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» El litoral Corrientes
Fecha: 18/09/2024 23:51
Con argumentos que ponen a la imputada frente a un largo camino por los tribunales, la justicia federal fue otra vez el escenario de un tropiezo para la escribana Gladys Dionisia Báez, moradora de la cárcel de mujeres de Corrientes por una serie de hechos vinculados con la falsificación de documentos. Báez, comprometida desde la década pasada con la Justicia por introducir datos falsos en la escritura de una casa, cuenta en su prontuario con tres procesamientos y al mismo tiempo es investigada -y fue indagada- en otras dos causas penales. Para los fiscales que se ocupan de sus expedientes, los hechos -similares en todos los casos- representan una "conducta reiterada" en Báez, con lo cual demuestra una "falta de capacidad de respetar y comprender la ley", indicaron. En las últimas horas la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes le propinó un doble revés a su pretensión de resolver una discordia con la ley penal mediante una probation. Por un lado, los camaristas Mirta Sotelo y Luis González, previo dictamen del fiscal Carlos Scahefer, rechazaron el recurso de apelación interpuesto por la escribana frente al procesamiento que se le impuso por la presunta falsificación de una firma en la transferencia de un vehículo Renault Kangoo. Báez fue condenada en 2022 a 3 años de prisión en suspenso, por falsedad ideológica en el marco de su participación en una maniobra con viviendas. Y por otro, el cuerpo rechazó un recurso de apelación presentado por la defensa de la escribana luego de que un juzgado de primera instancia le diera la espalda en su pedido de declarar la extinción de la acción penal y en vez de someterse al proceso, admitir su culpa y pagar una reparación al daño causado. El daño: violentar la fe pública, al fraguar documentos con su sello notarial, en el marco de una expediente en el que también está procesado un hombre identificado como Pablo Jorge Martínez. Se los acusa de ser autores del delito de uso de documento público falso destinado a acreditar la titularidad de dominio y la habilitación para circular con vehículos automotores, una figura penal cuya pena oscila entre los tres y los 8 años de prisión. Se trata de un expediente que viene de 2022. Ya el 23 de agosto, la Cámara, con la firma de la jueza Selva Spessot, revirtió una medida tomada en mayo último por la jueza de Goya Cristina Pozzer Penzo en primera instancia, a través de la cual Báez logró la suspensión de un juicio y le aceptan un pago de $300.000 como reparación del daño. La suspensión del juicio a prueba, como se denomina esa instancia que Báez buscaba, resulta en un beneficio ya que, por un lado, no recaería una nueva condena sobre su ya abultado legajo, sino que también evitaría que -de haber- se unifiquen condenas al vincularse ese delito investigado en Goya con otros de similares características.
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