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Gualeguaychu » Reporte2820
Fecha: 09/10/2024 18:30
La diputada provincial Lorena Arrozogaray, presentó esta semana un proyecto de ley que propone la creación de fiscalías ambientales en la provincia de Entre Ríos. La Unidad Fiscal de Investigación de Delitos contra el Ambiente con sede en Gualeguaychú tendrá competencia en los departamentos Concordia, Villaguay, Federación, San Salvador, Colón, Uruguay, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy. Por otro lado, la unidad ubicada en Paraná abarcará los departamentos Paraná, La Paz, Diamante, Victoria, Nogoyá, Gualeguay, Federal, Feliciano y Rosario del Tala. Las nuevas fiscalías estarán encargadas de investigar delitos ambientales, promoviendo la acción penal para cesar cualquier daño ecológico. Los fiscales ambientales estarán apoyados por un Cuerpo de Investigación Científica, integrado por profesionales especializados en disciplinas ambientales con al menos cinco años de experiencia. Este cuerpo será clave para garantizar que las investigaciones cuenten con el respaldo técnico y científico necesario. El proyecto de ley encuentra su base en el artículo 41 de la Constitución Nacional, que consagra el derecho de todos los habitantes a un ambiente sano y equilibrado. Además, subraya la responsabilidad de las autoridades de proteger los recursos naturales y promover una gestión ambiental responsable que no comprometa las necesidades de las generaciones futuras. “La creación de fiscalías ambientales es una herramienta jurídica moderna y cada vez más necesaria en los fueros judiciales, para dar respuesta a las crecientes demandas por un ambiente más seguro y sustentable”, destacó la diputada Arrozogaray. Contexto nacional y local: una respuesta crítica a la gestión ambiental Este proyecto surge en un contexto donde las políticas ambientales nacionales han sufrido serios retrocesos, y es entendido como un paso fundamental para reforzar la protección del ambiente en el territorio de Entre Ríos. Dentro de este retroceso en medidas ambientales, debemos considerar, por ejemplo, la implementación del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) que pone en riesgo la soberanía ambiental de las provincias, al otorgar beneficios impositivos a empresas durante al menos 30 años, para la explotación de recursos naturales como el litio y cobre, GNL, energías no renovables, entre otros; limitando también, la capacidad de las provincias de sancionar leyes que protejan sus recursos naturales. Además, mediante el decreto 888, quedó eliminado el Fondo Nacional de Emergencias y el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos (FOBOSQUE), debilitando la capacidad de respuesta ante emergencias ambientales. Por otro lado, a nivel provincial, la justicia de Entre Ríos la semana pasada, declaró inconstitucional la prohibición del uso y venta de glifosato en el ejido urbano de Gualeguaychú, una medida que había sido implementada para proteger la salud de los ciudadanos y el medio ambiente. "Frente a estos retrocesos, la creación de fiscalías ambientales se vuelve una necesidad urgente para proteger la salud, el ambiente y el futuro de nuestra provincia, por eso esperamos que habiendo tomado estado parlamentario este proyecto, tenga pronto tratamiento en comisiones", sostuvo Arrozogaray.
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