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» El litoral Corrientes
Fecha: 24/10/2024 11:29
n El Gobierno intimará al personal del sector público nacional para que inicie los trámites administrativos tendientes a concretar su ingreso al sistema previsional, toda vez que reúna las condiciones establecidas por la ley para jubilarse. El objetivo, según se indicó en la Resolución 3/2024 publicada este miércoles en el Boletín Oficial, es “asegurar la eficiencia en la gestión de los recursos humanos” en ese ámbito. Serían alrededor de 10.000 las personas en condiciones de jubilarse. A través de la flamante normativa del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, se instruyó a “los titulares de las entidades comprendidas en los incisos a) y c) del artículo 8° de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias”, a llevar a cabo aquella diligencia “en un plazo no mayor a 30 días hábiles”. La medida abarca, en específico, a los empleados de la “Administración Nacional, conformada por la Administración Central y los Organismos Descentralizados, comprendiendo en estos últimos a las Instituciones de Seguridad Social”. También están comprendidos quienes trabajan en “entes públicos excluidos expresamente de la Administración Nacional, que abarca a cualquier organización estatal no empresarial, con autarquía financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio, donde el Estado nacional tenga el control mayoritario del patrimonio o de la formación de las decisiones, incluyendo aquellas entidades públicas no estatales donde el Estado nacional tenga el control de las decisiones”. El ministerio de Desregulación firmó un convenio con Anses para que ese organismo determine quiénes están en condiciones de concretar el trámite. Actualmente hay alrededor de 10.000 personas en edad jubilatoria de las cuales más de 6.800 corresponden a planta permanente. En paralelo, la Resolución del Ministerio conducido por Federico Sturzenegger “recomienda” avanzar en la misma dirección en “las empresas del Estado, las sociedades del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias”. Quedan excluidos, en este caso, los trabajadores de fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado nacional. El artículo 2 aclara que, siempre y cuando “ejerzan el cargo”, podrán eximirse de lo dispuesto “los titulares de las unidades organizativas incorporadas al Nomenclador de Funciones Ejecutivas del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), hasta el cargo de Coordinador inclusive y a los titulares de cargos equivalentes en las estructuras orgánico funcionales vigentes, cualquiera fuera el régimen laboral y convencional aplicable al personal de cada Jurisdicción y Entidad”.
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