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» tn24
Fecha: 17/10/2024 15:52
Docentes y estudiantes de universidades públicas rechazan el veto a la Ley de Financiamiento Universitario y el recorte del 40% en la inversión educativa. El Gobierno inicia auditorías en el sector. Este jueves, el conflicto en las universidades públicas se intensifica con un paro nacional de 24 horas convocado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales. La medida se toma en protesta contra el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario y la reducción del 40% en la inversión educativa durante 2024, la mayor caída desde 1992. Los gremios universitarios exigen una recomposición salarial y un aumento en el presupuesto educativo para 2025. Según el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el 70% de los trabajadores docentes y no docentes se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Mientras tanto, estudiantes han tomado más de 40 edificios universitarios, planeando movilizaciones y clases públicas para las próximas semanas. En medio del conflicto, el Gobierno, a través de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), anunció la realización de auditorías en las universidades públicas. El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió la medida señalando que es necesario controlar el uso de fondos públicos, afirmando que “las universidades también son cajas”. Esta acción ha generado controversia dentro de la comunidad académica. La crisis presupuestaria ya ha impactado en algunas instituciones. La Universidad Nacional de Quilmes suspendió la inscripción en dos carreras tecnológicas debido a la falta de recursos para mantener la calidad educativa. Si no se revierte la situación, estas decisiones podrían replicarse en otras universidades. Este conflicto se desarrolla en un contexto de ajuste fiscal más amplio, donde el sector educativo ha sufrido el mayor recorte. Mientras el gasto público general se ha reducido en un 20%, la inversión en educación ha sido afectada en un 40%, lo que ha generado acusaciones de que las políticas de austeridad del gobierno de Javier Milei afectan desproporcionadamente a la educación superior.
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