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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 12/10/2024 03:10
Norberto Fernández Lamarra es profesor de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, donde dirige varios posgrados de educación, entre ellos un doctorado en Políticas y Gestión de la Educación Superior. Se dedica a este tema desde hace 60 años. Norberto Fernández Lamarra considera que el sistema universitario atraviesa una crisis inédita en estos 40 años de democracia. Lo dice alguien que lleva 60 años estudiando el sistema educativo: en 1964 ya era coordinador del sector Educación del Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE) y en 1965 se incorporó como docente de Política y Legislación de la Educación en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Ahora es profesor de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), donde dirige varios posgrados de educación, entre ellos un doctorado en Políticas y Gestión de la Educación Superior, dedicado específicamente al estudio de los sistemas universitarios. Conoce bien el sistema argentino y también los de otros países de la región: buena parte de su trabajo académico se basa en una perspectiva “comparada”; fue presidente de la Sociedad Iberoamericana de Estudios Comparados en Educación y vicepresidente del Consejo Mundial de Sociedades de Educación Comparada (WCCES). Como especialista en educación superior, dirige varias revistas académicas dedicadas al tema y es autor de más de 30 libros. En medio del conflicto por el presupuesto, la ratificación del veto presidencial a la ley de financiamiento y las tomas de universidades públicas en todo el país, Fernández Lamarra conversó con Infobae sobre los desafíos del sistema universitario argentino. –¿Cuál es su mirada sobre el conflicto universitario? –Es una situación muy dramática, que no se ha visto en estos 40 años de democracia. Hemos tenido políticas universitarias más y menos acertadas, discusiones, pero nunca un escenario como el actual. Nosotros publicamos en 2018 un libro titulado La educación superior universitaria argentina, en conjunto entre la UNTREF, la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) y la Universidad de Palermo (UP), con la participación de 30 investigadores, en el marco de un concurso del Ministerio de Educación de la Nación impulsado por el Mercosur. Creo que ahí mostramos, con datos certeros, todo lo bueno y todo lo que hay que revisar en la universidad argentina. La universidad argentina es una de las mejores de la región en cuanto a democratización, quizás junto con la de Uruguay. También es una de las mejores en cuanto a calidad: las universidades de Buenos Aires (UBA), Córdoba (UNC), La Plata (UNLP) o Cuyo (Uncuyo) están bien posicionadas en los rankings internacionales más importantes. Esto no quiere decir que la universidad argentina sea excelente. En ese libro y en muchas otras investigaciones, así como en el doctorado sobre Política y Gestión de la Educación Superior, nosotros venimos planteando la necesidad de mejorar el sistema. Pero el Gobierno desconoce la investigación sobre el sistema de educación superior, tiene una ignorancia supina sobre la universidad. –¿Cuáles son los desafíos más críticos que usted y su equipo identifican en el sistema universitario argentino? ¿Cuáles diría que son las mejoras más urgentes? –Uno de los puntos críticos es el número alto –alrededor del 50%– de estudiantes que ingresan y no pasan el primer o segundo año. Eso se debe a varias razones. Una es la baja calidad de la enseñanza media. Yo sostengo que las universidades tendrían que trabajar con cada provincia y con la Nación para mejorar la enseñanza media. En la escuela secundaria vemos que alrededor de la mitad de los que ingresan no terminan a tiempo, y los que terminan lo hacen con un bajo nivel, según muestran las pruebas estandarizadas de calidad educativa. Eso no les permite avanzar más allá del primer o segundo año en la universidad. El ingreso irrestricto implica que la universidad argentina sea una de las más democráticas. Pero muchos estudiantes, sobre todo los de bajo nivel socioeconómico, trabajan 7 u 8 horas por día. Eso dificulta mucho el avance en la carrera. Los datos muestran que, en vez de recibirse en los 5 años establecidos en el plan de estudios, los graduados argentinos tardan en promedio 9 años en terminar su carrera. Falta que las universidades discutan planes de mejora para abordar estos temas, con ayuda de la Secretaría de Educación de la Nación. Hoy las universidades están formando profesionales para los próximos 25 o 30 años. Los jóvenes que se reciban hoy con 25 años estarán en su plenitud profesional en 2050. ¿Cómo