22/10/2024 05:32
22/10/2024 05:31
22/10/2024 05:30
22/10/2024 05:27
22/10/2024 05:25
22/10/2024 05:24
22/10/2024 05:24
22/10/2024 05:24
22/10/2024 05:23
22/10/2024 05:23
Concordia » Entre Rios Ahora
Fecha: 22/10/2024 03:10
El juez Ángel Moia, titular del Juzgado Civil y Comercial N° 9 y que desde 2018 tramita el concurso preventivo de Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), editora de El Diario, firmó este lunes 21 una disposición clave: fijó el valor de las acciones de la empresa en $122.922,40, dat que surge de contrastar el «patrimonio neto de $1.106.301.607,59 (un activo de $2.038.182.242 menos un pasivo de $931.880.634,41). Por ello, el valor de cada un de las acciones es de $122.922,40». Y fijó el 21 de noviembre como fecha tope para resolver si la firma rosarina Difutec SA para rescatar la empresa y de no ocurrir ello derivará en el dictado de la quiebra. El magistrado entendió que «en esta instancia (…) corresponde establecer el inicio del período de concurrencia y fijar la fecha en que se llevará a cabo la audiencia informativa, la cual constituye la última oportunidad para exteriorizar la propuesta de acuerdo ofrecida a los acreedores, no pudiéndose modificar a partir de entonces. En consecuencia, corresponde disponer el inicio de un período de 20 días -hábiles judiciales-, contados a partir de la fecha de notificación de la presente -en atención a la compleja tramitación descripta-, para que todos los interesados, incluida la deudora, obtengan y presenten en el expediente, en debida forma, las conformidades de los acreedores necesarias para arribar al acuerdo preventivo, pudiendo éstos últimos otorgar conformidades al cramdista y al deudor». Intríngulis Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), la empresa editora de El Diario y de la cual forman parte el excandidato a gobernador de La Lilbertad Avanza, Arturo Sebastián Etchevehere; el exministro de Agroindustria de Mauricio Macri, Luis Miguel Etchevehere; y el director en Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Juan Diego Etchevehere, informó que posee bienes inmuebles por un valor de $ 1.641.920.091 aunque el detalle final del valor de la firma tiene muchos puntos ciegos por el desastroso manejo administrativo y financiero luego del proceso de concurso preventivo que inició en 2018, cuando despidió a más de 80 trabajadores sin pagarles las indemnizaciones de ley. El Evaluador del concurso José María González elevó un informe al juez del concurso, Ángel Moia, titular del Juzgado Civil y Comercial N° 9, en el que detalla: «Del estudio integral de los antecedentes obrantes relacionados con la información contable, este Evaluador considera que la Concursada (SAER) ha agravado su situación de empresa en funcionamiento, con un significativo deterioro de sus activos monetarios». Y agrega: «De conformidad a las normas profesionales relacionadas con la intervención de un Contador Público, en su función como auditor externo, el mismo, debe evaluar, de conformidad a las normas profesionales que regulan el ejercicio de la profesión, aspectos relacionados con la integridad de la información contable, cualidad relevante y necesaria, para brindar un encuadre al informe que se requiere a este Evaluador». El Evaluador destaca que la empresa editora de El Diario «evidencia serias dificultades en su sistema contable, que le impide brindar información actualizada y confiable. El sistema de control interno, necesario para el procesamiento de la información contable, también tiene serias debilidades en su funcionamiento, lo que ha originado que el Auditor externo interviniente para los estados contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022, ha expresado su opinión con modificaciones (salvedades), porque no ha podido reunir evidencias (elementos de juicio válidos y suficientes) sobre la información contenida en dichos estados contables». «Ante la falta de información contable confiable, emitida por la Concursada, este