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» LaVozdeMisiones
Fecha: 28/06/2024 05:20
Exactamente cuatro semanas después de culminada la protesta policial llevada adelante durante doce días frente al Comando Radioeléctrico I de Posadas en reclamo por mejoras salariales, al menos 17 agentes, tanto activos como retirados, identificados como impulsores y partícipes de las medidas de fuerzas, comenzarán mañana a responder ante la Justicia por hechos que encuadrarían bajo las figuras de sedición, hurto y peculado, entre otros delitos. Las indagatorias fueron solicitadas por René Casals, titular de la Fiscalía de Instrucción Seis, quien tras analizar una gran cantidad de elementos de prueba, entre ellas cámaras de vigilancia, informes periciales y el testimonio de denunciantes y testigos, estableció un listado de involucrados y de delitos presuntamente cometidos. El pedido fue elevado al magistrado Ricardo Balor, titular del Juzgado de Instrucción Seis, quien dio lugar al planteo y libró las notificaciones correspondientes a un total de 17 uniformados, quienes deberán comparecer ante sus estrados para prestar declaración indagatoria desde mañana hasta el lunes 8 julio. Según pudo averiguar La Voz de Misiones, se realizarán dos indagatorias por día y los primeros serán un agente con prestación de servicios en la comisaría Segunda de San Vicente y otro que integra la División Investigaciones de la Unidad Regional IX de Jardín América. Para el próximo martes, en tanto, están citados los denominados “referentes” o “voceros” de la manifestación, el suboficial mayor retirado Ramón Amarilla (57) y su camarada también retirado Germán Palaveccino (46). El listado inicial apuntaba a 15 efectivos, pero a última hora el fiscal Casals también requirió la comparecencia ante la Justicia de dos bomberos y con ello el número de implicados se elevó a 17. Se solicitó, además, informes al Servicio Penitenciario Provincial (SPP), por lo que el número de citados podría aumentar aún más de acá en adelante. Las fuentes consultadas señalaron que, en principio, los uniformados están acusados de formar parte de un conjunto de agentes, tanto policiales como penitenciarios, activos y retirados, que mediante el uso de medidas de fuerzas que tienen prohibidas ejercieron acciones coercitivas para exigir mejoras salariales al gobierno provincial. Desde el punto de vista judicial, estos hechos podrían traducirse en imputaciones por delitos que van desde sedición, que prevé penas de hasta seis años de prisión, hasta hurto, incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado y coacción agravada. De igual manera, las imputaciones en esta etapa revisten carácter de provisorias y todo dependerá el avance del expediente. El acampe de 12 días La protesta policial comenzó el 17 de mayo pasado. Eran las 3 de la madrugada cuando policías encapuchados cruzaron los primeros patrulleros frente al comando ubicado sobre la avenida Uruguay de Posadas e iniciaron una quema de cubiertas que en pocas horas se transformó en un acampe que se extendió durante doce días, cuando finalmente se llegó a un acuerdo con el gobierno provincial. Fueron doce días de extrema tensión, con reuniones permanentes, acusaciones cruzadas y amenazas de aplicación del famoso protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich con uniformados federales. Durante todos esos días de protesta, el fiscal Casals insistió una y otra vez con el uso de patrulleros para la medida de fuerza, solicitando la devolución de los rodados, aunque nunca obtuvo resultados. En los días de mayor asistencia en el acampe se alcanzaron a identificar cerca de 30 vehículos oficiales, entre ellos una autobomba. “Robaron un patrullero y, con la cara tapada, arrojaron gomas para luego incendiarlas. Más que policías son piqueteros. Esto deslegitima cualquier tipo de reclamo. Ahora pusieron música. La situación es casi circense”, fue el resumen de la manifestación efectuado apenas iniciado el conflicto por el ministro de Gobierno Marcelo Pérez, en diálogo con Infobae, lo cual fue la antesala al anuncio de la denuncias radicadas.
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