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» Clarin
Fecha: 28/06/2024 06:08
El conflicto entre el gremio lechero Atilra y la empresa Lácteos Vidal sumó otro capítulo esta semana cuando el juez José Ignacio Ramonet, a cargo del Juzgado Laboral N° 69, dispuso elevar de $10.000 a $50.000 diarios las astreintes que deberá pagar la pyme por incumplir con la reincorporación de los trabajadores que fueran despedidos tras iniciar un bloqueo de su planta de Moctezuma, Carlos Casares, en julio de 2022. El magistrado ordenó, además, que se inicie una investigación por posible desobediencia -delito previsto en el artículo 239 del Código Penal- a la titular de Lácteos Vidal, Alejandra Bada Vázquez. La medida de fuerza se originó a partir de un reclamo de recategorización y fue escalando hasta llegar al bloqueo de la fábrica e impedir el ingreso de los empleados con "aprietes", según declaraciones de los damnificados en expedientes judiciales. En ese momento, Lácteos Vidal despidió a 26 personas de los cuales, la mayoría acordó finalmente su salida. Ahora, tal como consta en la resolución del Juzgado N° 69, los trabajadores despedidos y no reincorporados fueron Haroldo Javier Rodríguez, Fabio David Quiroga, José Andrés Pellejero, Cristian Galván, Juan Manuel Damico, Walter Miguel Corvalán, Juan Carlos Chinesnuck, Walter Alejandro Cerri, Claudio Andrés Anidos. Sin embargo, Galván acordó con la empresa recientemente por lo cual, quedaría fuera de la lista. Asimismo, el juez dejó sin efecto la medida cautelar de reinstalación de los tres delegados gremiales imputados por el delito penal en vías de investigación de compulsión a la huelga, Yedro, Damico y Martín. Ramonet dispuso que el monto de la liquidación de las astreintes ya recaudadas, $ 3.420.000, sea distribuido por partes iguales entre los nueve exempleados mencionados, quedando $1.699.528,21 a favor de cada uno de ellos. “Aún se adeuda -de esa liquidación la suma de $15.484.246,11 -es decir a cada uno la suma de $ 1.720.471,79”, indica la resolución. Asimismo, el juez ratificó que sigue vigente la medida cautelar de reinstalación “ordenada y nunca cumplida, por la demandada”. Por eso, estableció un incremento del 400% en las multas, llevando el monto de $10.000 a $50.000 por día y por trabajador a partir de la notificación de la resolución, en caso de que la empresa no procediera a reinstalarlos en sus puestos en un plazo de siete días. Por otra parte, Ramonet argumentó que, dado que “la demandada nunca cumplió desde el momento en que quedara firme la orden de reinstalación de los trabajadores, podría configurarse la situación normado por el artículo 239 del Código Penal” por lo cual dispuso enviar oficio a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal de Instrucción, a fin de que “investigue la posible comisión de este delito ante el incumplimiento de la manda judicial”.
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