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Parana » Radio La Voz
Fecha: 30/09/2024 13:49
Frente al discurso cada vez más lejano de “la casta” como destinataria del programa de recesión y ajuste, los últimos datos de pobreza muestran los niveles más altos en 20 años, y las personas mayores de 65 años encabezan el segmento donde más creció la miseria: la suba de alimentos, de medicamentos y de vivienda, sumado al veto a la recomposición de haberes llevó a que el 77% tenga ingresos insuficientes para subsistir. La pobreza creció 12,8 puntos solo en un año, la cifra más alta desde la crisis del 2001. Más de 30 millones de personas no tienen lo suficiente para llegar a fin de mes. Así, el plan de ajuste y recesión económica del gobierno nacional recae en la mayor parte de la población argentina que depende de su trabajo para sobrevivir. En este escenario, hay un segmento de la población que sufrió el impacto directo de las medidas de recorte del gasto, liberación desregulada de precios y desmantelamiento estatal: las y los adultos mayores de 65 años y más, el grupo etario donde más creció la pobreza en estos seis meses, con un aumento de 16,5 puntos, por arriba de la suba del nivel general. El costo social del programa en marcha queda en evidencia en las condiciones de vida de las personas mayores en el país que enfrentan un largo derrotero de informalidad laboral y precarización en la vida activa, que se traslada a la vejez con ingresos que no alcanzan siquiera a una canasta básica que para jubilados ronda los $912.500, cuatro veces más que un haber mínimo ($234.540). “Las y los mayores evalúan de modo mayoritario que sus haberes previsionales son insuficientes, que su salud desmejoró en los últimos tiempos, que en el futuro próximo su calidad de vida empeorará, que al no contar con apoyos ni cuidados de las entidades que los atienden, esas funciones seguirán siendo asumidas por cónyuges y otros familiares, que sus derechos no son respetados y finalmente que el sistema político no considera como prioritarios a los problemas de su sector, con implicancias para las futuras generaciones”, alertó un informe reciente del Instituto de Estudios y Formación (IEF CTA) que indicó que “más del 77% señala que jubilaciones y pensiones son insuficientes”. En el mismo sentido, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) expresaron “el deterioro de las condiciones de vida de los argentinos y argentinas no es producto de las fuerzas del cielo. Se explica por decisiones políticas concretas: licuaron jubilaciones y salarios mínimos, que no alcanzan para no ser pobre, frenaron obras en barrios populares, que daban trabajo y acceso a servicios básicos a 5 millones de personas y dejaron de enviar comida a 40 mil comedores, que alimentaban a miles de niños y niñas”. En esta coyuntura a su vez, “el 1% más rico se benefició con la reducción del impuesto sobre sus bienes personales, lo que cuesta al Estado el 0,61% del PBI. Mientras tanto, se recortó el 96% de los recursos destinados a garantizar servicios básicos al 10% más pobre”. Quién paga el costo del ajuste La cantidad de personas que vive por debajo de la línea de pobreza alcanzó en los primeros seis meses de 2024 a más del 50% de la población, esto es 12,8 puntos más que en el mismo semestre del 2023 (saltó de 40,1% a 52,9%) al tiempo que la indigencia se duplicó al pasar de 9,3% en 2023 al 18,1% este año. Si se consideran dichos porcentajes informados por la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC aplicados al conjunto total de la población (Censo 2022) esto implica que en el país al menos 24,9 millones de personas no cubren la canasta de bienes y servicios esenciales (más de 6 millones que hace un año atrás) y unos 8,5 millones no tienen lo básico para poder alimentarse (más de 4 millones que hace un año atrás). El primer dato oficial tras el inicio de la gestión de Javier Milei muestra que este indicador social se ubicó en su máximo en 20 años, es decir, cuando el país atravesó la crisis económica, política y social del 2001, con el estallido de entonces. Si se mira en el periodo más reciente, entre el segundo semestre de 2016 (inicio gestión Cambiemos) y el segundo semestre de 2023 (gestión Frente de Todos) la pobreza creció 11,4 puntos, es decir que, el gobierno de Milei hizo crecer en seis meses la pobreza por arriba incluso que en el periodo de las dos gestiones anteriores. “Argentina pasó de tener 30 puntos menos de pobres que la media latinoamericana en 2017 a estar casi igual en 2024. La tasa de pobreza por ingresos del primer semestre de 2024 (52,9%) es la más alta en 20 años. Desde 2017, cuando era del 25,7%, subió 27 puntos. Nunca en los últimos 30 años logramos estar por debajo del 25%”, analizó al respecto el economista Daniel