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Parana » APF
Fecha: 03/10/2024 20:30
Así lo anunció el vocero presidencial quien explicó que “no” están en contra de darle más presupuesto a las Casas de Altos Estudios, sino “de asignar una partida presupuestaria sin saber a dónde va a parar el dinero”, por lo que reiteró la necesidad de auditarlas. Por otro lado, aseguró no saber cómo votará cada bloque. jueves 03 de octubre de 2024 | 19:45hs. Ante la posibilidad de que el Congreso de la Nación ratifique la Ley de Financiamiento Universitario ante el veto firmado por el presidente Javier Milei, desde el Gobierno ya anticiparon que recurrirán a la justicia y aclararon que “no” están en contra de la universidad pública y de darle más presupuesto, sino de “asignar una partida presupuestaria sin saber a dónde va a parar el dinero”, por lo que reiteraron la necesidad de auditarlas. Así lo confirmó este jueves el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa en Casa Rosada: “El Gobierno no está en contra de darle más financiamiento a las universidades, de hecho, somos grandes defensores de la universidad pública. Lo que estamos sí en contra es de asignar una partida presupuestaria sin saber a dónde va a parar el dinero”, y explicó: “Esos hechos, durante muchísimos años en Argentina, nos han hecho mucho daño. Fue el vehículo que nos trajo hasta donde estamos hoy y, la verdad, es que el no saber el aplicar algo donde no tenemos el dinero va a perjudicar a todos los argentinos”. El portal de noticias legislativas Parlamentario informó que el vocero planteó que “el lugar para discutir la partida existe y es el presupuesto 2025 y el ámbito para discutirlo es el Congreso Nacional donde invitamos a la política a debatir en ese marco sin demagogia, entendiendo que las universidades deben ser auditadas porque hay algo básico que la universidad pública es sostenida con los impuestos de los contribuyentes y merecen saber a dónde va su dinero”. Además reiteró que “eso no implica que se esté en contra de la universidad pública. Jamás estuvo ni se estará en contra de la universidad pública porque entendemos el valor que tiene para todos los argentinos”. Marcha universitaria Al ser consultado por la multitudinaria marcha que hubo en todo el país en defensa de la educación universitaria pública, el vocero expresó: “Hubo mucha gente que se expresó de manera absolutamente genuina y que, lamentablemente, tuvo que compartir espacio con la hipocresía de Sergio Massa que le quitó 50,000 millones de pesos al presupuesto educativo y estoy hablando de pesos no de hoy, sino de hace mucho tiempo atrás, y les dejó un 211% de inflación anual que, encima, es lo que explica la pérdida de poder adquisitivo de la que por supuesto se quejan muchos sectores, especialmente los universitarios”. También apuntó contra el senador radical Martín Lousteau que “dice defender a los docentes, pero no tuvo absolutamente ningún prurito en levantar la mano para cobrar nueve millones de pesos, nueve veces más que un docente”. “También estuvieron en la marcha Rodríguez Larreta, Elisa Carrió y otros personajes menores de la política cuya alianza en un frente de izquierda demuestra la debilidad del sector”, criticó y chicaneó: “Estuvo hasta Moyano. Vaya a saber qué tiene que ver Moyano con el reclamo del Genuino de las universidades”. El veto a la ley Adorni hizo hincapié en el artículo 38 de la Ley 24.156: “en lo específico de administración financiera y de los sistemas de control del sector público nacional exige de forma expresa que toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar la fuente de los recursos a utilizar para su financiamiento”. Además, se respaldó en el Reglamento interno de la Cámara de Senadores: “Esto no existe en Diputados, en su artículo 126 prevé que todo proyecto de manera textual que importe gastos, incluirá en sus fundamentos la estimación de tales erogaciones e indicará la fuente de financiamiento a fin de justificar la viabilidad del mismo. De no ser así, no se discutirá en las sesiones de la cámara hasta tanto la omisión no sea subsanada por él o los autores del mismo”. El vocero sostuvo que el impacto total del proyecto constituiría un total 1.5 billones de pesos que “afectaría el equilibrio de las cuentas públicas”, y explicó que cuando se afecta el equilibrio de las cuentas públicas hay tres maneras de financiarlo que las tiene que indicar el Congreso. “Una es la emisión monetaria, que no estamos dispuestos a hacer, porque nos ha traído hasta estos niveles de inflación descontrolados y al haber estado en riesgo de una hiperinflación que hubiese llevado a la Argentina a un mar de pobreza. La otra alternativa es endeudarse, que tampoco estamos dispuestos, porque esto es un tema que no se resuelve condenando a las generaciones futuras al pago de nuevos impuestos para pagar la deuda que hoy se toma y, además de eso, la tercera alternativa que habría es subir impuestos”, detalló. El vocero informó que de acuerdo a los últimos datos del 2022: “Del total de estudiantes registrados, hay inscriptos un millón de los que 750,000 estudiantes, o sea, el 40,6% solamente era alumno regular, o sea unos 710,000 el 20% tenía una materia aprobada o ninguna y hay un llamativo 38,4% de alumnos que no se tiene información o sea hay 671,000 alumnos y un poquito más que no se tiene información”. “Somos el país con menor cantidad de recibidos dos entre 25 y 34 años. También hay casos particulares bastante escandalosos como el Instituto Universitario Nacional de Madres de Plaza de Mayo que recibía 1500 millones de pesos del Estado durante la gestión anterior y solo tuvo obtuvo 16 egresados como resultado”, cuestionó. Respecto del futuro del veto en el Congreso, Adorni dijo “no saber” cómo van a votar y negó que eso se haya hablado en la reunión de Gabinete. Sin embargo, adelantó: “Ante un revés está la posibilidad de ir la justicia no hay nada descartado. Recurrir a la justicia es una herramienta que tiene el Gobierno cuando ve una ilegalidad”. Además, afirmó que no iniciaron diálogo con el bloque PRO, uno de los llamados espacios dialoguistas, y reiteró: “No sabemos cuál será el futuro de la ley y del veto, no sabemos cómo se van a suceder los hechos”. “Cada diputado es dueño de su opinión, de su voto y lo que haga cuando le toque votar. Con el Pro hemos trabajado juntos en un montón de cuestiones incluso en el veto a jubilados que tenía defectos como no especificar la asignación de recursos como pasa con la de universidades que rompe con el equilibrio fiscal y, tal vez, este veto tenga la misma lógica porque no propone de dónde salen los recursos. Es un tema legislativo y no sabemos qué va a hacer cada bloque”, explayó. “Esta discusión se termina si nos abren los presupuestos, se muestra en qué se gasta el dinero, cuánto se necesita, cuánto se gasta de más y se terminó la discusión”, precisó y apuntó: “Esto lo ha usado la vieja política para meternos en un debate de ‘universidad pública sí, universidad pública no’. Y ese no es el debate porque el 100 por ciento de los argentinos estamos de acuerdo con la universidad pública. Lo que algunos estamos de acuerdo es que también es universidad pública tiene que ser sana en términos de recursos, no tiene que usarse para hacer negocio con la política y tiene que ser efectivamente para tener los mejores profesionales del mundo”. (APFDigital)
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