Evaluador ha preparado el presente informe sin considerar activos monetarios tales como Caja, Bancos y Créditos, ya que en autos se ha evidenciado la falta de disponibilidad de fondos líquidos para afrontar los gastos de funcionamiento, incluyendo cuestiones básicas como las remuneraciones del personal, que ante esta situación, realiza ´paro de actividades´, lo cual también evidencia la escasa actividad económica, por lo que puede apreciarse que fácticamente, la Concursada se encuentra transitando un escenario de graves dificultades de funcionamiento», agrega González en el informe que remitió al juez Moia. El vaciamiento La debacle de SAER y El Diario había sido advertida por Dolores Etchevehere -la hermana menor de Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego, hija de Leonor María Magdalena Barbero Marcial y el ya fallecido Luis Félix Etchevehere- en una causa penal que inició en 2013 en Tribunales. La pelea judicial de la familia Etchevehere -Dolores, la menor, denuncia a sus tres hermanos mayores, Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego, y a la madre de los cuatro, Leonor María Magdalena Barbero Marcial, por haberla estafado en el reparto de la herencia a la muerte del padre, Luis Félix Etchevehere, en 2009, pero que después amplía por el supuesto delito de vaciamiento de la empresa Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), editora de El Diario- , ese pleito, entonces, desnuda en la Justicia un sinuoso camino en el que intervinieron cuatro jueces, 7 fiscales, con opiniones muy distintas entre ellos, y un trámite de declaración indagatoria que duró más de un lustro en concretarse. Denuncia Etchevehere: la causa que casi naufraga por decisión fiscal La presentación judicial ocurrió en 2013 pero los tres hermanos no se sentaron a dar cuentas ante un juez sino hasta siete años después, en 2020. En el ínterin, la denuncia estuvo a punto de ir a dormir el sueño de los justos, luego de los dictámenes de dos fiscales que juzgaron que el tema no tenía la menor importancia. https://entreriosahora.com/las-propiedades-fantasmas-de-el-diario-en-la-mira/ Así El 6 de diciembre de 2013, el fiscal Ignacio Aramberry elevó al entonces juez de Instrucción Alejandro Grippo la “denuncia presentada por la ciudadana Dolores Etchevehere ante esta Fiscalía a mi cargo”: 20 carillas de mucha información que ponía contra las cuerdas a sus tres hermanos, Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere, y a su madre, Leonor María Magdalena Barbero Marcial. El 20 de diciembre de ese año, Dolores Etchevehere ratificó ante el juez Grippo los términos de la denuncia formulada por escrito. Contó de qué modo, con qué maniobras, bajo qué paraguas su familia pretendió cometer una serie de hechos ilícitos en las empresas familiares que tendrían alto impacto social: en 2018, una de las firmas del holding familiar, Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), editora de El Diario, dejó en la calle a 80 trabajadores sin pagarles indemnización, e ingresó en concurso preventivo. Bajo el paraguas del urribarrismo, en 2010 había ingresado a SAER el empresario santafesino Walter Greón, que estuvo hasta 2012 cuando fue la incursión de otro santafesino, Ramiro Nieto: en la última década, el negocio periodístico de los Etchevehere y sus socios circunstanciales viró de tal forma que convirtieron a un medio clave en la Provincia en un libelo con ideario negociable. Pero en el génesis de la causa por estafa que involucra a los Etchevehere ocurrió lo impensado. Extrañamente, el 6 de febrero de 2014, la agente fiscal Evangelina Santana dictaminó lo que sigue: “Atento a la entidad del hecho que diera inicio a las presentes y siendo factible que el conflicto suscitado en autos pueda ser resuelto mediante el proceso de mediación, ante la pronta implementación en nuestra jurisdicción del nuevo ordenamiento adjetivo, remítase las presentes actuaciones a la Delegada Judicial del Ministerio Público Fiscal, Dra. Paola