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Parana » Bicameral
Fecha: 25/09/2024 05:04
La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado de Entre Ríos se reunió este martes con el fin de avanzar en el análisis del proyecto de ley para que Entre Ríos adhiera al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y se constituya el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI). Estuvieron ante los legisladores representantes de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, de la Fundación CAUCE, de Apyme, y del Colegio de Arquitectos. La coordinadora del Área Incidencia y Democracia Ambiental de la Fundación CAUCE, Valeria Enderle, fue la primera en tomar la palabra. Manifestó el “rechazo absoluto y contundente” al proyecto en estudio. Enfatizó que “no coincide con la realidad de la gente y va en contra de la Constitución Nacional, en contra de los principios ambientales modernos”. La directora de CAUCE apuntó al “extractivismo sin límites que tiende a acrecentarse y dañará aún más la salud de nuestras poblaciones”. Desde la entidad sostienen que la adhesión al RIGI sólo beneficia a “los grandes capitales, promoviendo la concentración de la renta y la riqueza, destruyendo la economía local, las pequeñas y medianas industrias, y avanzando con la degradación ambiental en el territorio”. Desde la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, que se presenta como un espacio federal de activismo y militancia para la justicia ecológica y social, Enzo Culasso puso el acento en la “poli crisis civilizatoria, en el aumento de temperatura global, la pérdida de la biodiversidad, sequías, incendios”, y en este marco se preguntó “dónde está el beneficio para el pueblo en este modelo extractivista alentado por el RIGI, que genera riqueza para otras partes del mundo y acá quedan las consecuencias”. Desde el Colegio de Arquitectos y Urbanistas de Entre Ríos hicieron hincapié en las “dudas” que surgen del proyecto. Luego de hacer mención a diferentes obras en las que intervinieron con su aporte, manifestaron una serie de interrogantes que no encontraron respuestas en el marco del texto en análisis, como los riesgos sociales y los efectos en la provincia de las inversiones extranjeras. Por su parte, desde Apyme coincidieron en que “el impacto no está contemplado en el proyecto”. Luis Lozar, titular de la entidad, compartió la preocupación por el impacto ambiental e hizo referencia a la “competencia desleal” que se produciría, debido a la cantidad de beneficios impositivos que se pretenden otorgar a las grandes inversiones de más de 200 millones de dólares. “Sería la destrucción de las pymes porque no podemos competir”, enfatizó.
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