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  • La jueza del caso Supercopa llama a declarar el 3 de octubre como investigado al 'cerebro jurídico' de Rubiales

    » Diario Cordoba

    Fecha: 23/09/2024 14:23

    La jueza que investiga el caso Supercopa y sus piezas separadas ha llamado a declarar como investigado el 3 de octubre al abogado Tomás González Cueto, considerado el 'cerebro' jurídico del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales, también imputado en el procedimiento que instruye la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Majadahonda (Madrid). El que fuera abogado externo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) es un personaje clave en la trama, según se desprende de las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil adscrita al caso. Las intervenciones telefónicas y análisis de documentos realizados por los agentes dibujan su importante posición de poder dentro de la Federación, de la que se valdría para influir en la toma de decisiones de la directiva. Pagos extraordinarios Las pesquisas señalan a pagos extraordinarios que facturaría a la RFEF de forma independiente, contratación de agencias de detectives para servir a intereses personales de Rubiales, responsabilidad en la canalización de comisiones y posibles conflictos de interés dada su condición de comisionado de Control Externo, un puesto de nueva creación para el que fue nombrado por el presidente dimitido. Considerado la mano derecha jurídica del expresidente Luis Rubiales, defendía hasta que fue detenido por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en al menos 40 causas judiciales al organismo federativo. Un puesto en la FIFA Según confirmó la FIFA a este periódico, pese a que Cueto fue detenido por la Guardia Civil en la llamada operación Brodie, y acabó despedido por la Federación de su puesto, este letrado todavía mantenía hasta julio un puesto remunerado y de prestigio dentro del máximo organismo del fútbol internacional. Tras ser detenido, Cueto se negó a declarar porque en el momento en el que pasó a disposición judicial todavía no se le había comunicado que la RFEF había prescindido de sus servicios. Y por eso consideraba que estaba obligado a no declarar contra su cliente, pues entendía que esa posición le impedía cumplimentar este trámite, que ahora podrá llevar a cabo.

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