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Parana » Asdigitalnews
Fecha: 27/06/2024 01:10
El Gobierno de Estados Unidos tiene derecho a contactar a las empresas de redes sociales y pedirles que moderen o alteren contenidos. Así lo ha determinado el Tribunal Supremo de ese país en una decisión que supone un espaldarazo a la política de Joe Biden en materia de vacunas contra el Covid-19. Podría además tener implicaciones importantes en caso de que en las elecciones de noviembre se vuelva a producir en esas grandes plataformas un caso de injerencia extranjera similar al que protagonizó Rusia en 2016. La sentencia constituye una rara victoria para los demócratas en un Supremo en el que el Partido Republicano tiene una mayoría de dos tercios. También constituye un fracaso indirecto para Elon Musk, cuya publicación de una serie de comunicaciones internas de Twitter (actual X) con el Gobierno estadounidense fue uno de los principales catalizadores del caso. El caso, más que con la libertad de expresión, tenía que ver con la política. Los demandantes eran cinco ciudadanos y dos estados - Missouri y Louisiana, representados por dos de los más conspicuos líderes del sector 'trumpista' del Partido Republicano: el fiscal general del primero, Eric Schmitt, y el gobernador del segundo, Jeff Landry. Y, entre sus apoyos, estaba Elon Musk que en 2022 publicó una serie de correos internos de la red social Twitter, que acababa de adquirir, con los que intentaba demostrar que esa empresa estaba controlada por grupos de izquierda y trabajaba en coordinación con el Gobierno de Joe Biden. Otras compañías afectadas por el proceso eran Meta -propietaria de, entre otros, Instagram, WhatsApp y Facebook - y Alphabet, dueña de Google y de YouTube. Schmitt, que ahora ya es senador, dirigió la demanda, como parte de una ofensiva legal que le llevó a presentar nada menos que 22 denuncias contra el Gobierno de Biden. La base de la denuncia era que el Gobierno de EEUU -y esto abarcaba desde la Casa Blanca hasta el FBI, pasando por los Centros de Control de las Enfermedades- habían presionado ilegalmente a las redes sociales para que éstas eliminaran información crítica con las vacunas del Covid-19. El Tribunal del Quinto Circuito de Apelaciones de EEUU, el más republicano del país -21 de sus 26 miembros han sido nombrados por presidentes de ese partido- les dio, previsiblemente, la razón. No hubo amenazas Ahora, el Supremo ha determinado que las conversaciones entre el Gobierno de Washington y las empresas dueñas de esas plataformas no incluyeron amenazas. Además, la resolución indica que esas empresas tienen sistemas de moderación de contenidos, con lo que es habitual en ellas que den primacía a unos contenidos sobre otros o que decidan cuáles deciden mantener y cuáles borrar. Las empresas de Internet están blindadas en EEUU de cualquier responsabilidad legal en materia de los contenidos que sus usuarios puedan colgar en ellas, o a los que ellas puedan redirigir a sus usuarios en virtud del capítulo 230 de la Ley de Decencia de las Telecomunicaciones. Fue establecido para poder acusar de fraude a Jordan Belfort, el estafador de la Bolsa cuya vida fue llevada al cine por Martin Scorsese en El lobo de Wall Street, encarnado por Leonardo DiCaprio. Es la segunda gran resolución judicial en torno a la libertad de expresión en menos de 24 horas en Estados Unidos, justo después de que el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, llegara a un acuerdo con la Fiscalía para declararse culpable de haber violado la Ley de Espionaje al conspirar para robar y divulgar secretos relativos a la defensa de Estados Unidos a cambio de ser puesto en libertad. Ése es un caso excepcional, ya que normalmente la Ley de Espionaje se aplica a quien sustrae información, pero no a quien la difunde, lo que ha desatado las críticas de algunos defensores de la libertad de expresión y de ciertos medios de comunicación, pese a que WikiLeaks nunca pretendió ser una entidad informativa hasta que eso le vino bien como coartada para defenderse de la Fiscalía de EEUU. La libertad de Assange, sin embargo, no sienta un precedente, dado que no hay una sentencia judicial firme, sino tan solo un acuerdo entre las partes, aunque avalado por la Justicia.
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