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  • Publicada la lista de los 800 candidatos a jurado popular en Córdoba

    » Diario Cordoba

    Fecha: 15/10/2024 11:08

    La Oficina del Censo Electoral de Córdoba (del INE) ha difundido este martes, en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), el listado definitivo de las 800 personas candidatas a conformar los jurados populares para los juicios que se celebrarán en los años 2025 y 2026. El sorteo se celebró el pasado mes de septiembre en la Ciudad de la Justicia y, después de la presentación de alegaciones, hoy se han difundido los nombres y apellidos de estos candidatos, que han sido seleccionados entre los ciudadanos que conforman el censo electoral de la provincia. Para conocer el listado, sigue este enlace. En el anuncio, aparecen los municipios cordobeses por orden alfabético. Cada localidad, a su vez, incluye un listado de vecinos candidatos también por orden alfabético del primer apellido. Estas personas recibirán la comunicación sobre su elección por correo. Cuando sea necesario celebrar un juicio con jurado popular, se celebrará un nuevo sorteo para elegir a los integrantes. En esta línea, el tribunal del jurado es compuesto por nueve miembros y un magistrado de la Audiencia Provincial de Córdoba que lo preside, pero al juicio asisten, además, dos jurados suplentes. Homicidios y malversación de caudales Este tribunal es competente para el conocimiento y fallo de las causas por delitos como el homicidio; la omisión del deber de socorro; el allanamiento de morada; el tráfico de influencias; la malversación de caudales públicos y las negociaciones prohibidas a funcionarios, entre otras. La función del jurado es emitir un veredicto declarando probado o no probado el hecho justiciable que el magistrado-presidente haya determinado, así como aquellos otros hechos que decidan incluir en su veredicto y no impliquen variación sustancial de aquel. Así, la Ley del Tribunal del Jurado también detalla que los jurados deben proclamar la culpabilidad o inculpabilidad de cada acusado por su participación en el hecho o los hechos delictivos respecto de los cuales el magistrado-presidente hubiese admitido acusación.

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