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» El Destape Web
Fecha: 15/06/2024 19:19
En un contexto de fuerte retroceso en materia derechos y a días de conocerse la decisión del gobierno de Javier Milei de disolver la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, que era la dependencia a la que había sido reducido el exMinisterio de Mujeres, Género y Diversidad, desde los feminismos y colectivos de mujeres y diversidades se gestó una rápida reacción que resultó en un gesto político paradigmático para los tiempos que corren: la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados logró reunir el último martes a diputadas de diferentes bloques, trabajadoras, referentes sociales, sindicalistas, periodistas, y ex funcionarias de las áreas de género de los gobiernos de Carlos Menem, Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández, para trabajar y coordinar de forma transversal estrategias legislativas y judiciales que garanticen las políticas de género. La reunión, de la que participaron más de 200 personas, fue convocada formalmente por Mónica Macha, presidenta de la Comisión, junto con el diputado Esteban Paulón. Luego de la amplia convocatoria y la repercusión del encuentro, las trabajadoras lograron ser convocadas a una mesa informativa con las autoridades de la cartera judicial, con fecha a confirmar, para poner en valor las políticas vigentes hasta diciembre, evaluar información precisa sobre lo hecho hasta ahora y, si es posible, iniciar una negociación por el sostenimiento de los programas y los puestos de trabajo. Al respecto, la legisladora de Unión por la Patria expresó: “Pueden sacarnos la institucionalidad, pero no van a lograr detener la lucha feminista. Necesitamos estar unidas, coordinadas, para defender los derechos y las políticas conseguidas. Proponemos un espacio colectivo y transversal en donde podamos trabajar de manera regular una agenda de temas prioritarios. Así construye el feminismo”. La transversalidad que hoy atiende el feminismo como base estratégica de su fortalecimiento, lo separa del resto de un mapa político marcado por internas mezquinas, favores a cambio de votos y un dialogismo amistoso. Durante el encuentro informativo se dio lugar a la exposición de las trabajadoras del exMinisterio de la Mujer, Género y Diversidad, quienes presentaron un documento donde se explicitan los logros del organismo en sus cuatro años de gestión y datos sobre las graves consecuencias que puede provocar el desmantelamiento de la políticas públicas de género. Además denunciaron que el cierre de la Subsecretaria y su pase al organigrama del Ministerio de Justicia implicaría el despido de casi el 80% de la planta, una cifra que representa la pérdida de 600 puestos de trabajo ocupados por mujeres, lesbianas, no binaries, travestis y trans. Fernanda Fuentealba, Secretaría General de la Junta Interna de ATE, estuvo a cargo de la lectura del texto: “El avasallamiento que se pretende con la eliminación de la actual Subsecretaría implica, entonces, la deslegitimación de la problemática, decir que para este Gobierno no existen las violencias de género. Cuando se pierde una política pública nacional, el estado de derecho se retrotrae y avanza la desigualdad. Y a ello en este caso debemos sumarle la implicancia que tiene para las provincias la pérdida de la visión federal del país, que se ve materializada con la eliminación de dispositivos territoriales, presencia, articulaciones y recursos destinados a incidir en la vida de las mujeres y diversidades que habitan a lo largo y ancho de todo nuestro territorio”. Pero lo que constituyó el hecho político más trascedente fue la presencia y acompañamiento de referentes históricas como Nelly Minstersky, Dora Barrancos y Nina Brugoy, y exfuncionarias de gestiones anteriores como Virginia Franganillo, creadora y expresidenta del Consejo Nacional de la Mujer, primer organismo jerarquizado de género a nivel nacional en los 90; Mariana Gras Buscetto, presidenta de dicho Consejo entre 2011-2015; Fabiana Tuñez, especialista en Políticas Públicas en violencia de género Feminista y responsable del Instituto Nacional de las Mujeres entre 2015-2017; Elizabeth Gómez Alcorta, primera Ministra de Mujeres Géneros y Diversidad de la Nación; Ayelen Mazzina, exministra entre los años 2022-2023; y Estela Diaz, actual Ministra de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires. En su disertación Fabiana Tuñez, funcionaria durante el macrismo denunció que "en Argentina no se respetan los derechos humanos de las mujeres", y Virginia Franganillo, primera titular del Consejo Nacional de la Mujer, advirtió que desde el ejecutivo "quieren barrer con el sentido común, y saben qué, no van a ganar, porque acá se ha construido una conciencia que va a superar todos los desastres qué tienen planificados". Asimismo Mariana Gras Buscetto, presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres en el periodo 2011-2015, señaló: "nosotras tenemos que levantar la cabeza, no solo por lo logrado, sino porque debemos reconstruir la esperanza federal qué llegue a cada una de las casas y cada una de las mujeres qué están en esta patria. No estamos perdidas". De forma conjunta se destacó el hito que simbolizó la jerarquización de la temática en la agenda pública y la creación del Ministerio en el marco de la lucha histórica del movimiento feminista y transfeminista, y se reafirmó el compromiso de las organizaciones sindicales y las trabajadoras del Estado de defender los derechos