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Fecha: 24/06/2024 07:01
Desde Londres La crisis de Thames Water, una de las compañías estrellas privatizadas por el thatcherismo en los 80, se ha convertido en un tema central de la campaña electoral en el sur de Inglaterra donde ejerce el monopolio del servicio. La empresa está enterrada en deudas y ofrece un servicio atroz que incluye en su menú aguas gravemente contaminadas y planes de emergencia para evitar la propagación de enfermedades. A nivel financiero está igual o peor: acumula una deuda de más de 16 mil millones de libras (18 mil millones de dólares). La crisis es tal que, semanas antes de convocar a las elecciones anticipadas del 4 de julio, se filtró a los medios que el gobierno de Rishi Sunak tenía entre sus planes de contingencia la posible renacionalización del servicio. "Time waits for no one" El tiempo no espera a nadie, cantaban los Rolling Stones en medio de la crisis global y nacional de 1974 que allanaría el camino al Thatcherismo. Hay otra manera de decirlo: el tiempo no pasa en vano. Las promesas de un servicio de lujo a precios económicos con que Margaret Thatcher privatizó el servicio de agua en 1989 se han convertido 35 años más tarde en una caricatura grotesca. La renuncia en abril de la CEO de la compañía dejó al descubierto que la situación financiera de Thames Water, principal suministradora del servicio en Inglaterra, es crítica. La empresa, los accionistas y la autoridad regulatoria están buscando una alternativa contra reloj para evitar el colapso. El gobierno conservador, que participó de las conversaciones hasta mayo, se ha lavado las manos. En plena campaña electoral y a más de 20 puntos de distancia de los laboristas (43 a 21), Sunak está intentando evitar una catástrofe electoral: el regalo le quedará al próximo gobierno. Eso sí, en su manifiesto el primer ministro se comprometió a una estricta regulación del sector y multas millonarias por incumplimientos. Los laboristas prometieron algo parecido, pero es probable que un reordenamiento del sistema regulatorio no sea suficiente. En estricto “off the record” con el matutino The Guardian, funcionarios del Tesoro opinaron que si la compañía no es renacionalizada lo antes posible, la “incertidumbre” sobre su situación será tal que se expandirá sobre la reputación crediticia y la deuda del conjunto de las compañías británicas. Aguas putrefactas Mientras accionistas, inversores, funcionarios y reguladores hacen cuentas, el servicio experimenta un deterioro que está afectando directamente la salud de los ingleses. La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido confirmó 46 casos de Criptosporidio, una infección que causa diarrea, dolores estomacales y deshidratación a raíz de la contaminación del agua: cientos más han reportado los mismos síntomas. La situación afecta directamente a 16 mil hogares de Devon, en el afluente sudeste inglés. La Autoridad Sanitaria ha recomendado a la población de la zona que evite tomar agua directamente de la canilla: que la hierva y la deje enfriar antes de consumirla. El diputado que representa a uno de los distritos afectados, el conservador, Anthony Mangnall, reconoció que la situación era “desastrosa” y que “van a rodar cabezas”. En la clasificación de la reguladora Ofwat, Thames Water es, junto a la Southern Water, la que ha tenido peor desempeño en los últimos años. La compañía no cumplió con los requisitos legales para el tratamiento de aguas cloacales en 2021- 2022 y el año pasado tuvo que pagar una multa de 500 millones de libras por su fracaso en esta área así como por la pérdida de agua por filtraciones y la contaminación de los ríos. Uno de los líderes de la campaña contra la contaminación de los ríos, el ex cantante de la banda de rock “The Undertones”, Feargal Sharkey, está presionando para que haya una investigación pública de todas las empresas privatizadas del sector y de la oficina reguladora. “En vez de lo que nos prometieron con la privatización, tenemos todos los ríos de Inglaterra contaminados y un agujero de 72 mil millones de libras. Londres y el sureste están al borde de quedarse sin agua potable por la falta de inversión estratégica”, dijo Sharkey al diario The Independent. Entre los escándalos, se encuentran los paquetes salariales y bonificaciones que siguen cobrando anualmente