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Parana » Pagina Politica
Fecha: 03/10/2024 21:31
Jorge Amilcar Luciano García fue a la comisión de Legislación General del Senado que preside el radical Jaime Benedetti y dejó en claro a los presentes que no está de acuerdo con la reforma al Código Procesal Penal de Entre Ríos que plantea fijar tiempos en las investigaciones en el marco de lo que se conoce como “plazos razonables”. El procurador general, junto a su par del Ministerio Público de la Defensa Maximiliano Benítez, fueron convocados para este miércoles para que brinden su opinión en el marco de una ronda de consultas que comenzó con el secretario de Justicia, Martín Acevedo Miño, como lo reveló oportunamente Página Política. Los cambios son sensibles para el proceso penal. Las modificaciones se encuentran en el artículo 45, que modifica el 212 y el 81 que modifica el 223. Dice el 212: “Apertura de causa. Decretada la apertura de causa, el Ministerio Público Fiscal podrá realizar las medidas probatorias que considere pertinentes con miras a satisfacer los requisitos de la formalización de la imputación. En el decreto de apertura de causa, el fiscal deberá efectuar una breve descripción del hecho, situándose en tiempo y lugar en cuanto fuere posible. El plazo para formalizar la imputación no podrá exceder los tres (3) meses, contados desde el decreto de apertura de causa, prorrogables hasta el mismo término, mediante solicitud fundada ante el juez de garantías”. Y agrega: “Si en el curso de la investigación surgiere que el hecho es diverso o más complejo, el fiscal deberá modificar la apertura de causa, incorporando una nueva descripción, formalizando de inmediato la imputación”. Dice el 223: La Investigación Penal Preparatoria tendrá una duración máxima de un año desde la primera formalización de la imputación. Cumplido dicho plazo sin haberse requerido la remisión a juicio, el Ministerio Público Fiscal, el querellante y la defensa técnica podrán solicitar prórroga, por única vez, al juez de garantías o, en su caso, la clausura provisoria”. En primer lugar, García reprochó a los presentes haberse enterado del proyecto cuando ya estaba presentado. La iniciativa ingresó al Senado el 4 de abril de 2023. La queja, entonces, es para Gustavo Bordet, de quien el procurador no tiene la más mínima simpatía, como ha dejado trascender. Más allá de que el Poder Legislativo o un gobernador tenga que anticipar al procurador o funcionario judicial que presentará un proyecto (aunque luego se lo convoque para escuchar su opinión), lo cierto es García cuestionó la reforma: “Compromete al Poder Judicial de Entre Ríos en los tratados internacionales de tutela reforzada en el caso de investigaciones que tengan que ver con delitos muy graves como delitos de corrupción, de abuso de niños o de violencia contra la mujer”. Para el jefe de los fiscales, con este proyecto “se intenta dar un cierre a este tipo de investigaciones con el sobreseimiento donde las víctimas y la sociedad quedarían defraudadas ante un quebranto muy grave”. Además, dejó dicho que esa reforma tiene como autores al Superior Tribunal de Justicia (STJ) y abogados penalistas. No dio nombres, pero en un bingo en los alrededores de Plaza Mansilla daría un sinnúmero de ganadores. No obstante, García sostuvo que “debe discutirse con más profundidad, sobre todo en el aspecto de su inconstitucionalidad”. No habrá reforma del Código Procesal Penal en su artículo 45, entonces. Ni Juntos por el Cambio ni el peronismo van a ir en contra de quien tiene el monopolio de la persecución penal en todo el territorio provincial y que, además, ya adelantó de alguna manera su postura en caso que tenga que dictaminar por alguna presentación sobre la constitucionalidad. El procurador les dejó la tarea de que se convoquen a otros actores de la comunidad judicial, como universidades, colegios, especialistas. Benítez, según reconstruyó este medio, dijo cosas ambiguas que fueron leídas en positivo sobre la reforma, pero que no se animó a expresarlas con contundencia para no desentonar con García. Este proyecto que se presentó el año pasado, pero que por iniciativa del oficialismo se decidió ponerlos en debate y avanzar, deviene del fallo Cozzi, donde la Sala Penal del STJ fijó “plazos razonables”, de tres meses, para tramitar una investigación penal, aunque con posibilidad de prórroga. Hace unas semanas, el juez Elvio Garzón se refirió a los tiempos de la Justicia para resolver un caso. “Han tenido a mucha gente – como se dice- a la parrilla y sobre todo a funcionarios públicos que han tenido una denuncia, con investigaciones que se demoraron y se pudieron haber hecho más rápido”, dijo el juez que en su momento sobreseyó al ex vicegobernador Héctor Alanis, porque el hecho de malversación de caudales estaba prescripto. García modificó la carátula transformando la figura en peculado, aunque sin cambiar el hecho, y consiguió que la Sala Penal revoque luego de tres años. El caso Alanis es escandaloso, entre la denuncia y la condena pasaron 18 años. La comisión espera como próximo invitado a Julio Federik, en carácter de autor del Código. Interesante, además fue el defensor de Alanis. Fuente: Página Política
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