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Valle María » Vallemarianoticias
Fecha: 19/09/2024 04:02
El Ministerio de Salud de Entre Ríos dispuso un plazo de 30 días más para que familiares puedan decidir donde establecerán residencia las personas mayores que viven en el geriátrico “La Emilia II” de General Ramírez. La medida se tomó tras la clausura de la institución por graves irregularidades e incumplimiento de las normativas actuales. Cabe señalar que, a partir de las tareas de contralor que realiza el Ministerio de Salud de la provincia, se decidió dictar la clausura del geriátrico “La Emilia II”, ubicado en la calle Triunvirato de General Ramírez del departamento Diamante, tras constatar irregularidades en su funcionamiento. El plazo se estableció con el objetivo de articular con familiares y personas responsables la reubicación para la asistencia y cuidados necesarios, teniendo en cuenta la sensibilidad de la situación y priorizando el bienestar de los residentes. Clausura por graves irregularidades Vale recordar que el 29 de agosto se informó de la clausura del lugar, luego de constatar graves irregularidades en su funcionamiento. La medida fue adoptada a través de una resolución oficial que detalla las razones por las cuales se dispuso el cierre inmediato del establecimiento. Según el documento, la Unidad Ministerial de Programas y Políticas de Salud para Personas Mayores realizó una auditoría el 26 de enero de 2024 para verificar las condiciones en las que se encontraba la residencia. El informe concluyó que al ingresar al geriátrico se encontraron “33 residentes mixtos en un área común sin actividad programada, desalineados y con falta de aseo e higiene general, entre ellos tres residentes con discapacidad menores de 60 años”. Además, se destacó la “ausencia de seguimiento de las citadas personas y ausencia de profesionales”. El Ministerio de Salud precisó que “la institución La Emilia II no se encuentra con la habilitación municipal, seguro de responsabilidad civil ni servicio de emergencia”, lo que constituye una violación a las normativas vigentes. A pesar de que para el 18 de abril de 2024 la residencia ya contaba con la habilitación municipal, aún no había subsanado “la mayoría de las irregularidades detectadas el 26 de enero de 2024” y el número de residentes había aumentado a 35. El informe subraya que “una de las personas manifestó no tener voluntad de estar allí”. La resolución ministerial también resaltó que “el lugar no cuenta con el equipo de profesionales básicos, no presenta mejoras edilicias y se han agregado camas, llegando a 37”, lo que incrementa el riesgo para la salud de los residentes. Debido a estas circunstancias, el documento señala que se “sugiere la clausura del mismo”. En términos legales, el Ministerio de Salud concluyó que el geriátrico no cumplía con los requisitos de la Ley 10.932 en cuanto a planta física, personal y documentación de la propiedad. “No se cumplimenta con los registros exigidos normativamente respecto de los pacientes”, se detalla en la resolución. Asimismo, el artículo primero de la resolución ministerial dispone “la clausura efectiva del establecimiento denominado Residencia La Emilia II”, y menciona que el procedimiento será llevado a cabo por la Unidad de Personas Mayores y la Dirección General de Prestaciones del Ministerio de Salud. El artículo segundo advierte que, si se detecta algún delito o se impide el ingreso al geriátrico, “correspondería solicitar auxilio de la fuerza pública y, a través de la intervención de la policía, solicitar inmediata orden de allanamiento al juez de garantías de turno”. En esta línea, el artículo tercero establece que los familiares de los residentes sean contactados “mediante comunicación telefónica” para proceder al “retiro inmediato de los adultos mayores”. Si no son retirados en un plazo de 120 minutos, o si el familiar no responde, “se procederá al traslado de los mismos a establecimientos asistenciales a cargo de este Ministerio”. Por último, se notificará a las autoridades pertinentes, incluyendo la Dirección de Salud Mental, el Instituto Provincial de Discapacidad (IPRODI), el Ministerio de Desarrollo Social y la Municipalidad de General Ramírez, para coordinar las acciones necesarias y asegurar el bienestar de los residentes. Análisis
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