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Parana » ER 24
Fecha: 25/08/2024 22:15
*EL MINISTRO «PERINOLA» QUE AGARRA TODO* PERINOLA TOMA TODO: Grieve es ministro y a la vez tiene otros tres “empleos” en la salud privada. El ministro de Salud Guillermo Grieve es socio gerente y director médico de una clínica de Paraná, a la cual el Estado provincial le paga sumas millonarias por la atención de pacientes que no tienen cobertura social. Además, se desempeña desde hace años como jefe del servicio de Terapia Intensiva del Sanatorio La Entrerriana y sigue atendiendo en su consultorio particular. La superposición de estos cuatro empleos, según revela un informe de la periodista Luciana Dalmagro para Análisis, muestra conflictos de intereses por todas partes, algunos de los cuales aparecen como violatorios de determinadas normas e incluso pueden encuadrar en delitos tipificados en el Código Penal. A la vez, el ejercicio part time del cargo de ministro al frente de una de las carteras más complejas no alcanza para el sistema de salud pública de la provincia, que presenta problemas graves. Las incompatibilidades de Grieve son tema de charla en ámbitos médicos, políticos y de la cartera sanitaria. Los comentarios datan de antes de ser ministro, cuando, en su rol de jefe del Servicio de Terapia Intensiva del Hospital San Martín, derivaba pacientes al centro de rehabilitación Caice, ubicado en calle La Paz en la capital provincial. *No obstante, la situación se puso en foco a partir de un reciente conflicto entre el Caice y el Iosper, en el que el doble rol de Grieve quedó en evidencia* La obra social aplicó en julio un incremento en los aranceles de las prestaciones para los afiliados de Iosper internados en Caice. Grieve, en representación de la institución privada, reclamó una suba mayor. Al no obtener una respuesta positiva, el ministro anotició a los familiares de los pacientes que no los podrían continuar atendiendo en el centro de rehabilitación. «Ya se vivió una situación similar al año pasado, cuando el doctor Grieve le expresó a familiares de afiliados internados en su centro de rehabilitación que el Iosper no otorgaba los incrementos que él requería, los envió a reclamar a la obra social y les avisó que, en caso contrario, dejaría de brindar las prestaciones. Este año pasa lo mismo, pero con la función de Grieve como ministro se hace difícil sopesar la situación”, dijo a Radio Plaza el presidente del Iosper, Fernando Cañete. También habló de “extorsión”. *La obra social de la provincia tiene actualmente 15 pacientes internados en la clínica de Grieve. La facturación del mes pasado fue cercana a los 40 millones de pesos por esa atención* «A mi juicio hay incompatibilidad, pero no soy yo quién para determinarlo. Ya estuve en conversación con el equipo de abogados de Iosper para saber si mi rol como funcionario público no amerita que haga una presentación ante algún organismo para cubrirme las espaldas. Porque si como funcionario detecto la posible comisión de un delito debo denunciarlo. Si no, voy a terminar siendo responsable yo”, advirtió Cañete. *APURAR LOS EXPEDIENTES* Además de los afiliados de Iosper, se atienden en Caice pacientes que no tienen cobertura social, que necesitan rehabilitación y que son derivados de los hospitales de la provincia. Llegan especialmente del San Martín de Paraná y el Masvernat de Concordia, que son los que tienen los servicios de terapia intensiva de mayor complejidad. Son pacientes que requieren este tipo de atención que el sistema público no les puede brindar y no tienen recursos económicos para afrontarlos. Se los denomina en la jerga administrativa “pacientes ministeriales” porque es el ministerio el que paga los gastos médicos a una serie de proveedores registrados, entre los que figura el instituto de Grieve. Caice es el único centro de rehabilitación de alta complejidad en la provincia. Lo sigue otro centro ubicado en la localidad de Galarza, que cuenta con menos prestaciones. “El problema no es que se deriven pacientes a Caice, que es señalado como el mejor lugar y no hay otras opciones. El problema es que Caice es de Grieve y que Grieve es ministro”, apunta una fuente de la Secretaría de Salud. Caice recibe todos los meses pacientes derivados de los hospitales. Tres o cuatro como mínimo. En el ministerio se