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» Clarin
Fecha: 28/06/2024 06:09
El Gobierno terminó este jueves de despejar la maraña de resoluciones que, durante la gestión de Alberto Fernández, buscó controlar los precios de los servicios de Internet, telefonía móvil y cable. Lo hizo a través de la resolución 13/2024 del Enacom, el Ente Nacional de Comunicaciones. Esta norma da de baja una serie de medidas que había tomado el ente durante el gobierno anterior, a raíz del decreto 690/2020 que había declarado a los servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones como servicios públicos esenciales. Como ese decreto ya había sido derogado en abril (DNU 302/2024), ahora se anulan las normas que lo reglamentaban. Durante la pandemia, el gobierno anterior había congelado los precios de Internet y telefonía móvil primero y luego había establecido topes para los incrementos. Sin embargo, en la práctica la intención oficial se vio limitada por las distintas resoluciones judiciales que obtuvieron las principales prestadoras, que recurrieron la medida. Por eso, la eliminación de todas estas normas en la práctica no producirán cambios en los precios, porque las empresas de servicios mantuvieron las actualizaciones a través de medidas cautelares obtenidas en la Justicia. "El Enacom, sobre la base del decreto 302 deroga todas las resoluciones basadas en el decreto 690. Es un tema de ordenamiento administrativo y de acuerdo a los fallos de la Justicia. En el mercado no cambia absolutamente nada. Los precios que tienen las empresas son los que van a seguir", explicó Walter Burzaco, presidente de la ATVC, la Asociación Argentina de TIC, Video y Conectividad. En la resolución de este jueves, la Enacom recuerda los considerandos del decreto de abril, que dice que "los servicios de TIC han sido creados en competencia, así como la prestación de los servicios de comunicaciones móviles, siendo una facultad esencial para su desarrollo y crecimiento la posibilidad de que los licenciatarios puedan fijar sus precios libremente”. Y agrega que el DNU de Alberto Fernández “establece una modificación esencial sobre el marco jurídico del sector, que debe ser corregida con el fin de salvaguardar las reglas que permitan el desarrollo de un mercado en competencia y la libre fijación de los precios de los servicios prestados”.
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