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» Clarin
Fecha: 04/07/2024 14:48
La histórica metalúrgica mendocina Impsa, fundada por la familia Pescarmona y con su paquete mayoritario hoy en manos del Estado nacional, inició su proceso de privatización. Es la primera empresa de la gestión Milei que será vendida a privados, aunque no estaba incluida en la Ley Bases. Hay un fondo inversor de Estados Unidos interesado en la metalmecánica que exporta el 85% de su producción y tiene presencia en más de 40 países al generar equipamiento para la industria de petróleo y gas, y de la energía hidroeléctrica, nuclear, eólica y solar fotovoltaica. Pero el convenio que se firmó este jueves al mediodía en la Casa de Gobierno de Mendoza, entre el secretario de Planeamiento y Gestión Productiva de la Nación, Juan Pazo, y el gobernador radical Alfredo Cornejo plantea un proceso de privatización abierto a varios jugadores. El gobernador Cornejo dijo: "No hay un único interés, tenemos varias consultas por estas acciones, por lo que somos optimistas respecto del resultado del proceso de cesión". Y Pazo explicó: "Estamos abriendo un proceso de capitalización y tenemos un interés muy claro que la hagan crecer en manos privadas. Si bien hay un fondo de inversión de Estados Unidos que ha hecho una oferta, la idea - que trabajamos en conjunto con Mendoza- es abrir un proceso a otros oferentes por 30 días. Aclaró el secretario de Producción, que transcurrido un mes, se realizará una oferta final que va a ser comunicada por medios públicos, para llamar a un proceso de mejoramiento de la oferta y después definir a quién venderle las acciones estatales. El convenio prevé garantizar los puestos de trabajo y establecer dos etapas para la futura venta de la firma. El oferente inicial deberá comprometerse a pagar los sueldos durante los próximos dos meses y en septiembre quedaría en una situación "ventajosa", en caso de que se sumen otros interesados, para poder finalizar el proceso de adquisición. El tema de fondo, dijo Pazo, es "cómo llegamos hasta acá. Explicó que la compañía sigue enfrentando deudas por 500 millones de dólares y una pérdida mensual de US$ 2,5 millones. "El Estado lleva puesto más de 60 millones de dólares desde 2021 y no sirvió para recuperar la competitividad de la empresa. Estamos tratando de modificar esto, generar las condiciones para que el sector privado invierta y garantizar la capitalización de la compañía y que continúe trabajando y mantenga el nivel técnico y tecnológico", dijo Pazo. Impsa fue estatizada por el gobierno de Alberto Fernández a raíz de una severa crisis financiera, que no fue solucionada. "Impsa es un emblema de Mendoza, una multinacional que engrandeció a la provincia y queremos que siga funcionando como la empresa exitosa que fue antes de que las condiciones del país entraran en parámetros anormales", argumentó Cornejo. Impsa tiene su base en Mendoza desde que nació, en 1907. Explicó que la "inyección de fondos frescos a partir de aportes no reembolsables que viene recibiendo la compañía desde el año 2010, no sirvió para reestructurarla ni para retomar esa senda de progreso. Y entonces la empresa no recupera su competitividad en el mercado internacional de manera rápida". Esto llevó a que Impsa "no tenga la capacidad económica o financiera para afrontar el capital de trabajo necesario para poder asumir nuevos procesos de inversión". Y justamente es eso lo que se busca con esta negociación. Fuentes cercanas a la empresa dijeron recordaron que en el acuerdo del 2021 quedó claro que la empresa volvería a manos privadas a través de un proceso establecido. La capitalización de los gobiernos era solo un puente”. El Estado en el socio mayoritario y controlante, con el 85% del paquete accionario, dividido así: la Provincia hasta ahora posee 21,2% de las acciones (pagó unos US$ 5 millones), mientras que la Nación conserva otro 63,7%, por el que desembolsó US$ 15 millones. El restante 15,1% se lo reparten accionistas privados, en su mayoría bancos que pasaron a ocupar un sillón en el directorio de Impsa tras reestructurar la deuda que la sacó del default en el cual estuvo sumergida hasta 2014. Suman en conjunto 9,8% del paquete a través de un fideicomiso, una figura también utilizada por los Pescarmona, la familia fundadora, para detentar su actual 5,3%. Entre mayo y junio los ingresos por los distintos contratos de Impsa no alcanzaron a cubrir del todo sus costos fijos, y ha hecho que la multinacional mendocina vuelva a atravesar momentos complicados. Tiene 720 empleados, la mayoría mendocinos y es un proveedor de servicios de distintas industrias argentinas. De hecho, el pago de los salarios del personal estuvo en duda el mes pasado. Y aunque finalmente se liquidaron, los empleados se quedaron sin cobrar el aguinaldo, suspendido hasta nuevo aviso. La historia de Impsa Fundada en 1907 como Talleres Metalúrgicos Pescarmona, Impsa comenzó fabricando repuestos para maquinaria de hierro fundido, compuertas y equipos para la industria vitivinícola, además de otros componentes de metalurgia liviana. En 1946, la empresa adoptó el nombre Construcciones Metalúrgicas Pescarmona S.R.L., marcando el primer cambio significativo en su estructura. En 1965, la firma se convirtió en Industrias Metalúrgicas Pescarmona transfiriendo los activos y pasivos de la entidad anterior, y se registró como sociedad anónima. En tanto, en abril de 2018, la Asamblea de Accionistas acordó cambiar su denominación a Impsa S.A., reflejando su modernización y expansión. Durante más de un siglo la empresa fue un referente en la provisión de soluciones integrales para la generación de energía a partir de recursos renovables. Su cartera incluye componentes para centrales nucleares y equipos para la industria de proceso. La empresa opera a través de diversas unidades de negocio: Hydro, Wind, Nuclear, Servicios, Oil & Gas/Hidrógeno, Fotovoltaico, Inteligencia Artificial, Grúas y Defensa. Si bien la empresa, que fuera nave insignia de Mendoza, fue “rescatada” tanto por el Estado Nacional como por el provincial en 2021, las turbulencias en Impsa se remontan a varios años atrás. Entre 2010 y 2014, la compañía enfrentó un acontecimiento crucial, ya que durante ese períodoo no logró cobrar importantes sumas de dinero por proyectos energéticos llevados a cabo en Brasil y Venezuela. Además, atravesó un largo periodo sin proyectos de gran magnitud. La crisis para Impsa llegó con el colapso de su subsidiaria en Brasil, Wind Power Energy (WPE), la cual acumuló una deuda total de 850 millones de dólares, sumándose a los 250 millones de dólares que ya tenía la empresa. Este impacto fue tan severo que la compañía no pudo hacer frente a sus obligaciones y se vio obligada a iniciar un proceso de reestructuración en 2014. Después de varios años de negociaciones, se llegó a un acuerdo para transferir el 65% de las acciones de Impsa a bonistas, bancos y organismos internacionales. Este proceso fue aprobado en octubre de 2017 y finalmente se concretó el 25 de abril de 2018. En noviembre de 2020, la firma realizó una reestructuración de su deuda en la cual se acordó con los acreedores cancelar los pasivos con un período de gracia hasta 2025. Además, se logró una reducción significativa de los intereses al 1,5% y los pagos de capital comenzarán en 2028. En la actualidad, registra pasivos por 500 millones de dólares, pero referentes del sector aseguran que las deudas de la empresa se han ido recortando desde el aporte de capital que se hizo desde el Estado y que ha mantenido y recuperado contratos de energía renovable.
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