Farinó, a fin de que consulte a las partes y en caso de que presten su consentimiento, celebre la mediación”. El 24 de febrero, y tras entrevistarse con Dolores Etchevehere, Farinó informa que la mediación resulta inviable. El 6 de marzo, la agente fiscal Santana anoticia al juez Grippo de la continuación de la causa penal. La primera medida que dicta el magistrado es pedir a la Dirección de Personas Jurídicas de Entre Ríos información sobre la composición societaria de Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), la empresa editora de El Diario, y de Construcciones del Paraná SA. También, a los bancos Itaú y de Entre Ríos para que informen sobre líneas de crédito otorgadas a la firma Las Margaritas, también del holding de los Etchevehere. Dolores Etchevehere dice en un segundo escrito, presentado el 10 de abril de 2014: ”Básicamente he denunciado la forma en la que abusivamente se ha obligado a la sociedad en beneficio de un grupo de accionistas (mis hermanos y mi madre) lo que posibilitó la extracción de fondos líquidos para ser aplicados a otra maniobra también de una tercera: Construcciones del Paraná, de la cual naturalmente no soy accionista (sí lo soy de SAER y Las Margaritas, como oportunamente explicara)”. De ese modo, la menor del clan Etchevehere contaba de qué modo se había «vaciado» a Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER) En la primera denuncia, la mujer habló de la “toma fraudulenta de un crédito del Banco Itaú por la suma de $1.066.000 equivalentes a u$s 250.000 al cambio de entonces (año 2011, aproximadamente $4,24242 por dólar) cuyo importe fue retirado por los denunciados según así surge de los estados contables correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de aquel año”. Los denunciados son, claro, sus tres hermanos y su madre. Después, abundó en las cifras y detalló que el fraude bancario fue mayor a los u$s 250.000. Hubo otros dos montos de u$s 360.000 y u$s50.000 que los denunciados tomaron de préstamos bancarios y se repartieron en provecho personal. Por eso, en 2014 Dolores Etchevehere pidió el allanamiento de la sede de la sociedad Las Margaritas SA, en Urquiza 1123, tercer piso, el mismo edificio donde funcionó la Redacción de El Diario, con el propósito de secuestrar los libros contables “y toda otra documentación que tenga que ver con el hecho que se denuncia”. También pidió allanamientos a las sedes de SAER, en la misma dirección, Urquiza 1123, tercer piso , dirección que corresponde a otra firma, Construcciones del Paraná, cuyo allanamiento también solicitó. Los préstamos, después se supo, fueron pedido por los Etchevehere a los bancos Itaú y Nación, a tasa subsidiada, en teoría para fines productivos, pero que en la práctica fueron a dar al bolsillo de la familia. Con su denuncia, Dolores Etchevehere procuraba establecer “la ruta del dinero” y la “posible utilización de los fondos (o parte de ellos) de los préstamos tomados por Las Margaritas SA en la transferencia de los inmuebles” propiedad de SAER. Desvío de fondos, vaciamiento, estafa: delitos gravísimos que una fiscal, más adelante, entendería como una simple peleíta familiar. Efectivamente ello todo fue como lo denunció Dolores Etchevehere, según un sesudo dictamen de los fiscales Alejandro Cánepa y Viviana Ferreyra, que más tarde intervendrían en el caso tras la desafortunada intervención de la fiscal Santana y, más tarde, de su colega Laura Irene Cattáneo. https://entreriosahora.com/estafa-etchevehere-van-a-casacion-para-hacer-caer-los-procesamientos/ Nada que ver Todo lo tramitado hasta entonces en la causa Etchevehere fue nada ante un dictamen que firmó el 3 de noviembre de 2014 la fiscal Laura Irene Cattáneo, tercera fiscal que interviene en la causa en menos de un año. Después de analizar la denuncia, Cattáneo concluyó que el caso “no reviste gravedad y es de escasa trascendencia o impacto social por cuanto se trata de un conflicto económico intrafamiliar, sin afectación de