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» Clarin
Fecha: 23/06/2024 06:11
Este lunes a la tarde, los ministros de Salud provinciales tendrán una reunión virtual en la que el responsable de la cartera nacional, Mario Russo, les informará dos cosas. La primera es que, aunque en una semana debería entrar en vigencia la obligatoriedad de la prescripción por receta médica electrónica, el Gobierno prorrogará las órdenes manuscritas hasta diciembre. La segunda, que el 1° de julio saldrá la reglamentación de todo ese asunto y, con ella, los detalles de implementación de dos registros obligatorios: uno que habilitará las plataformas de confección de recetas electrónicas y otro (que existe, pero está incompleto) para registrar a los médicos de todo el país que pretendan seguir indicando remedios y prácticas clínicas, claro está, en forma electrónica. ¿Está lista la Argentina para decirle adiós a la receta manuscrita? ¿Acompañarán las provincias esta ambiciosa decisión oficial? A través de una reducción fenomenal del Estado, el Gobierno viene impulsando que los distintos territorios -dicho amablemente- se ocupen de sus asuntos. Sin embargo, las novedades de este lunes requerirán un acompañamiento federal al Gobierno de Javier Milei. Habrá que ver si todos los ministros ponen la misma voluntad. Como se verá debajo, Clarín se comunicó con fuentes del Ejecutivo nacional y con las 24 jurisdicciones. Respondieron las consultas algo más de la mitad. Si bien al cierre de esta nota faltaba la confirmación de Buenos Aires, Catamarca y La Pampa, es casi seguro que la mayoría de los ministros dirán presente en el encuentro virtual con Russo, quien les dará detalles sobre la resolución que reglamentará el decreto 345/2024, que en abril pasado impulsó la obligatoriedad (en ese momento se decía que para julio) de la receta médica electrónica. También se enterarán de las novedades sobre los dos registros (disponibles desde el 1° de julio) que, dice el Gobierno, sostienen toda la iniciativa de la receta electrónica. El primero ya existe desde agosto de 2023, pero el Gobierno busca actualizarlo y completarlo. Es el Registro Federal de Profesionales de la Salud (REFEPS), que pende del famoso SISA. Todos los médicos que quieran seguir indicando medicamentos y prácticas en 2025 deberán figurar ahí, aunque la tarea de carga nombre por nombre la tienen los colegios provinciales, que son los que tramitan las matrículas profesionales. El ministro de Salud Mario Russo, exponiendo detalles de la receta médica electrónica. El segundo es nuevo. Se llama Registro Nacional de Plataformas Digitales Sanitarias (ReNaPDiS). Es nada menos que un reservorio de las apps y plataformas de receta electrónica “habilitadas” por el Ministerio, una clasificación que hasta ahora solo existía en forma declamativa. Es que, a pesar de que la receta electrónica tiene datos personalísimos de los ciudadanos y a pesar de que toda esa información queda después boyando electrónicamente, el desconocimiento sobre quiénes están detrás de esos desarrollos y qué uso hacen de los datos personales es casi total, ya que el Estado no los vino controlando. Tamaña inseguridad informática se suele atribuir a las urgencias de la cuarentena por Covid, cuatro años atrás, cuando surgieron los primeros sistemas de recetas informáticas. El desafío de la receta electrónica para los pacientes A los pacientes menos “alfabetizados” informáticamente, estas novedades les podrían implicar un pequeño desafío. En parte porque nada será del todo uniforme. Por ejemplo, según la provincia y el prestador (prepaga, obra social, cobertura pública), la receta electrónica podría funcionar de varias formas distintas. Por ejemplo, o que con solo informar el DNI, el farmacéutico o centro de salud pueda ver la orden médica en pantalla (como hoy ocurre con PAMI, por ejemplo), o que el paciente deba exhibir la prescripción desde su celular. ¿Y qué pasaría en esos casos si la persona o la farmacia no tienen conectividad? Dada la enorme población que no posee dispositivos con datos para usar internet en la calle, esto podría representar problemáticas de distinto tenor. El Gobierno asegura estar ajustando