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» Agencia Nova
Fecha: 16/06/2024 00:17
En ese marco, la capital chaqueña fue epicentro de la “decisión política” más fuerte del “Zorro”, que es, mediante la billetera y la actuación policial, no permitir las interrupciones de tránsito en el microcentro o rutas, que el miércoles tuvo un fuerte episodio en la plaza 25 de Mayo, donde efectivos policiales se enfrentaron a vecinos que se movilizaron con el camión hidrante y gases lacrimógenos, para evitar el corte de calles. En una semana en la que reinó el hermetismo previo al debate por la Ley de Bases y la locura durante y después de la sesión en el Congreso Nacional, Resistencia y la provincia del Chaco no estuvieron exentas a lo que fueron los “rebeldes” sociales y la “represión” policial disfrazada bajo la “Ley antipiquetes” de Patricia Bullrich , que la gestión de Leandro Zdero toma como protocolo de actuación. Esta situación claramente no fue desaprovechada por los sectores políticos, donde el oficialismo lo “vendió” como un logro el no sufrir los cortes de calles por parte de manifestantes, mientras desde la oposición apuntaban contra el accionar policial y la decisión política del Ejecutivo de “mandar a reprimir” una presunta movilización pacífica. En este tire y afloje, el mayor perdedor sigue siendo el vecino común, que ve como queda en el medio de una disputa de poder por parte de referentes, que ya cuentan con un cargo político, y que buscan en cada situación llevar “agua para su molino”. ¿De qué sirve? No de mucho momentáneamente, pero seguro lo ven como una oportunidad de preparar el camino de cara a las Legislativas del 2025. Pero esa lucidez y rapidez que tuvo el Gobierno para determinar la intervención policial ante una nueva movilización, es la que le falta desde hace seis meses para prevenir los casos de femicidios o asesinatos que reinan en el territorio provincial, y por los que la Policía del Chaco siempre “corre de atrás”. La conmoción invadió el inicio de la semana por la desaparición y posterior hallazgo del cuerpo del remisero Juan Lazarte, que según las pericias fue estrangulado y por el que se dispararon las hipótesis de la fiscal Ingrid Wenner, a cargo de la investigación. Sucede que la familia alertó diversas posibles situaciones, como la de una relación paralela o la de presuntas deudas con prestamistas extranjeros, que podrían haber sido un hilo conductor al fatídico desenlace. Pero más allá de la investigación, lo indignante pasa por la “conducta” o “respuesta” del Estado ante una nueva víctima fatal de la inseguridad; ya que la decisión inmediata pasó por disponer controles en distintos puntos de Resistencia, para llevar a cabo la identificación de conductores de taxis y remises y de sus acompañantes, para detectar la presencia de personas con antecedentes penales, en pos de “prevenir nuevos casos de violencia”. Sin dudas, la medida no cayó nada bien en la población y generó mucha indignación, “vendiendo” una lamentable noticia como lo fue el asesinato del remisero, como un disparador para un operativo de prevención. Obviamente, la idea de “correr de atrás” ante los hechos de violencia, no es bien recibida en la ciudadanía, que pide mayor prevención ante la reinante inseguridad.
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