los CEOs de las privatizadas a pesar de la deficiencia del servicio, las deudas contraídas y el agujero económico que tienen. Severn Trent, que suministra agua para unos 5 millones de hogares y empresas en el centro de Inglaterra y Gales, fue multada por el aumento en un tercio de los goteos y filtraciones de sus aguas cloacales en el período 2022-2023. A pesar de ello, la semana pasada la prensa británica reveló que la compañía le otorgó a su CEO, Liv Garfield, un paquete salarial que supera los tres millones de libras y un incremento en sus bonificaciones. ¿Qué cabezas rodarán? La privatización de la era thatcherista fragmentó en monopolios diferentes el suministro y reciclado de agua a la población. Hoy hay 32 compañías que se encargan del suministro del agua y alcantarillado en Inglaterra y Gales: 18 son monopolios regionales. Thames Water es la más importante: tiene unos 16 millones de usuarios en una zona que abarca a Londres y el sudeste y sudoeste del país. La compañía pertenece al grupo Kemble que tiene entre sus inversores a fondos de pensión de Canadá, del Reino Unido, a la China Investment Corporation y a la “Infinity Investments” de Abu Dhabi. En abril Kemble defaulteó su deuda y admitió que sus inversores se negaron a inyectar 500 millones de libras para cerrar temporariamente el agujero financiero de la compañía. El reclamo de los potenciales inversores es que el organismo regulador libere las tarifas que pagan los usuarios privados y comerciales. El problema es que la tarifa promedio para este último año representó un incremento del 6,4%, por encima del nivel inflacionario nacional. Con la deficiencia en el servicio y los casos de contaminación, es virtualmente imposible que el órgano regulador, Ofwat, autorice alzas. Thames Water no es el único monopolio del sector en crisis. En diciembre Ofwat señaló que había dificultades financieras en la mayoría de los 11 monopolios ingleses, entre ellos Yorkshire Water, Ses Water y Portsmouth Water. Las empresas privatizadas del agua acumularon una deuda de más de 60 mil millones de dólares en los últimos 30 años. La calificación crediticia de estas y otras compañías ha caído en picada en el último año. El porvenir de una ilusión A casi cuatro décadas del inicio de las privatizaciones de los servicios públicos del Thatcherismo, las señales de insatisfacción y cambio están a la vista. En los últimos años, y sin mucha alharaca, el gobierno conservador renacionalizó la mitad de su servicio ferroviario. La otra mitad está siendo fuertemente subsidiada. En 2022-2023 las franquicias privadas que continúan prestando el servicio de trenes ganaron más con los subsidios (casi 12 mil millones de dólares) que con la venta de boletos y abonos (unos 9 mil millones). En su manifiesto el partido laborista está proponiendo una renacionalización completa de los ferrocarriles. A tono con el mensaje moderado y centrista del líder Sir Keir Starmer, no habrá una intervención drástica. Simplemente el laborismo no renovará las franquicias cuando venzan en el curso de los próximos cinco años: el estado se hará cargo del servicio. En el servicio energético pasa algo similar. Las astronómicas ganancias de las corporaciones de electricidad y gas en los últimos años y las cuentas igualmente estratosféricas que pagaban los usuarios obligaron al gobierno conservador muy a regañadientes a subsidiar a los usuarios. Pero el salto en las tarifas abrió la caja de pandora: hubo un clamor para la renacionalización de ambos servicios. Un informe de la central sindical británica, la TUC, que comparaba las cuentas en el Reino Unido con las que abonaban países europeos con el sector nacionalizado, estimó que los hogares británicos ahorrarían el equivalente a unos cinco mil dólares en dos años si los servicios volvieran al estado. El clamor llegó a los mismos conservadores: una encuesta mostró que la mitad de sus votantes apoyaban la renacionalización. Con cambio de gobierno el día posterior a las elecciones del 4 de julio (no hay un período de transición en el Reino Unido: el partido electo asume de inmediato), habrá que ver qué hace el ganador y con qué mayoría parlamentaria cuenta. Una cosa está clara: no hay más tiempo. Con un emparche no se arreglará una situación que – literalmente – hace agua por todos lados.
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