será el mundo científico y tecnológico? Es impredecible. Pero hay que abrir la discusión sobre la universidad del futuro, para un escenario que va a requerir de educación permanente durante toda la vida. Yo dirijo la Cátedra Unesco “Educación y Futuro en América Latina” en la UNTREF. Esta preocupación no está en la agenda de las universidades ni del Gobierno, que debería estar muy interesado en esto. Entonces la discusión que tenemos es si está bien que un profesor gane 300.000 pesos. Es una cifra absurda, algo que no ocurre en ningún lugar del mundo. Un colega mío acaba de volver de Colombia, donde estuvo tres días dictando un seminario y haciendo una evaluación. Le pagaron casi el equivalente de lo que cobra en un año por su dedicación simple. Eso es lo que están visibilizando las universidades. Me preocupa que pueda haber una discusión plural. Y no este “debate” que tiende a destruir lo bueno –sea mucho o poco– que tiene la universidad argentina. El Gobierno se opone a actualizar los salarios docentes y pide que digan de dónde sacar los fondos. Pero no les pide lo mismo a la Justicia ni a los diputados y senadores, ni a los altos funcionarios del Poder Ejecutivo: ellos se aumentan sus sueldos, de varios millones, sin decir de dónde sale el dinero. Solo se les exige esto a las universidades y a los jubilados. Yo estoy en contacto con colegas de toda América Latina y de Europa. Están asombrados por la situación que está generando el Gobierno, porque la universidad argentina hasta ahora era un ejemplo para América Latina. Títulos intermedios, carreras más cortas, mayor articulación con la escuela secundaria, acompañamiento de los estudiantes en los primeros años y más profesores de dedicación exclusiva forman parte de la agenda de mejoras que propone Fernández Lamarra. –En estos meses se habló mucho de los modelos universitarios de Chile y Brasil y de sus resultados en términos de acceso, eficiencia y calidad. ¿El sistema argentino podría tomar algunas lecciones de esas experiencias? –El modelo de Brasil tiene el 85% de su matrícula en universidades privadas. De ese 85%, el 60% está en instituciones que son sociedades anónimas, cuyas acciones cotizan en bolsa. Eso ha permitido, por ejemplo, que en Brasil se cree una universidad con más de 1 millón de estudiantes distribuidos en todo el país. Esas no son universidades, son entidades comerciales con niveles bajísimos de calidad. Tienen bajos precios, bajos niveles de exigencia y muchos clientes. En Chile, la queja principal es la falta de democratización. En las últimas décadas, el tema universitario y educativo fue motivo de intensos conflictos políticos. El actual presidente (Gabriel Boric) era uno de los líderes estudiantiles en esos conflictos. A diferencia de Chile, que conservó mucho de lo heredado de la dictadura de Pinochet, en Argentina Raúl Alfonsín tuvo la claridad de hacer que la universidad argentina se democratizase. Eso fue un logro. –¿Hoy Chile no tiene tasas de acceso a la universidad más altas que Argentina? –De ninguna manera. Sí cuenta con tasas de graduación más altas, porque al tener un ingreso estricto, muchos quedan afuera de entrada. Chile ha mejorado notablemente, con el actual presidente y con los anteriores. Está en un proceso muy interesante de democratización de la universidad, pero de ninguna manera tiene las tasas de acceso de la Argentina. También Uruguay ha avanzado bastante en la democratización. –Más allá del ingreso irrestricto y la gratuidad, los datos muestran que para los sectores de nivel socioeconómico más bajo no está resuelta la cuestión del acceso y mucho menos la graduación. ¿Qué habría que hacer para lograr una mayor inclusión? –Los alumnos de los sectores más bajos son candidatos a la deserción en el primer o segundo año. Además de los factores que ya mencioné (el nivel de la enseñanza media, la necesidad de los estudiantes de trabajar a tiempo completo), otro problema que tenemos en Argentina es que las carreras son muy largas. En Europa y en Estados Unidos, un bachelor (equivalente a una licenciatura) otorga un primer título universitario en cuatro años. Mi nieto ahora está cursando la licenciatura en Ciencias Ambientales en una universidad pública: tiene 53 materias. Es demasiado. Los posgrados también duran el doble o el triple que en cualquier otro país. La universidad argentina tiene que replantearse totalmente pensando en el futuro. Hay que pensar en títulos intermedios y en carreras más cortas, como sucede a nivel mundial. Hay que pensar en formas de enseñanza más acomodadas a los chicos que llegan de una enseñanza media muy floja. Hay que trabajar con la escuela secundaria en cada provincia; cada universidad debería