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Parana » Radio La Voz
Fecha: 07/09/2024 12:53
Contradice el discurso oficial acerca de que "se debe trasladar a las tarifas que pagan las familias el costo real de la energía". Los aumentos de las tarifas de energía que en algunos casos llevan acumulado casi un 600% en lo que va del año, y que llevan a muchas familias a endeudarse para pagar las boletas, son justificados por el Gobierno con la explicación de que los hogares deben pagar “lo que realmente cuesta la energía”. Sin embargo, según describe un informe especializado, "la actual gestión energética ha adoptado una posición pasiva, dejando de lado oportunidades clave para reducir costos y mejorar la infraestructura de los servicios energéticos. En lugar de utilizar los recursos estratégicos y las condiciones favorables del mercado para aliviar el peso sobre los consumidores, el gobierno ha preferido trasladar sus ineficiencias a los usuarios finales". "Las autoridades justifican estas subas de tarifas sin asumir la responsabilidad sobre las decisiones de política pública que influyen en la factura final que pagan los usuarios", sostiene el documento "Aumentos tarifarios: la falacia del costo real", publicado por la Fundación Encuentro. Según se describe en el trabajo, a pesar de comenzar el año con precios de energía históricamente bajos en dólares, en julio de 2024, el costo de la generación aumentó a 95,5 USD por MWh (mayor al de julio de 2023, y superior al promedio que se ha pagado entre 2013 y 2023). Así, el peso del pago de los servicios públicos de gas natural y energía eléctrica en relación con los ingresos para las familias de menores ingresos pasó de ser del 3,9% en noviembre de 2023 al 12,8% en agosto de 2024. "Se pasó de un sistema que focalizaba subsidios en las familias de ingresos medios y bajos, a uno que subsidia a todos los hogares residenciales. Con costos de generación crecientes, el gobierno no ha avisado a la fecha cómo va a continuar el camino de quita de subsidios para dar previsibilidad a las familias", explica. De acuerdo al informe, "la afirmación de que los usuarios deben pagar 'lo que realmente cuesta la energía' se convierte en una falacia que una falta de visión y compromiso con las verdaderas necesidades del país". ¿Cómo se componen las tarifas de energía eléctrica? Las tarifas que pagan todas las familias en Argentina reflejan la sumatoria de cuatro componentes claves: Generación. Es el precio con el que se paga la generación de energía y se encuentra regulado por la Secretaría de Energía de la Nación. Transporte. Incluye los costos asociados al traslado de la energía desde los puntos de generación hasta los de consumo. Distribución. Corresponde a las empresas que entregan la electricidad a los usuarios finales. Las tarifas de distribución están reguladas por el Ente Nacional Regulador de la Energía (ENRE) en el caso de las empresas EDENOR y EDESUR. El resto de las distribuidoras se regula según la provincia en que se encuentre. Impuestos. Incluyen cargas fiscales a nivel provincial y nacional. Entonces, cuando una familia paga la tarifa, está pagando estos cuatro componentes. Los “subsidios a la energía eléctrica” se producen: a) a nivel nacional, cuando lo que se paga por el componente “energía” no llega a cubrir lo que se debe pagar a las empresas generadoras de energía (que se representa en el “precio monómico”)¹ b) a nivel de cada jurisdicción cuando lo que se paga por la distribución (lo que se denomina “Valor Agregado de Distribución” o VAD) no cubre los costos de las empresas2. El discurso que el Gobierno intenta consolidar afirma que se debe trasladar a las tarifas que pagan las familias el costo real de la energía. Sin embargo, "esto esconde que el valor de esa energía no viene “dado” sino que está íntimamente relacionado con las decisiones de política que se tomen desde el mismo gobierno". Hay dos posiciones que puede adoptar el Estado para reducir la cuenta de subsidios energéticos en las que las tarifas reflejen el costo “real” de la energía. La primera es una posición pasiva, en la cual las autoridades optan por no involucrarse en la determinación del costo y sólo se concentran en trasladarlo, cualquiera sea el valor, a las tarifas de las familias. El documento muestra que la gestión actual de la Secretaría de Energía partió de una posición favorable al contar con precios relativamente bajos de generación de energía en comparación con administraciones anteriores. Sin embargo, la Secretaría evitó tomar decisiones que permitirían en el corto y mediano plazo asegurar precios más bajos en la generación de energía. A saber: • Retraso en las obras complementarias del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. A pesar de las previsiones climáticas, la Secretaría optó por retrasar la finalización de obras clave complementarias al gasoducto inaugurado en 2023. Esto limitó la capacidad de transportar gas de Vaca Muerta a diferentes regiones del país, obligando al gobierno a depender de insumos importados más costosos. • Decisión tardía de importar GNL. A pesar de contar con información desde enero, la Secretaría postergó la compra de GNL hasta último momento, lo que resultó en la necesidad de adquirir gas a precios elevados en el mercado internacional y puso, en mayo de 2024, en riesgo de desabastecimiento de gas a todo el país3. Esta falta de previsión incrementó los costos de generación y, por ende, las tarifas o subsidios necesarios para compensar estos costos. Conclusiones del informe A lo largo de 2024, las tarifas de energía eléctrica para algunas familias han experimentado aumentos de hasta un 600%, sin que estos incrementos se traduzcan en una reducción efectiva de los subsidios ni en una cobertura completa de los costos de generación. Esto no solo contradice la narrativa oficial, sino que agrava la situación económica de los sectores más vulnerables. La ausencia de un plan claro para el período post-transición y la falta de un cronograma detallado sobre la implementación del esquema de Canasta Básica Energética (CBE) generan una incertidumbre que impacta negativamente en la capacidad de las familias para planificar su economía. En lugar de ofrecer la previsibilidad y gradualidad prometidas, el gobierno ha optado por medidas que, lejos de mejorar nuestro sistema energético, trasladan los costos de su ineficiencia a los usuarios finales. Además, la decisión de desacoplar los aumentos tarifarios de los incrementos salariales mediante la eliminación del vínculo con el CVS muestra un claro desinterés por proteger el poder adquisitivo de los hogares. Esta postura no solo incrementa la carga financiera del pago de servicios esenciales sobre los consumidores, sino que también pone en riesgo la viabilidad del acceso a servicios básicos como la electricidad y el gas para muchas familias. El gobierno se enfrenta a una encrucijada: continuar justificando los aumentos tarifarios bajo el pretexto de "pagar lo que cuesta la energía," mientras las decisiones de política energética no reflejan un compromiso real con la reducción de costos, o implementar un cambio radical en la estrategia, enfocándose en la gestión de los recursos energéticos que priorice la eficiencia, la transparencia y la equidad. Hasta ahora, las acciones tomadas sugieren que se ha optado por la primera opción.
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