adquiridos ante los atropellos del gobierno libertario . “La institucionalización de políticas de género es una línea estatal que se mantiene bajo gobiernos peronistas, radicales, neoliberales, alianzas políticas, en todos los gobiernos, evidenciando que estas políticas son un consenso democrático que se construye desde hace más de 30 años. Ese consenso, originó además que el Estado asumiera compromisos con el pueblo y con otras naciones, lo que quedó plasmado en normativa de rango constitucional que debemos hacer cumplir”, expresa el documento compartido desde ATE. En la Comisión se decidió darle continuidad a la temática y citar de manera urgente al ministro Cuneo Libarona para que explique ante el Congreso cuál es la situación de las trabajadoras de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género. Además se presentara una denuncia penal contra el Presidente Milei y otros funcionarios nacionales por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. La gesta de una reunión clave de cara al futuro La convocatoria a la Comisión se trató de una respuesta urgente en el marco de un plan de lucha y visibilización del conflicto de las trabajadoras cuyos puestos hoy están en peligro, y una contundente demostración de la unidad de todo el arco político y partidario en defensa de las políticas y programas de género. Pero más allá de la eventualidad, es necesario comprender la importancia de la constitución de este espacio como un punto de resistencia político ante la explícita embestida anti feminista protagonizada por el gobierno de Milei. No casualmente una de las primeras medidas tomadas, en el marco del achique del Estado y su plan de ahorro fiscal, fue la desjerarquización del ex Ministerio que pasó a ser una Secretaria de Protección contra la Violencia de Género, contenida por la estructura de la mega cartera de Capital Humano, y bajo la conducción de Claudia Barcia. A fines de mayo se decidió trasladar el organismo de la cartera de Sandra Pettovello al Ministerio de Justicia y reducirlo a Sub secretaria. Si bien puede considerarse cierta lógica en el criterio, teniendo en cuenta que se trataba de la autoridad de aplicación y control del cumplimiento de Leyes fundamentales como la Ley Micaela, Ley de Cupo Trans, o la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, dicho movimiento terminó esgrimiendo la excusa para el anuncio de su cierre. Sin haber realizado auditoría alguna, en un comunicado las autoridades expresaron que luego de un “riguroso estudio se detectó que existe una clara superposición de funciones entre distintas agencias gubernamentales”, y que esto implicaba el mantenimiento de estructura edilicia y de empleados. Luego de la renuncia de Barcia y la amenaza de despido a cientos de trabajadoras del área, desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se inició un Plan de lucha que incluyó una convocatoria a una asamblea y la redacción de una nota dirigida a la Comisión para denunciar la situación. El escrito llegó cuando el órgano estaba reunido discutiendo sobre feminización de la pobreza y la necesidad de proteger el plan ENIA de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, una de las políticas más exitosas de los últimos años, y su presidenta decidió inmediatamente convocar a una audiencia con las trabajadoras y otras figuras significativas. “Lo que desencadenó la reunión fue el anuncio del cierre de lo poco que quedaba de la Subsecretaria, y en esa instancia pensamos qué hacer rápido – explica la diputada - cuando llega la carta yo les propongo a las miembros de la Comisión que las recibamos y todos aceptaron. Lo que brindamos fue la posibilidad de conocer un informe detallado sobre todo lo que se está desmontando, con datos pero también con procesos institucionales de trabajo”. La disolución de la Subsecretaria implica un real retroceso ya que el área era la única institucionalidad operativa, en el ejecutivo nacional, pensada y destinada a combatir la violencia de género, y por otro lado su cierre envuelve el posible incumplimiento de leyes nacionales y tratados internacionales con jerarquía constitucional. De hecho según datos del Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL, el 70% de los países de América Latina cuenta con mecanismos o espacios con rango institucional de ministerio en la temática, por lo que nuestro país quedaría en los márgenes de la región. “Hoy podemos decir que la Comisión es tal vez el único espacio institucional vinculado a las políticas de género que nos queda, es federal y es transversal porque participan todos los bloques. Es un espacio donde tenemos que actuar de modo estratégico, pensar acciones y ponerlas en marcha”, subraya la legisladora Macha. La Argentina no contará con un organismo que se encargue de políticas de prevención, acompañamiento y asistencia a los casos de Violencia de género, por primera vez desde 1992, cuando en pleno menemismo se creó el Consejo de la Mujer. “Como dijo Virginia, desde el año 92 en adelante nosotras tuvimos siempre un espacio de institucionalidad para las políticas de género, que después fue creciendo o se fue complejizando. Es la primera vez que en nuestro país, en democracia, no tenemos ninguna instancia. No solo eso, sino que lo que va a quedar bajo la gestión del ministro Cuneo Libarona van a ser 100 personas encargadas de la atención telefónica, pero sin tener en cuenta los lineamientos y el protocolo de la Línea 144. Lo piensan solo como atención de emergencias, pero las políticas de género son