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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 13/09/2024 12:41
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El Senado durante la sesión de ayer para el debate de la Ley de Financiamiento Universitario “Estamos muy contentos porque el Senado, en su amplia mayoría, aprobó la ley del financiamiento de universidades”. Con un claro optimismo, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, afirmó en una entrevista por Radio Continental que, a diferencia de lo que sucedió con la ley de movilidad jubilatoria, ve difícil que el Gobierno llegue a la cantidad de votos para sostener un eventual veto presidencial en el Senado. “Esta ley (Financiamiento Universitario) tiene un costo del 0,14% del PBI que es similar a lo que el Gobierno dejó de percibir por bajar los bienes personales y equivale a un poco más de la mitad que sale mantener el régimen de privilegio de Tierra del Fuego”, sostuvo el exlegislador del bloque Evolución Radical. Y argumentó: “Hay que actualizar por inflación los salarios de los profesores e investigadores que vienen sufriendo un terrible ajuste en el poder adquisitivo de su salario. En lo que va de 2024, perdieron entre el 35 y el 55%. Un profesor con dedicación exclusiva de 40 horas semanales está ganando, neto, 840 mil pesos, su salario está por debajo de la línea de la pobreza. Otro caso, un residente universitario del (Instituto de Oncología) Roffo, está cobrando 750 mil pesos, y un trabajador no docente, que entra con la categoría más baja, está en los 470 mil pesos”, informó. El Instituto de Oncología Angel H. Roffo, al cual Yacobitti citó en la entrevista como modelo de trabajo Ante la pregunta sobre si la Universidad de Buenos Aires no rinde la cantidad de dinero que el Estado le otorga, Yacobitti contestó con firmeza. “Es totalmente falso, la UBA rindió cada seis meses los fondos ante la Contaduría General de la Nación, estamos acostumbrados a esto, porque el Gobierno está acostumbrado a mentir. Decían que no había auditorías de las universidades y, aparte de las auditorías internas, lo hace la Auditoría General de la Nación, permanentemente, es autónoma”, sostuvo. Además, agregó que los fondos para financiar las investigaciones en ciencia y técnica “están cortados”. “Hay investigaciones que se están parando como la que se está haciendo en el Roffo sobre la detección temprana del cáncer de páncreas. También el Centro Argentino de Protonterapia (trabajo en conjunto del Instituto junto a la Comisión Nacional de Energía Atómica) que cuenta con una tecnología para poder detectar y combatir el cáncer con mucha menos consecuencia sobre el organismo: está avanzado en un 90% y no se continuó desde principio de año”, en clara alusión al recorte presupuestario. Yacobitti durante una emisión de una radio abierta Para cerrar, dejó en alto la bandera de la UBA y demás universidades públicas. “Son las pocas cosas que el Estado puede demostrar que funcionan bien, incluso lo hace el Presidente cuando viaja por el mundo. Gran parte de los políticos de Argentina estudió en la universidad pública, sinónimo de que eso funciona en el país”, concluyó. Aprobación y posible veto presidencial La Ley de Financiamiento Universitario, aprobada ayer en el Senado, generó un amplio debate y dejó camino libre para un posible veto presidencial. La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estima un impacto presupuestario equivalente al 0,14% del Producto Bruto Interno (PBI), es decir, unos $738.595 millones. La norma, que obtuvo un holgado respaldo con 57 votos a favor, 10 en contra y una abstención en la votación general, propone una recomposición salarial para el personal docente y no docente desde diciembre de 2023. Además, establece la actualización de los créditos presupuestarios destinados a las universidades públicas, ajustados trimestralmente por la inflación y descontando previamente los aumentos otorgados durante el año. El Senado aprobó la ley de financiamiento universitario, en el Congreso de la Nación (Comunicación Senado) La OPC especifica que la ley obliga a adecuar el presupuesto inicial de 2024 con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2023, y a realizar ajustes bimestrales posteriormente. La normativa, si bien apunta a mejorar las condiciones salariales del personal universitario, también implica un significativo desafío fiscal para el gobierno.
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