impulsando acciones para que los responsables de estas torturas respondan ante la Justicia. Este caso pone nuevamente en el foco los crímenes cometidos durante el conflicto bélico del Atlántico Sur, y el reclamo de justicia por parte de las víctimas y de sus familiares, quienes a más de cuatro décadas, aún buscan respuestas a sus preguntas.
Ver noticia original
 (1).png)
 (1).jpg)
Examedia © 2024
Desarrollado por