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» El Ciudadano
Fecha: 04/07/2024 17:48
Organismos de derechos humanos convocaron a la Ronda de los jueves para poner freno al desguace de entidades que sostienen el cuidado de documentación que sirve para causas de lesa humanidad y que impulsan la búsqueda de personas apropiadas durante la última dictadura militar En Rosario la convocatoria contra la política negacionista —y en algunos casos apologista— del gobierno a cargo de Javier Milei será este jueves a las 5 de la tarde en la Plaza 25 de Mayo, el día y el lugar donde todas las semanas desde 1977 se hace la ronda primero para pedir aparición con vida de las miles de personas secuestradas, luego para pedir justicia. La convocatoria a nivel nacional fue realizada por Abuelas de Plaza de Mayo para las 3 de la tarde en dicha plaza frente a la Casa Rosada, en Buenos Aires, y el primer punto del reclamo es que la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) siga existiendo. La lista de denuncias contra el gobierno libertario se completa con los despidos en espacios de Memoria dependientes del Estado y su consecuente impacto en las investigaciones en curso. Este mismo jueves la Policía Federal se hizo presente en la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, que funciona en el predio de la ex Esma, para impedir el ingreso de trabajadores incluidos en listas de despidos. La de Mesa de Organismos de Derechos Humanos de Rosario emitieron este miércoles un comunicado donde alertan los efectos del desmantelamiento de estas áreas nacionales —que calificaron como una enorme embestida contra las políticas de Memoria, Verdad y Justicia argentinas, pioneras en el mundo— ya que son “herramientas fundamentales para la búsqueda de quienes fueron niños/as desaparecidos/as y apropiados/as por el Terrorismo de Estado”. En este sentido, narraron que en los últimos días se conoció “un proyecto de decreto presidencial que busca disolver la Unidad Especial de Investigación de la desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado (UEI), que forma parte de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi). La UEI asiste a jueces y fiscales en casos de posibles sustituciones de identidad, y su eliminación afectará la búsqueda de los nietos y nietas, resultando tanto en un obstáculo para la justicia como en un perjuicio para la ciudadanía en general”. En Argentina entre 1976 y 1983 la apropiación de bebés, niñas y niños fue una política criminal y sistemática que llevó adelante el Estado en manos de militares con la complicidad de cientos de civiles que garantizaron la concreción e impunidad de los crímenes: jueces, fiscales, abogados, médicos, enfermeros. En 2024 se estima que todavía falta encontrar alrededor de 300 personas, hasta ahora fueron resueltos 137 casos. Por los #DerechosHumanos, la búsqueda de nuestros nietos y la CoNaDI; contra los despidos en todas las oficinas del Estado que garantizan derechos; por los consensos construidos en 40 años de #democracia, ¡hoy volvemos a la Plaza! 15 hs.#ElNuncaMasNosUne#LaBusquedaNosUne pic.twitter.com/nJRGBWbY0k — Abuelas de Plaza de Mayo (@abuelasdifusion) July 4, 2024 En su comunicado, los organismos locales puntualizaron que esta Unidad Especial “realiza una investigación preliminar que agiliza la tarea de la Justicia; no la duplica”. La Conadi fue creada en noviembre de 1992, durante la gestión de Carlos Menem, a partir de la demanda de Abuelas de Plaza de Mayo para que el Poder Ejecutivo se involucrara de manera activa en la búsqueda de hijas e hijos de personas desaparecidas durante la última dictadura. Hasta ese momento solo lo hacía el Poder Judicial. Conadi trabaja de forma permanente y de manera muy estrecha con Abuelas, con el Banco Nacional de Datos Genéticos -BNDG- y con la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado. Abuelas les deriva los casos de personas que tengan dudas sobre su identidad que tengan información para aportar. Solo Conadi tiene autorización para solicitarle al Banco las pruebas de ADN y determinar si hay compatibilidad familiar. Otra de las medidas que tomó el gobierno para obstaculizar el avance de las investigaciones por los crímenes cometidos durante la última dictadura es la que finalmente dictó este jueves el ministro de Defensa Luis Petri: derogó las resoluciones que regulaban el funcionamiento de los equipos de relevamiento y análisis de documentos de las Fuerzas Armadas. Así lo informó la periodista especializada Luciana Bertoia que en su cuenta en X (ex Twitter) recordó que “este proceso arrancó el 28/3 con el despido de 10 expertos. El lunes echaron a quien fue su coordinadora. Según Petri, los equipos se arrogaban facultades exorbitantes, podían allanar todas las áreas, tenían un funcionamiento opaco y no respondían a superiores jerárquicos. ¿Quién pedía su disolución? Los genocidas”. Además, Bertoia publicó que “según Petri los equipos hacían tareas de investigación que le corresponde al Ministerio Público Fiscal. Lo curioso es que 36 fiscales muy respetados salieron a objetar la decisión de desarmar los equipos”. Esto último pasó en abril de este año. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), así como los cientos de organismos que existen en el país y que velan por la garantía de los derechos humanos, también se manifestó contra esta definición del gobierno de Milei y recordó que desde su creación, a lo largo de estos 15 años, estos equipos aportaron 170 informes que permitieron comprobar los crímenes cometidos por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Hoy el ministro de Defensa clausuró el grupo de trabajo que respondía a los pedidos de información sobre integrantes de las Fuerzas Armadas en causas judiciales que investigan crímenes de lesa humanidad. pic.twitter.com/fg8l8q2CHB — CELS (@CELS_Argentina) July 4, 2024 Los organismos de DDHH de Rosario subrayaron que el trabajo de la Conadi cumple “lo establecido por la Convención sobre los Derechos del Niño que consagró el derecho a la identidad como un derecho fundamental”: “Recortar su funcionamiento y alcance es afectar directamente el trabajo de búsqueda”. La Unidad Especializada asiste a jueces y fiscales en casos de posibles sustituciones de identidad, por lo que “su eliminación afectará la búsqueda de los nietos y nietas, resultando tanto en un obstáculo para la justicia como en un perjuicio para la ciudadanía en general”. Finalmente el comunicado emitido en la ciudad establece que Abuelas de Plaza de Mayo “cuenta con alrededor de 7000 denuncias de posibles hijos e hijas de personas desaparecidas”: “Sin la existencia de la UEI, mañana deberían presentarse ante los Tribunales Federales o a la Unidad Fiscal Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el terrorismo de Estado (UFICANTE) todas estas denuncias, algo absolutamente ineficaz e inviable. Existen muchos organismos del Estado que auxilian a la Justicia, con el objetivo de hacerla más eficaz, como la Oficina Anticorrupción y la CONADEP, dependencias del Poder Ejecutivo con atribuciones de investigación, que no la reemplazan ni ejercen funciones judiciales, sino que la auxilian en su tarea”. Qué hacer si alguien duda de su identidad Abuelas de Plaza de Mayo encabeza desde 1977 la búsqueda de nietos y nietas. Además de trabajar junto al BNDG, la Conadi y la Unidad Especializada, trabaja con Cancillería porque puede haber personas apropiadas que viven en otras partes del mundo. Cada persona que se acerca e inicia una búsqueda, cuenta con la confidencialidad del caso y si se confirmara una restitución aquellos nietos o nietas no tienen por qué presentarse públicamente si no lo desean. Abuelas respeta la definición de cada uno y cuando emite comunicados de prensa sobre estas noticias únicamente difunde la familia de origen y los detalles del caso. No publica el nombre que llevó hasta ese momento la persona, es decir con el que sería reconocido por sus allegados.
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