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» Infobae
Fecha: 29/06/2024 04:42
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Decomiso de drogas (Télam) Desde 1987, la Organización de las Naciones Unidas declaró el 26 de junio como el “Día Internacional de la Lucha contra el Narcotráfico y el Abuso de Drogas”, con el objetivo de reforzar las acciones y la cooperación para alcanzar una sociedad libre de drogas. Sin embargo, durante la última sesión extraordinaria de la UNGASS sobre estupefacientes realizada en 2016, se adelantó una preocupación que ha estado latente durante muchos años: la ineficacia de la “Guerra contra las drogas”. Este evento, que debía ser convocado en 2019 pero se adelantó por presión de varios países latinoamericanos, puso sobre la mesa el aumento del consumo de sustancias de mayor peligrosidad, el empoderamiento de la industria de estas sustancias, y la estigmatización y militarización de los países, especialmente los andinos, acusados de ser los principales productores. La respuesta internacional se tradujo en un documento que, aunque tímidamente, comenzó a buscar alternativas a las políticas públicas actuales, aún manteniendo una mirada punitiva hacia el consumo y el tráfico de drogas. El caso argentino: un enfoque punitivo que no funciona En Argentina, desde 1989, contamos con una de las leyes de estupefacientes más rígidas de la región, imponiendo penas mínimas de cuatro años para quienes poseen estupefacientes. Esta legislación también sanciona gravemente la comercialización y producción de drogas. Después de 30 años, una de las principales causas de encarcelamiento en Argentina sigue siendo la infracción a esta ley. Mientras tanto, los consumos no solo han crecido, sino que también se han diversificado y han comenzado a edades más tempranas, afectando principalmente a los sectores más vulnerables de nuestra población. Según un estudio de consumo de sustancias psicoactivas de 2017 realizado por Sedronar y el Observatorio Nacional de Drogas, las sustancias más consumidas en Argentina son el tabaco y el alcohol, seguidas por el cannabis. A pesar de ser legales, las primeras dos sustancias tienen regulaciones muy livianas. El estudio revela que el 70% de las muertes relacionadas con el consumo de sustancias son causadas por el tabaco, el 27% por el alcohol, y solo el 1.5% por otros estupefacientes. Lo más alarmante es el aumento del consumo entre adolescentes: entre 2010 y 2017, el consumo de tabaco entre jóvenes de 12 a 17 años aumentó del 7.9% al 11.6%; el consumo de alcohol del 21.4% al 34.1%; y el consumo de cannabis se duplicó del 1.3% al 2.7%. Consecuencias penales y sociales Las consecuencias de estas políticas punitivas son devastadoras. Un informe de la Dirección Nacional de Política Criminal señala que entre 2005 y 2015 se duplicó el número de personas privadas de su libertad por infracción a la ley de estupefacientes, representando más del 30% de la población carcelaria. La mayoría de estas personas provienen de contextos de vulnerabilidad social: el 41% estaba desocupado al ingresar al sistema carcelario y otro 41% tenía trabajos precarios. Además, muchas detenciones por consumo personal terminan en sobreseimiento, amparadas en el fallo Arriola, que declara inconstitucional la persecución a usuarios de sustancias. En 2017, según el informe del Ministerio de Seguridad de la Nación, una de cada tres personas detenidas fue por consumo personal. La Ciudad de Buenos Aires, después de la desfederalización de la ley de estupefacientes, experimentó un aumento del 54% en las detenciones, siendo el 70% de estas realizadas en la zona sur de la ciudad. Necesidad de un cambio de paradigma La guerra contra las drogas ha tenido el efecto opuesto al que se buscaba. Los usuarios, en lugar de ser protegidos, se volcaron al mercado negro, expuestos a la violencia y a sustancias de menor calidad y mayor peligrosidad. Además, han sido estigmatizados y relacionados con la delincuencia, siendo aislados en el sistema penal. Es momento de repensar estos paradigmas y avanzar hacia políticas que reduzcan los riesgos y daños ocasionados tanto por el consumo como por la prohibición. Necesitamos políticas que informen a los usuarios para prevenir consumos problemáticos y que ofrezcan espacios de contención en los sectores más vulnerables para evitar consumos tempranos. Cientos de organizaciones de la sociedad civil ya están haciendo eco de esta necesidad, desde quienes luchan por el cannabis medicinal hasta quienes reivindican el uso adulto de sustancias. Es responsabilidad del Estado escuchar este reclamo y reconstruir las políticas de drogas desde la raíz, rompiendo con los estigmas del pasado y planteando nuevos ejes basados en la igualdad, la diversidad y la libertad de los usuarios de sustancias.
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