tuercas en ese sentido. También, en otros. Porque ni siquiera el PAMI, por muy digitalizado que está, quedará exento de modernizarse. El cambio más importante será en cuanto a la ubicación de los campos que el médico debe llenar en la indicación. Este es un punto sensible para el Ministerio (aseguran): se debe priorizar el nombre genérico de la droga, mientras que la sugerencia de marca (Russo pareció dar una batalla por este punto contra la industria farmacéutica, pero rápidamente se replegó) puede hacerse debajo, en un lugar lógicamente secundario. Hoy, la receta de PAMI tiene estos ítems en orden inverso. En este caso, el orden de los factores altera el producto. Las plataformas para generar recetas médicas electrónicas La vara para las plataformas de receta médica (hay cerca de 85) no será baja, aseguran en el Gobierno, pero recuerdan que habrá 180 días para la adhesión, registración y adecuación en el ReNaPDiS, el registro nacional que les dará validez. Esto de la “validez” es todo un asunto para el Gobierno, en especial pensando en los datos nacionales, siempre escuetos. Se explicita una intención por aglutinar cifras genuinas, consolidadas, no basadas en proyecciones o estimaciones de organismos sin representación nacional. Tanto el ReNaPDis como el REFEPS serán clave, en este sentido, afirman. El modelo oficial del Ministerio de Salud sobre receta médica electrónica. Las fuentes que hablaron con este medio protestan por desconocer cuántos médicos hay, de qué especialidades son, dónde trabajan, a cuánta gente atienden, qué recetan y a quiénes. Tampoco tienen cifras concretas de cargas de enfermedad por zonas: desde cuántos hipertensos o diabéticos hay hasta cuánta medicación consumen. O cuántas ecografías se hacen las embarazadas. Dicen que el cruce de información fresca les permitirá deducir muchísimos otros datos sanitarios que hoy no existen. O sea que el Estado (achicado) aumentaría su caudal informativo gracias a la colaboración obligatoria de las provincias. De este modo, creen, se podrá gestionar mejor y refinar el gasto (“no necesariamente recortarlo; hacerlo, en cambio, más inteligente”) y coordinar políticas de salud focalizadas por zonas. Habrá que verlo. Las provincias con las habló este medio apoyan el impulso a la receta electrónica. El tema es cuántas se mostrarán tan generosas a la hora de compartir sus datos con el Gobierno, que por cierto remarca que nada de esto es optativo y que no desarrollarán una plataforma de receta electrónica nacional. La idea es aprovechar (y mejorar) las que ya existen. Las provincias más atrasadas en materia de receta electrónica A las consultas de Clarín, lanzadas a las 24 jurisdicciones, respondieron 13 provincias. En realidad, 14, pero en Misiones confundieron receta electrónica con historia clínica digital, y cuando este medio quiso repreguntar, se discontinuó el diálogo. Un dato que hace de marco es que cada mes se comercializan en Argentina entre 55 y 60 millones de “cajitas” de remedios, de los que tres cuartas partes (75%) son de venta bajo receta. Para lograr lo que el Gobierno busca, todos esos papelitos deberían ser confeccionados con dispositivos electrónicos. Sin contar la medicina prepaga, cuyas empresas avanzan, en general, en este tema, veamos qué pasa en las provincias. Si bien muchos médicos usan receta electrónica, Argentina no está cerca de abandonar las manuscritas rápidamente. Foto Shutterstock En la ciudad de Buenos Aires la implementación de la receta electrónica viene lenta. Si bien se usa en los CeSACs (centros de primer nivel de atención), los hospitales porteños aún no se modernizaron lo suficiente. En Corrientes, el Instituto de la Obra Social de Corrientes (IOSCOR) implementó en enero la receta electrónica y aseguran no usar más las manuscritas. Las plataformas se llaman RCTA y Digidoc, y también son usadas por obras sociales y prepagas. En cuanto a los efectores públicos “se avanza en la implementación, pero no hay fecha para que empiecen a utilizarla”. También en Santa Fe admitieron que el tema está verde. Están “en proceso de prueba y puesta en marcha de la plataforma que habilitará su implementación”. Otra provincia que va