articular con las escuelas de su zona. Hay que apoyar mucho a los estudiantes en los primeros años, con profesores especialmente capacitados para acompañar a los chicos que llegan de la secundaria sin la preparación necesaria. Es muy difícil hacer esto en un sistema donde más de 2 de cada 3 docentes tienen una dedicación simple y ganan alrededor de 300.000 pesos. Argentina es el único país donde la mayoría de los profesores son de dedicación simple; en México, Colombia, Chile y Brasil la mayor parte de los profesores son de tiempo completo. Un programa de mejora requiere más financiamiento. No puede hacerse recortando presupuesto, bajando los salarios o eliminando los fondos para investigar. Además de garantizar el financiamiento, hay que convencer a los rectores, decanos y profesores de que es necesario un fuerte proceso de mejora. Algunas universidades ya lo están haciendo. El 2 de octubre se realizó en todo el país la segunda Marcha Federal Universitaria, en rechazo a los recortes en el presupuesto, la caída de los salarios y el desfinanciamiento de la ciencia. –¿Cuán sostenible es el modelo actual del financiamiento universitario? ¿Sería viable por ejemplo implementar un arancel voluntario para quienes pudieran pagarlo? –En principio no me parece imprescindible. Creo que habría que buscar la manera de que las universidades generen ingresos a través del trabajo con la comunidad. Me parece que hay que replantear ampliamente el tema del financiamiento. Pero no sobre la base de tener uno de los presupuestos universitarios nacionales más bajos de América Latina, sino en el marco de un proyecto más amplio. China, por ejemplo, está creando permanentemente nuevas universidades, y dándoles más presupuesto, porque ellos quieren ser la primera potencia mundial. Para eso, están apostando por la educación y por el desarrollo científico y tecnológico. Saben que eso impacta luego en el ámbito productivo, industrial y económico. Acá estamos haciendo todo lo contrario: estamos recortando en educación y en la universidad. El presidente dice la inversión estatal en educación y ciencia es propia de un modelo socialista. Se equivoca: es lo que hace el modelo capitalista, lo que hace Estados Unidos. Los países desarrollados invierten en ciencia y tecnología alrededor del 3% de su PBI –y son PBI importantes–. Nosotros llegamos a invertir el 0,5% del PBI, o sea una sexta parte de lo que invierten los países desarrollados. Ahora debemos estar en el 0,2%. En vez de invertir más para crecer, invertimos menos para ser un país dependiente en lo científico y tecnológico. –¿Hubo en las últimas décadas un exceso de politización del sistema universitario, como plantea el Gobierno? ¿En qué medida la planificación del sistema respondió a necesidades genuinas? –La Ley de Educación Superior creó siete Consejos Regionales de Planificación de la Educación Superior (CPRES), que no se reúnen casi nunca, para coordinar las universidades de cada región con los respectivos gobiernos provinciales. Pero no bastaría solo con los gobiernos. Habría que reunirse también con el ámbito de la producción, con la Unión Industrial Argentina, la Sociedad Rural. Los grandes socios de cada gobierno deberían reunirse con las universidades para mejorar la producción y discutir las necesidades científicas y tecnológicas. Las políticas deberían salir no solo del gobierno, sino también de la sociedad, tanto en lo científico como en lo productivo. Hay que estimular el trabajo conjunto de la universidad con las empresas y con la sociedad de cada región. De esa manera vamos a tener una universidad ajustada a las necesidades actuales y las necesidades del futuro. Creo que el conflicto está mal planteado desde el Gobierno. Las universidades defienden lo más inmediato, que es el presupuesto. Pero es necesaria una convocatoria nacional, no solo entre gobierno y universidades, sino con todos los sectores sociales y productivos, para tener un verdadero plan de mejora de la universidad argentina. Insisto: para eso tenemos que disponer de presupuesto. –Más allá de los recortes, ¿reconoce alguno de estos lineamientos en la política universitaria del Gobierno nacional? –Ninguno. No veo ningún lineamiento de política universitaria. Leo los diarios, he leído declaraciones del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. Pero no veo una política de educación superior, no veo ideas más allá de esta pelea absurda, que está dejando en ridículo al gobierno y al presidente ante los ojos del mundo. Y más allá del Poder Ejecutivo, considerando lo que vimos esta semana en el Congreso, me preocupa la falta de racionalidad de la política argentina.
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