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Concordia » Entre Rios Ahora
Fecha: 14/09/2024 04:30
La Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos se reunió con tres magistrados de distintas jurisdicciones que han sido denunciados ante el Jurado de Enjuiciamiento, y no sólo les dio su respaldo sino que además pidió «control» de las entidades que regulan la profesión de la abogacía para que no se desnaturalice el instituto del Jury en Entre Ríos. La Asociación de la Magistratura reunió a los jueces Civil y Comercial, Francisco Marquez Chada, y de Familia, Juan Eduardo Lloveras, de la jurisdicción Victoria; Raúl Damir Flores, juez de Familia de La Paz, quienes fueron denunciados ante el Jurado de Enjuiciamiento. Lloveras y Flores fueron denunciados por el abogado victoriense Carlos Guillermo Reggiardo; Marquez Chada, por Raúl Miguel Ghione. «Todos coincidieron en la importancia de tal organismo constitucional para resguardar la función jurisdiccional ante profesionales del derecho que pretenden desnaturalizarla, con denuncias repetidas e infundadas», alertó la Asociación de la Magistratura tras reunirse con los tres jueces. «Desde la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial ratificamos y enfatizamos -una vez más- que la puesta en marcha del procedimiento para el enjuiciamiento de magistrados, magistradas, funcionarios y funcionarias judiciales sólo se justifica frente a la comisión de hechos o la adopción de actitudes que revelen un intolerable apartamiento de la misión a ellos confiada, con daño evidente del servicio y menoscabo a la investidura judicial», plantearon. El abogado Carlos Guillermo Reggiardo denunció ante el Jurado de Enjuiciamiento a dos jueces de Familia: Juan Eduardo Lloveras, de Victoria; y Raúl Damir Flores, de La Paz, en ambos por supuestos cruces y relaciones entre los magistrados denunciados y personas que han investigado en distintas causas que han recaído en sus despachos. Reggiardo les reprocha a Lloveras y Flores mal desempeño y pide la apertura del proceso de remoción, se los suspenda en el cargo y, eventualmente, sean removidos de sus funciones. En el caso del juez de Familia de Victoria, Reggiardo incluye la situación de otros dos funcionarios judiciales: el juez de Garantías José Alejandro Calleja, y su pareja, la fiscal Flavia Villanueva. “No se debe recurrir a la figura del jury para dirimir aquellos conflictos que pueden tener solución dentro del mismo proceso, por las vías legales pertinentes; ni por las discrepancias por lo resuelto y/o actuado por alguno de aquellos/as”, subrayó la Asociación de la Magistratura. “En todos esos casos, cualquier persona constituida como parte en un juicio, así como los y las profesionales de la abogacía litigantes, cuentan -siempre- con instrumentos procesales idóneos -recursos- que se pueden utilizar para cuestionar las decisiones judiciales que entienden injustas o equivocadas”. E instó “a las instituciones públicas, estatales o no, que tienen la obligación legal de controlar y garantizar el ejercicio ético de la profesión de la abogacía, a tomar las medidas correspondientes y necesarias para evitar la continua obstaculización del servicio de justicia por parte de profesionales que, sin más, recurren a aquella instancia constitucional para condicionar a un Poder del Estado y/o sus integrantes. También -nuevamente- a los poderes Ejecutivo y Legislativo provincial, poniéndonos a disposición para trabajar en torno a la modificación de la Ley de Jurado de Enjuiciamiento -N° 9283-, con el fin de evitar el abuso irresponsable de las presentaciones ante tal organismo de control, del que ya hemos puesto en su conocimiento de manera reiterada”. De la Redacción de Entre Ríos Ahora
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