de a poco es Chaco. El propio ministro de Salud, Sergio Rodríguez, explicó que están en “etapa de implementación” y que esperan “arrancar en los próximos 15 días”. “La implementación está super avanzada. Es más una decisión nuestra de ponerla en funcionamiento. Queremos ajustar detalles técnicos con el vademecum y las autorizaciones a ciertas drogas y familias terapéuticas”, remarcó. Las provincias que más usan la receta electrónica Desde el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires transmitieron que la receta manuscrita se usa cada vez menos y que tienen su propio sistema de receta digital. Los médicos particulares pueden aprovecharla, siempre que validen su identidad en unas “bocas” en distintos puntos del territorio. IOMA, la obra social de la provincia, está impulsando pasarse por completo a la receta electrónica, próximamente. En Córdoba, el ministro de Salud Ricardo Pieckenstainer aclaró que este medio que están instrumentando todo para que la receta digital sea de uso generalizado. La plataforma gratuita a disposición para los médicos la desarolló el Consejo de Médicos de la Provincia. En San Luis, si bien en el área de Salud explicaron que “no está implementada en el 100% de los hospitales”, aseguran estar trabajando en capacitaciones y tener la receta electrónica ligada al sistema de Historia Clínica Digital de la provincia. En Jujuy, el ministro de Salud Gustavo Bohuid explicó que “hoy coexisten dos tipos de receta electrónica: el sistema Xeilon (del colegio médico provincial), que usan los hospitales públicos, pero no está habilitado para los puestos de salud periféricos, y los sistemas ISJ y RCTA, que usan los efectores privados”. En tanto, en La Pampa compartieron que el sector público usa en buena medida la receta electrónica a través de un sistema propio. No obstante, apuntaron que hacer el “switch” total requerirá “un tiempo de transición”. Receta electrónicas en la Patagonia (y una de yapa) Sergio Wisky, ministro de Salud de Chubut, contó a Clarín que tienen el 60% del sistema usando receta electrónica (entre obras sociales y PAMI). “Es un 40% el que faltaría completar. Tener el 100% nos va a llevar dos o tres meses”, estimó. “La plataforma que vamos a usar va a ser la de la obra social provincial. Veremos si lo tolera, pero va a ser de acceso gratuito para nuestros médicos hospitalarios. Va a ordenar mucho el sistema”, consideró Wisky. Hace muy poco, en mayo, Santa Cruz lanzó la receta electrónica para el sector público y privado. “Consta de una plataforma web y de una app, ambas disponibles para quien prescribe como para el paciente. La solución se llama Mis RX y permite que el profesional prescriba la medicación a través del sitio web. Ya cargada, el paciente puede concurrir a cualquiera de las farmacias convenidas -con su credencial- y solicitar la dispensa del medicamento”, explicaron en Salud. En cuanto “a los pacientes con tratamiento prolongado, el médico podrá prescribir el medicamento para un plazo determinado, por ejemplo tres meses. El afiliado deberá ir solo en los vencimientos. En cuanto a otras obras sociales, los profesionales de la provincia usan la plataforma web de PAMI, que también ofrece la prescripción y dispensa electrónica”. Con un mensaje breve (sin precisiones), la ministra de Salud de Tierra del Fuego, Judith Digiglio, aseguró que, “en el sector público y en la obra social provincial, la receta electrónica ya está implementada”. Y, para cerrar, veamos el caso de Mendoza, la única provincia entre las consultadas que consideró “ilusorio” pretender pasar de lleno a la receta electrónica este año. Lo dijo Rodolfo Montero, ministro de Salud. Aclaró que ya usan receta electrónica y que pretenden cubrir el 80% del sector público próximamente, pero, realista, opinó que debe haber “coexistencia de los dos sistemas”. Se mostró reticente a que haya una “obligatoriedad”. Y subrayó algo que no es menor: los problemas de conectividad y los sistemas tecnológicos atrasados “en lugares alejados o con grandes carencias”. Colaboraron Roxana Badaloni (corresponsalía Mendoza) y Ernesto Azarkevich (corresponsalía Misiones)
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