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» Diario Cordoba
Fecha: 16/10/2024 02:39
La XV legislatura no deja de sorprender con carambolas legislativas y tramitaciones inciertas. Para sobrevivir en las Cortes Generales en el último año ha sido más que necesario un curso avanzado en derecho parlamentario que te permita surfear los vaivenes provocados por el choque entre los juristas del Senado y del Congreso. El último ha sido en torno al proyecto de ley que beneficia a los presos de ETA: los letrados de la Cámara Alta considera que la ley fue vetada por una mayoría parlamentaria; los de la Cámara Baja no y, por tanto, la han dado por aprobada. Pero, ¿qué ha pasado aquí? Los antecedentes El pasado lunes se conoció que la ley sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea permitirá a los presos de ETA reducir sus penas de prisión, al poder descontar el tiempo que pasaron encarcelador en Francia. PP y Vox, que habían votado a favor de la norma en tres ocasiones, pusieron el grito en el cielo, pero ya era tarde. La ley se iba a votar el pasado martes y ya había finalizado el plazo para registrar enmiendas o propuesta de veto, algo indispensable para que la norma fuera devuelta al Congreso. El PP, consciente de su incapacidad para tumbar la ley, aplazó su debate hasta el lunes de esta semana con la intención de presionar al Gobierno para que retirara la norma. Los letrados de la Cámara Alta Este lunes, tras el debate de la ley, el presidente del Senado, Pedro Rollán (PP), llamó a votar a todos los senadores. La norma fue rechazada por la mayoría de la Cámara Alta, pero se daba por hecho que esta oposición no tendría ningún efecto. Así se recogía en el guion que los equipos de la Cámara habían preparado para la sesión. No obstante, Rollán dio por vetada la norma esgrimiendo un informe de los letrados del Senado. ¿Qué dice ese texto? Que "no existen precedentes comparables al que ahora se plantea". Después, continúa señalando que la Constitución y el Reglamento del Senado establecen que es necesario registrar por escrito una propuesta de veto para devolver una ley al Congreso, pero que "sería excesivamente formalista ignorar la voluntad real del Pleno del Senado de rechazo". Es decir, que la mayoría del PP en la Cámara Alta es más poderosa que las exigencias formales que recoge la carta magna. "Un rechazo por mayoría absoluta del Pleno del Senado es un acto que ha de tener el efecto jurídico de un veto, por haberse acordado con carácter final y global, con la consiguiente devolución del texto al Congreso", resumía. Con ello, Rollán dio por vetada la norma y anunció su devolución a la Cámara Baja. Los letrados de la Cámara Baja Como ha venido ocurriendo en el último año, los letrados de ambas cámaras no suelen coincidir y en esta ocasión no ha sido menos. La Mesa del Congreso, tras escuchar la opinión del letrado mayor, Fernando Galindo, ha decidido no reconocer el veto del Senado y mandar la ley directamente al Boletín Oficial del Estado. ¿Bajo qué argumentos? Por un lado, que la votación de este lunes en el Senado fue fuera de plazo. La Constitución (Art. 90.3) da un plazo de "veinte días naturales" para que la Cámara Alta se pronuncie sobre los proyectos de ley tramitados por la vía de urgencia, como es el caso. La votación tuvo lugar en el vigesimoprimer día, por lo que consideran que no tiene validez. Además, señalan que la Constitución (Art. 90.2) es clara y establece que el Senado "puede, mediante mensaje motivado, oponer su veto", algo que el PP no hizo, y que el reglamento de la Cámara Alta (Art. 107.2) establece que las "propuestas de veto deberán formalizarse por escrito y con justificación explicativa". Por último, añaden que Rollán no informó a los senadores de que se iba a votar un veto. Por todo ello, han dado por aprobada la norma. Conflictos anteriores No es la primera vez que los criterios de los letrados de una y otra cámara es tan divergente. Estos choques se vivieron sobre todo durante la tramitación de la amnistía. Un ejemplo claro fue que el equipo jurídico del Congreso aceptó a trámite la ley de amnistía al no detectar una inconstitucionalidad "palmaria y evidente" o que constituyera "un incumplimiento manifiesta de lo resuelto" por el TC. El del Senado, por contra, tildaron la noma de "reforma constitucional encubierta", "un fraude constitucional" y "un producto normativo imposible". Y no solo fue en ese momento. Los letrados de la Cámara Alta recomendaron presentar un conflicto institucional contra el Congreso al considerar que este había usurpado algunas de sus competencias durante la tramitación de la amnistía. En el Congreso rechazaron esas acusaciones porque consideraban que habían actuado "en el ejercicio constitucional y reglamentario de sus atribuciones".
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