intereses colectivos”.La fiscal dijo que el tema denunciado “escapa a la órbita del Derecho Penal”, y, oh sorpresa, apeló a “una dosis de prudencia en la aplicación del sistema penal, justificándose su intervención sólo cuando medie una afectación de un bien jurídico importante o porque no existan otros canales para resolverlos”.En base a esos argumentos, la fiscal Cattáneo pidió a la segunda jueza de la causa, Susana María Paola Firpo, que la denuncia de Dolores Etchevehere “sea desestimada y se disponga el archivo” .Firpo catalogó como un “enjundioso dictamen” el de la fiscal, y “siendo la representante del Ministerio Público Fiscal la titular del ejercicio de la acción penal pública, entiendo que no puedo adoptar una decisión diferente a la propugnada”. En ese marco –“amén de compartir en su totalidad lo dictaminado por la señora Agente Fiscal», aclaró- corresponde, dictaminó, «dictar sin más el archivo de las presentes actuaciones”.Eso dispuso la jueza Firpo el 14 de noviembre de 2014, Contragolpe Dolores Etchevehere apeló el archivo de la causa con artillería pesada, y dijo en su escrito que “bajo el ropaje que le otorgan los arbitrarios y antojadizos argumentos señalados en el pedido de desistimiento fiscal de fecha 3 de noviembre pasado, se esconde un enorme temor de investigar hechos que ostensiblemente exceden la órbita familiar y que derivan en irregularidades”. Y habló del “temor reverencial que muchos aquí en la ciudad de Paraná le tienen a mi familia en general y a mi madre y hermano Luis Miguel en particular: ahora lo confirmo”. El 26 de noviembre la jueza Firpo le concedió el recurso de apelación. Desde el vamos, la causa se caratuló como “Estafa”. Los camaristas José María Chemez, Elvio Garzón y Miguel Giorgio tomaron intervención el 3 de marzo de 2015 y consideraron que el archivo de la causa resultó “prematuro y desacertado, toda vez que advertimos que se trata de un caso que reviste gravedad, con importantes sumas de dinero en juego, que excede el marco de un simple conflicto de familia y merece al menos que se produzcan algunas de las medidas de prueba interesadas por la denunciante a los fines de dilucidar la posible existencia o no de delito”. De ese modo, los camaristas resolvieron revocar el archivo de la causa. El 31 de marzo de 2015 emite dictamen el entonces fiscal de Cámara Rafael Martín Cotorruelo –hoy juez de juicio-: analizó la causa, releyó el dictamen de la fiscal Cattáneo, que había pedido el archivo y también había desestimado la denuncia, y concluyó que “corresponde en este estado ordenar la continuidad de la investigación”. El 1° de abril de 2015 Cotorruelo devuelve el expediente de la causa Etchevehere al despacho de la jueza Firpo. Entonces, interviene una quinta fiscal, Viviana Margarita Ferreyra. En 2016 la causa tiene nuevo juez, Pablo Zoff –hoy agente fiscal- y se incorpora otro miembro del Ministerio Público Fiscal, Alejandro Joel Cánepa –actual juez de juicio- y se produce una petición que ya había hecho Dolores Etchevehere: los fiscales Cánepa y Ferreyra le piden al juez que libre orden de allanamiento a Las Margaritas y el secuestro de libros contables, que se libre oficio al Banco Central para que aporte toda información referida a esa compañía de los Etchevehere, y se pida al Registro del Notariado de la Provincia un informe de los inmuebles registrados como propiedad de esa sociedad. También, que luego de levantar el secreto fiscal, la AFIP y la ATER informen declaraciones juradas de los períodos 2010 a 2016 de Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere y también de Leonor María Magdalena Barbero Marcial. También, los fiscales pidieron la indagatoria de los tres hermanos Etchevehere y su madre, pero el 23 de diciembre de 2016 los fiscales solicitan que se suspenda la indagatoria en virtud de la nueva prueba incorporada a la investigación penal. De la Redacción de Entre Ríos Ahora
Ver noticia original
 (1).png)
 (1).jpg)
Examedia © 2024
Desarrollado por