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  • Qué son la ley Hojarasca y el plan

    Parana » AIM Digital

    Fecha: 02/07/2024 08:24

    Superado el debate sobre la ley Bases que acaparó el primer semestre, se esperan semanas de intensa actividad en el Congreso. Entre los temas que tiene el oficialismo en carpeta figura la “ley Hojarasca”, aunque también busca reflotar su programa "anticasta". El presidente Javier Milei anticipó en declaraciones televisivas que luego de conseguir la sanción de la ley Bases el oficialismo impulsará en el Congreso la denominada "ley Hojarasca". El paquete de normas se trata de un proyecto diseñado también por el asesor presidencial Federico Sturzenegger, y plantea barrer con "más de 100 normas burocráticas". “Se vienen más reformas estructurales. La semana que viene, ya hacemos el nombramiento del doctor Sturzenegger. Vamos a sacar lo que él llama la ley de Hojarascas, que son un conjunto de regulaciones que entorpecen el funcionamiento del sistema económico. Son 100 leyes que se eliminan, pero que implican más reformas estructurales que 100 leyes”, explicó Milei días atrás. Diputados de la oposición advirtieron que no votarán un nuevo paquete de normas tan extenso. El titular del bloque Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, dejó un claro y contundente mensaje al Gobierno y pidió que desde el Ejecutivo no manden "de nuevo" otra ley de "400 artículos" al Congreso y dijo además que " el Gobierno se ponga a gestionar y trate de recuperar la economía". Este lunes, el vocero presidencial Manuel Adorni sostuvo que los legisladores "deben trabajar en los proyectos que le toque, si tiene uno o ciento cincuenta millones de artículos es una discusión de segundo orden". "El objetivo es hacer una limpieza del sistema jurídico argentino con leyes o normativas que han quedado obsoletas y no tiene ningún sentido que sigan existiendo", explicó el funcionario. Al inaugurar las sesiones ordinarias el pasado 1 de marzo, el presidente anunció el envío al Congreso de un "paquete anticasta" que servirá para "terminar con los privilegios de la política y sus amigos". Algunas de las normas ya fueron presentadas por el oficialismo, y la idea es retomar en esta segunda etapa de gestión las pendientes. Una de las leyes de dicho paquete era eliminar las jubilaciones de privilegio para presidente y vicepresidentes, algo que fue rechazado en la Cámara de Diputados. Otro de los puntos salientes es obligar a los sindicatos a elegir a sus autoridades a través de elecciones periódicas libres y supervisadas por la Justicia electoral que limitará los mandatos a cuatro años y establecerá un tope de una sola reelección posible. Además, se prevé que las personas condenadas por corrupción en segunda instancia no podrán presentarse como candidatas en las elecciones nacionales, y todo exfuncionario público con condena firme en segunda instancia por delitos de corrupción perderá automáticamente cualquier beneficio que tenga por haber sido funcionario. Respecto a lo que hace al funcionamiento de ambas cámaras, la idea del Gobierno es reducir drásticamente la cantidad de contratos para asesores de diputados y senadores de la Nación. También, se buscará avanzar en eliminar el financiamiento público de los partidos políticos y penalizar por ley al presidente de la Nación, al ministro de Economía, a los funcionarios del BRCA diputados y senadores que aprueben un presupuesto que contemple financiar déficit fiscal con emisión monetaria. En línea con el anuncio de la baja de la edad de imputabilidad a 13 años, en Balcarce 50 también barajan una reforma electoral que posibilite bajar la edad de votación de 16 a 14 años. Dicha reforma todavía se está escribiendo, y en ella también se incorporaría la eliminación de las PASO y el cambio del financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales. Vale recordar que la Ley Bases original tenía incluida una reforma electoral que proponía la derogación y modificación de artículos de la ley actual de Financiamiento de los Partidos Políticos 26.215, promoviendo la eliminación del tope máximo de donaciones por persona y empresas a un candidato o partido en campaña y también para su funcionamiento institucional. La idea es volver sobre esta propuesta, señalan en Casa Rosada.

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