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» Elterritorio
Fecha: 24/10/2024 09:08
Las autoridades del Instituto Cristiano República Argentina (ICRA) se presentaron esta tarde ante el Juzgado de Instrucción Seis de Posadas para ampliar los testimonios dados el último jueves en sede policial miércoles 23 de octubre de 2024 | 21:00hs. Las pesquisas que se llevan adelante por la muerte de la estudiante Juanita Milagros Sirimarco Díaz, la adolescente misionera de 13 años que falleció tras regresar de su viaje de egresados a Córdoba, tuvo novedades durante las últimas horas de este miércoles. Y es que esta tarde, ante el Juzgado de Instrucción Seis de la capital provincial se presentaron a declarar en caracter de testigos la directora y la vicedirectora del Instituto Cristiano República Argentina (ICRA), casa educativa a la que asistía la menor. Según pudo saber El Territorio con fuentes de acceso al expediente, las autoridades del ICRA se presentaron para dialogar ante el juez Ricardo Balor y el fiscal René Casals con la intención de aportar datos sobre el mencionado viaje de egresados que protagonizó Juanita junto a sus compañeros de grado. En esta última audiencia, de acuerdo a los voceros consultados, ambas ratificaron lo manifestado cinco días antes cuando las mismas docentes se presentaran a declarar, pero en la comisaría Cuarta, durante la elaboración del sumario policial. Pero además, dieron nuevos aportes que podrían ser importantes para el expediente, según resaltaron las fuentes. Por otro lado, por el momento este medio pudo saber que no está previsto que se cite al juzgado a los responsables de la empresa de viajes que tuvo a su cargo el viaje. Y esto tiene que ver con que por el momento, y a la espera de lo que se recopilen las primeras testimoniales en sede judicial, no existen motivos para que se concreten estos llamados. Lo que no quita que pueda suceder más adelante y a criterio de las autoridades a cargo de la investigación. Cabe resaltar que en la pesquisa se espera también que el cuerpo médico forense determine distintas cuestiones en base a la historia clínica de la adolescente. Y que también se amplíe más detalles de esto último con el aporte que puedan dar los médicos tratantes de la menor. Auditorias Por lo ocurrido con la adolescente, el Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (Spepm) se encuentra desarrollando auditorías y supervisiones al Instituto Cristiano de la República Argentina (Icra), donde asistía Juanita Sirimarco. En diálogo con El Territorio, Luis Bogado, director ejecutivo del Spepm sostuvo que “se están instrumentando las investigaciones judiciales y actuaciones administrativas correspondientes para determinar responsabilidades”. Señaló además que ayer se convocó a las autoridades de la institución educativa para auditoría, supervisión y que se realizará una actualización administrativa sumarial. Bogado detalló que los procedimientos son para determinar las responsabilidades y que están evaluando algunas consideraciones como por ejemplo: “La Secretaría del Icra envía vía email el proyecto de viaje el 01/10 a las 12.08 (nota de docentes Karen Eliana Dos Santos y María Alejandra Brining) con la leyenda “Autorizado viaje de egresados”. Fuera de término para toma de conocimiento”. Al día siguiente, el 2 de octubre, la comitiva emprende viaje a Villa Carlos Paz. En tanto indicó Bogado “el circuito se da fuera de término ante el Spemp por lo que no cumple con lo establecido en Resolución Spepm N° 071/94”. Entre los puntos principales de esta resolución se establece que las salidas educativas por una jornada denominadas también “Excursiones Educativas” deben ser resueltas por el rectorado, sin necesidad de comunicación del Spepm. En tanto, los proyectos de “Viajes educativos” una vez aprobados por las autoridades del establecimiento (en este caso Icra) deben ser comunicados al Spepm. En este caso, sostiene Bogado, “de acuerdo con la transcripción precedente, al Spepm sólo se comunica la realización del viaje, no se le solicita autorización para concretarlo”. Y es aquí donde surge la contradicción y confusión porque, por el contrario, los denominados “viaje de egresados”, no necesitan estar autorizados por el Spepm ni están encuadrados dentro de los viajes a que hace referencia la resolución antes mencionada. Los viajes de egresados son aquellos con fines de esparcimiento, que efectúan los alumnos del séptimo grado de nivel primario y del último curso del nivel medio, no persiguen un fin de enseñanza. “Se están analizando cada una de las actuaciones para determinar algún tipo de actuación y estamos respondiendo a los requerimientos que nos está haciendo la Justicia, esto es, el pedido de informes”, informó Bogado. Así, las sanciones que podrían recaer a la institución son: apercibimiento, por nota, que será registrada en el legajo correspondiente al instituto; amonestación pública, con notificación a las autoridades representativas de la enseñanza privada; o bien suspensión hasta de un año, que se aplicará, previo sumario, en el curso lectivo siguiente al de aplicación de la sanción. Sobre el último punto, consultado si la sanción sería a la escuela o a la directora, Bogado señaló: “No puedo responder de manera taxativa. Estamos evaluando en función de las actas sumariales que se están llevando adelante, cuando tengamos todos los elementos de valor, quizás ahí podría responder a eso”. Es que como ya se viene informando la institución educativa en un comunicado se había desligado de la responsabilidad de la organización del viaja escolar. “La institución no tuvo participación alguna en la planificación, contratación de servicios o seguros médicos, ni en la toma de decisiones relacionadas con el desarrollo del itinerario, paradas o actividades durante el viaje. Todas estas responsabilidades recayeron exclusivamente en la empresa Viaturex, y es importante aclarar que el colegio no recibió solicitud formal para su autorización”, habían enfatizado en el comunicado. Sin embargo, el abogado de una de las docentes que estuvo a cargo de los chicos en el viaje, Carlos Benítez, exhibió evidencia documental para confirmar que el viaje era de estudios en el marco de un proyecto educativo autorizado por el Icra, y en este caso lleva la firma de la representante legal y de la directora. Como viene informando El Territorio, el juzgado interviniente -tanto por medio del magistrado Ricardo Balor y el fiscal Rene Casals- inició una investigación de oficio para "preservar toda la prueba y analizar con posterioridad si hay responsabilidad penal sobre el resultado de la muerte de Juanita", expresaron desde el juzgado, agregando que para ello se resguardó la historia clínica y se solicitó una serie de medidas que están ligadas con el contrato del transporte, el alcance de responsabilidades de cada uno -si el fallecimiento pudo ser responsabilidad de alguien que tenía relación con el viaje o no- y sobre todo, la historia clínica que permitiría esclarecer el fallecimiento de la adolescente.
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