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» Diario Cordoba
Fecha: 07/10/2024 12:07
El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, niega la intervención del Gobierno en la reforma legal para optimizar la cooperación judicial entre los Estados miembros de la UE en el ámbito de los antecedentes penales y por la que se descontarán a los presos etarras las penas que hayan cumplido en cárceles francesas. “Está en tramitación parlamentaria, nada que ver el Gobierno en eso”, según ha asegurado a los medios de comunicación tras reunirse este lunes con la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, evitando asumir el concurso del Ejecutivo sobre esta vieja reivindicación de EH Bildu. “Lo que hace es garantizar que se aplique la directiva europea y la normativa europea también en España”, ha justificado para remarcar que la modificación de la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea, salió adelante con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, “sin excepción”, incluidos PP y Vox. Como ha avanzado El Confidencial, haciéndose eco de una reforma que pasó desapercibida el pasado 18 de septiembre, conllevaría la rebaja de penas de cárcel para una cuarentena de presos de ETA y en algunos casos supondría su liberación. El titular de Justicia ha defendido, frente a las críticas ahora de la oposición, que la tramitación parlamentaria ha sido “absolutamente pacífica” y ha continuado en el Senado “donde ni siquiera ha habido enmiendas a ese proyecto de ley”. “Es decir, que esa tramitación parlamentaria que se ha producido de manera pacífica y totalmente unánime”, concluyó sin querer responder a más preguntas sobre esta cuestión. Desde el PP ha acusado al Ejecutivo de “engaño” y han avanzado que tratarán de vetarla en el Senado. Con todo, la trasposición de esta directiva europea irá al BOE, aun con el rechazo de la Cámara alta, y entrará en vigor a los 20 días de su publicación. Su vicesecretaria de Movilización y Reto Digital, Noelia Núñez, ha apuntado que estudiarán "todas las herramientas jurídicas, políticas y parlamentarias para evitar que esto se consume". En Ferraz ya respondieron esta semana a las críticas de Alberto Núñez Feijóo del “presos por Presupuestos”, tras concederse el tercer grado a dos presos de ETA, recopilando las declaraciones del expresidente, José María Aznar, a favor de la negociación para fin de la banda o de gestos como el acercamiento de presos. Incluso en los momentos de más dudas, como cuando condenados por delito de sangre formaron parte de las listas para las últimas elecciones municipales, el Gobierno se limitó a avisar, antes de que renunciasen, sobre que la decisión sería "legal, pero es incompatible con su normalización en la vida pública". Ley mordaza EH Bildu daba un salto cualitativo en sus acuerdos con el Gobierno al conseguir desbloquear la semana pasada la reforma de la ley mordaza. Una bandera que ambicionaba todo el arco progresista. Estos acuerdos con el Gobierno en reivindicaciones históricas de la izquierda han contribuido a acelerar la normalización institucional de EH Bildu. Con la nueva aritmética parlamentaria, en la que todos los socios son imprescindibles para garantizar la legislatura, Sánchez ha apostado por el equilibrio en el reparto de banderas. En el PSOE son conscientes de que necesitan recomponer el puzle de la investidura para allanar los Presupuestos y contentar a todos, aun a costa de asumir una subida en el precio de los apoyos por la espiral competitiva. De hecho, el acuerdo con EH Bildu para derogar algunos de los artículos que consideran más lesivos de la ley mordaza, y a lo que se habían opuesto ahora los socialistas, y principalmente el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha generado tensiones en el PNV.
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