construcciones a largo plazo y muy consolidadas”. “Por eso resulta fundamental haber tenidos las voces de todas las personas que tuvieron responsabilidad en este área, incluyéndola a Fabiana Tuñez, porque esto va más allá de un espacio político partidario. Destruir una política como esa va a impactar fuertemente en las mujeres y diversidades”, advierte Macha. El escenario se agrava teniendo en cuenta el contexto de alta conflictividad social y la crisis económica, que suele ser directamente proporcional al aumento de las cifras de violencia contra las mujeres y minorías sexuales. “La comisión tiene que ser un lugar que puede articular, desde una perspectiva federal, transversal y sobre todo popular, porque la pobreza golpea mayormente a las mujeres, y especialmente a las mujeres cabeza de hogares monomarentales y a las crianzas – enuncia la presidenta de la comisión - tenemos que reconstruir alguna resistencia que toque la transversalidad que supimos construir cuando ganamos la Ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, pero con más solvencia política porque lamentablemente los derechos logrados por el feminismo no están instituidos, hay que seguir peleándolos. Logramos mucho pero podemos perder también”. Macha celebra que, como producto de la comisión, se haya logrado una mesa de negociación de las compañeras del exMinisterio con las autoridades del Ministerio de Justicia: “Es efecto político de lo que pudimos hacer en el Congreso. Pero después creo que la pelea es en todos los órdenes porque podemos tener esta herramienta institucional pero también tenemos que estar en la calle, ser muy creativos porque el nivel de destrucción que propone Milei es inédito, no es asimilable con ningún otra experiencia. Necesitamos mucha militancia, articulación, y unidad en relación a acciones concretas. Una perspectiva bien política que nos permita fortalecernos, construir agenda y seguir creciendo”. Por su parte, Fernanda Fuentealba, delegada de ATE, describió que fue emocionante ver cómo, más allá de las diferencias partidarias, el riesgo de perder todo lo conseguido en las luchas les permitió unirse para no bajar los brazos: “Nosotras dejamos en claro que el Ministerio llegó a su máxima jerarquización en 2019, pero el organismo existió gracias a una estructura que venía desde antes y tuvo distintas variantes dentro del ámbito de la administración pública. El Ministerio se crea sobre la base de lo que había sido el Instituto Nacional de las Mujeres del macrismo”. En ese sentido destaca que hubo un significativo reconocimiento de la tarea realizada durante los últimos años y cómo llegó el Estado a cada rincón del país. “Con las compañeras quedamos en continuar las comisiones para aunar esfuerzos y generar acciones concretas. Hoy en el Estado la Comisión se ha convertido en el espacio de la resistencia. Por eso somos una de las primeras enemigas de Milei, porque tenemos la potencialidad y capacidad de aunar las fuerzas en defensa de nuestros derechos. Esa capacidad motora, más allá de las diferencias, nos une”, acentuó la referente sindical. La denuncia de Thelma Fardin y la desarticulación de la Línea 144 Entre las políticas públicas que salvaron vidas y garantizaron la libertad de miles de mujeres y diversidades, y hoy están en peligro por el vaciamiento del área, se destaca el caso ejemplar de la Línea 144, que brinda atención, contención y asesoramiento a personas en situación de violencia de género, y a sus familiares y allegades. Esta línea funciona de manera gratuita y confidencial los 365 días del año, en todo el territorio nacional, a través de servicio telefónico, WhatsApp, correo electrónico, la app 144 y videollamadas destinadas exclusivamente a personas sordas. Pero las consultas además se abordan de manera integral y se acompañan las situaciones que así lo requieran según la evaluación de las especialistas. Según datos oficiales, desde 2019 hasta el 2023, se recibieron más de 1,2 millones de comunicaciones y se realizaron más de 93 mil intervenciones ante situaciones de violencia. Esta semana en Brasil Juan Darthés fue condenado por la justicia de dicho país a 6 años de prisión luego de la denuncia que hizo la actriz Thelma Fardin por un abuso sexual que sufrió en 2009, cuando ella tenía solamente 16 años. El fallo representa un camino y un mensaje de esperanza para las víctimas de abuso que se enfrentan todos los días a un sistema que tiende a subestimar sus vivencias y las expone sistemáticamente a procesos de revictimización. Un dato que, justamente, marca la importancia de las políticas públicas que garanticen a las víctimas la posibilidad de denunciar y el acceso a la justicia, como instancia reparatoria, es que en 2018 luego de que Thelma hiciera pública la denuncia, desde distintas dependencias y organismos gubernamentales destacaron que aumentaron las llamadas y consultas a las líneas telefónicas de apoyo en casos de violencia de género y abuso sexual infantil. Según información del Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) se observó un aumento de 123 por ciento en las consultas a la Línea 144; y en palabras de quien fuere ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, “se incrementaron las llamadas al 0800-222-1717 contra el abuso sexual infantil” un 1.240 por ciento. Paradójicamente ambas políticas están hoy en peligro por la decisión del gobierno de Javier Milei de cerrar la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género.
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