Schteingart, director de Planificación productiva de Fundar. Detrás de estos alarmantes números las consecuencias directas se plasman en las condiciones de vida de la población. En relación, los datos difundidos recientemente dejan ver que el segmento de adultos mayores es el más afectado por el incremento de la pobreza en el país, con un aumento incluso más alto que la suba general. En detalle: en el grupo etario de 65 años y más, la pobreza alcanzó al 29,7% de las personas, un alza de 16,5 puntos contra el mismo trimestre de 2023, mientras que en la indigencia saltó 2,4 puntos (pasó de 1,6% a 4%). En ambos casos son los niveles mas altos de esta serie que inicia en 2016. Esto significa que hay más de millón de personas de la tercera edad en situación de pobreza, es decir, que no tienen lo básico para hacer frente a sus necesidades esenciales de alimentos y pago de algunos servicios. Al respecto, un informe elaborado por el Instituto de Estudios y Formación (IEF CTA) el Colectivo Gerontológico de ADISAC y el Núcleo de Innovación Social (NIS) sobre las características, experiencias y necesidades de las personas adultas mayores (rango de 64 a 94 años de edad) de la Argentina publicado este mes, muestra que predomina en este segmento una situación generalizada de precariedad y pobreza. En Argentina son más de 6 millones las y los beneficiarios de jubilaciones y pensiones de los que aproximadamente el 64% recibe la jubilación mínima. Es decir, son más de 3 millones de personas las que reciben un cuarto del dinero que necesitan para cubrir sus necesidades básicas. De acuerdo con los principales resultados de la encuesta: “las y los mayores evalúan de modo mayoritario que sus haberes previsionales son insuficientes, que su salud desmejoró en los últimos tiempos, sospechan que en el futuro próximo su calidad de vida empeorará, que al no contar con apoyos ni cuidados de las entidades que los atienden esas funciones seguirán siendo asumidas por cónyuges y otros familiares, que sus derechos no son respetados y finalmente que el sistema político no considera como prioritarios a los problemas de su sector, con implicancias para las futuras generaciones”. Respecto de los haberes previsionales hay que considerar primero que el valor de la Canasta Básica de los Jubilados se ubica en $912.584, según las estimaciones de la Defensoría de la Tercera Edad CABA (más de 200% de suba respecto de un año atrás) en una coyuntura donde más de la mitad del total recibe apenas $234.540 (más bono de $70.000), es decir, tres veces menos que lo necesario para subsistir, sumado a que las y los beneficiarios de la Pensión Universal para Adultos Mayores apenas reciben $187.632 (más bono), cuatro veces menos que el valor de la canasta esencial. En esa Canasta el gasto en Alimentos representó el 26% del total, seguido de Vivienda (22%) y Medicamentos (16%), entre los principales. Sobre ello, el impacto de la suba sostenida de precios y el deterioro del poder de compra de los haberes llevó a que “el 77% de la muestra señalara que jubilaciones y pensiones son insuficientes” lo que evidencia “una disconformidad prevalente para con los montos de los haberes previsionales recibidos”. Se suma el impacto del reciente veto del gobierno nacional a la actualización de la movilidad jubilatoria que intentaba hacer que recuperen parte del poder adquisitivo perdido al inicio del año, tras la mega devaluación del 118% en diciembre. Por su parte, según el IEF-CTA, en cuanto a la evolución de su salud a lo largo del último año algo “más del 50% de las y los encuestados señalaron que ha empeorado y un casi 32% refiere que ha mejorado”, tales “percepciones subjetivas podrían estar correlacionadas con un empeoramiento en la provisión de servicios sociosanitarios, dirigidos a este colectivo etario, en lo que refiere a la calidad, efectividad, equidad, disponibilidad, accesibilidad y aceptabilidad de los mismos”, analizaron. Asimismo, al ser consultados sobre cómo ven su calidad de vida hacia adelante, un 57,8% estimó que empeorará, mientras que un 30,2% valoró que no se registrarán cambios y un 11,35% que mejorará. Otro dato interesante que arrojó el informe en cuestión indica que, ante la pregunta sobre la prioridad otorgada por los gobernantes a los problemas de las personas mayores, el 73,2% se inclinó por considerar que “no eran prioritarias dichas problemáticas para los gobiernos” mientras que un 26,8% indicó lo contrario. De acuerdo con las organizaciones que realizaron el relevamiento “esto se hace sentir a través de la suma de estereotipos, prejuicios y discriminaciones que se vectorizan contra este colectivo, justificando el rechazo o bien de la permanente postergación de las soluciones que exige este sector ante problemas de primera necesidad (salud, haberes previsionales, seguridad en sentido amplio y otros) sobre los cuales el sistema político, es esquivo, ambiguo u en ocasiones hostil a una seria consideración”. La precarización laboral: impacto presente y futuro El Gobierno nacional oficializó la reglamentación de la reforma laboral contenida en la Ley Bases mediante la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 847/2024. "Hace 10 años que no se crea empleo de calidad” repitieron este año, en varias oportunidades del debate, funcionarios del actual gobierno nacional al mismo tiempo que legisladores propios y aliados aseguraron que los cambios ahora vigentes buscan “crear empleo de calidad”. Sin embargo, lejos de hacer frente a los problemas del mundo del trabajo, especialistas del mundo laboral advierten que los cambios introducidos terminarán por legalizar las prácticas de fraude laboral ya existentes afectando no solo el presente laboral más inmediato (con más de 7% de desocupados, 180 mil empleos privados menos y deterioro salarial generalizado) sino y, en relación, las historias de vida laboral que impactan luego en las posibilidades de acceso a una jubilación en condiciones dignas. En lo concreto, la nueva figura del “trabajador independiente con colaboradores” agravará un escenario que se pasó por alto en el debate: el 55% de los trabajadores que están en la informalidad trabajan hoy en empresas que tienen hasta cinco empleados, según advirtió un informe del Centro de Capacitación y Estudios sobre el Trabajo y el Desarrollo (CETyD) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Tal régimen, así como la eliminación de las multas por no registración podrían entonces generalizar prácticas abusivas, fijándolas como la “nueva norma” del trabajo. Con el sistema de colaboradores podría entonces legalizarse la informalidad al reemplazar la relación de dependencia regida por la Ley de Contrato de Trabajo por la contratación de servicios. “La reforma no combate la informalidad la legaliza ya que, en vez de formalizarlos, permite que los contraten como monotributistas”, vienen alertando desde el CETyD. Por su parte desde el Instituto de Estudios y Formación (IEF CTA) pusieron el ojo en la implementación del fondo de cese que sustituyen la indemnización por despido ya que “los sindicatos y las cámaras patronales van a tener la llave para entregar las indemnizaciones por despido que pueden ser reducidas a la nada e incluso ser financiadas con aportes de los trabajadores”. En lo concreto indicaron que “la reglamentación va mucho más allá de habilitar el reemplazo del viejo sistema por algo similar a lo que hoy existe en la construcción. A partir de ahora el monto, plazos y modalidades de las indemnizaciones por despido dependerán de lo que se negocie en el convenio colectivo”. Esto implica que “quedan habilitados para regular la indemnización por despido como quieran. Pueden variar su monto, plazos y modalidad de pago. Bajarla un 50% por ejemplo, o permitir su pago en cuotas”. En resumen, “el régimen de indemnización por despido pasa a depender de la negociación colectiva sin ningún piso mínimo. El Estado se desentiende por completo de su obligación de garantizar el derecho constitucional a la protección contra el despido arbitrario (art. 14 bis Constitución Nacional)”. En el caso de los empleadores “si no les gusta lo negociado pueden sencillamente decidir que van a seguir rigiéndose por el viejo régimen (indemnización por despido equivalente a un mes de sueldo por año de antigüedad)” lo mismo para los trabajadores “pueden rechazar, al momento de firmar su contrato, la aplicación del fondo de cese” pero la “libertad” de elegir implicaría seguramente “que no sean contratados”. Tener en cuenta el impacto de la reforma laboral en las condiciones de trabajo actuales es clave también si se considera que los niveles de informalidad en el mercado de trabajo argentino (que no son nuevos pero podrían ahora verse agravados) limitan las posibilidades de acceder a la jubilación para las personas que alcanzan la edad de retiro y sobre todo para las mujeres que suelen acumular menos años de aportes y percibir haberes jubilatorios inferiores: en promedio, por cada 100 pesos que percibe un varón por una jubilación sin moratoria, una mujer recibe 96. Esta brecha aumenta para la población con moratoria (más de la mitad del total de quienes acceden a una jubilación -65%- lo hacen vía esta herramienta). En otras palabras, pese a trabajar la mayor parte de los días de su vida en actividades que garantizan el funcionamiento de la economía nacional, las y los trabajadores argentinos enfrentan como adultos mayores cada vez más barreras para el acceso a un ingreso mínimo digno para la subsistencia en la vejez.
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