conforma una carpeta médica con la derivación y se inicia un expediente en el que se incluye el diagnóstico y el tratamiento indicado. A mes vencido, Caice envía la factura detallando los medicamentos suministrados, los honorarios profesionales y las prestaciones. Los costos oscilan entre 4 y 10 millones mensuales por paciente, según se informó a este medio. Tras las correspondientes auditorías médicas y administrativas, el ministro firma una resolución mediante la cual autoriza el pago y los fondos se transfieren a una cuenta bancaria de Caice. «Grieve firmaba esas resoluciones para el pago a su propio centro médico hasta hace algunas semanas. Luego, quizás en un intento por emprolijar la situación, delegó esa tarea en el secretario de Salud, Daniel Blanzaco. Además, el ministro en persona se ocupa de apurar los expedientes de Caice y de sacar los pagos”, contó la fuente. Si cualquier empleado raso del Estado está impedido de ser proveedor de cualquier tipo de insumo o servicio, ¿cómo puede el ministro de Salud pagarle a su propia clínica para la atención de pacientes? Los cuestionamientos empezaron a crecer en las últimas semanas. Desde UPCN, luego de una reunión paritaria, la secretaria adjunta Carina Domínguez se refirió al tema y exigió “que el gobierno dé una explicación”. En la última protesta de ATE, en la puerta del edificio de calle 25 de Mayo, también se mencionó la situación y hasta hubo pancartas cuestionando “la fiesta del Caice”. Abogados con experiencia en administración pública consultados tienen visiones diversas sobre la situación de Grieve y respecto de la posibilidad de que se esté ante la comisión de un delito. El artículo 265 del Código Penal tipifica el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. Allí se establece que “será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo”. «Es negociación incompatible si el ministro interviene en la formación de la voluntad de la administración para celebrar un contrato con su empresa. Hay que ver qué sociedades integra y analizar cuál es su rol”, contestó un abogado especializado en administración pública ante la consulta de este medio. También acotó que es posible que la situación de incompatibilidad de Grieve se remonte a períodos anteriores, cuando era jefe de terapia del San Martín y él mismo firmaba las derivaciones para su centro de rehabilitación. «A Sergio Urribarri y a Juan José Canosa los condenaron por menos, dado que las empresas señaladas en las respectivas acusaciones de negociaciones incompatibles no eran propiedad de ellos”, comparó un penalista que interviene en legajos por delitos contra la administración pública ante la consulta, en referencia a las causas contra el ex gobernador y el ex titular de Sidecreer. Otro abogado que ha sido denunciante en causas de corrupción apuntó contra la “grave falta ética” que supone la situación de Grieve. “Debería renunciar de inmediato a esa sociedad médica, informar de ello públicamente y abstenerse de firmar ningún contrato que lo vincule. Tiene que dejar de aparecer de los dos lados del mostrador o renunciar al cargo de ministro”, opinó. La mención a la cuestión ética lleva a mirar por fuera del Código Penal, donde también hay otras normativas bajo cuya perspectiva se puede analizar el caso de Grieve, empezando por la Constitución de Entre Ríos. En su artículo 37º la Carta Magna provincial ordena a los funcionarios y empleados públicos de los tres poderes del Estado “abstenerse de intervenir desde la función en actos en los que tengan vinculación, sea personal o a través de terceros que él represente o patrocine o cuando tuviera un interés particular, laboral, económico o financiero”. La Ley de Ministerios que impulsó Frigerio al inicio de su mandato establece en su artículo 6º que “durante el desempeño de sus cargos los ministros no podrán pertenecer ni ser apoderados, representantes o asesores de empresas particulares que exploten concesiones acordadas por los poderes públicos, ni estar interesados en cualquier contrato o negocio”. El Régimen del Empleo Público de Entre Ríos en su artículo 62º prohíbe “mantener vinculaciones que le signifiquen beneficios u obligaciones con entidades directamente fiscalizadas por el ministerio en el que se encuentre prestando servicios”.
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