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» La Capital
Fecha: 27/04/2024 23:00
El gobernador Maximiliano Pullaro consiguió en la Legislatura una reforma del Código Procesal Penal de la provincia que da mayor protagonismo a la policía en el inicio y control del proceso de investigación. El camarista penal Alfredo Ivaldi Artacho criticó el proceso de detención previsto en la nueva reforma del Código Procesal Penal provincial que entró en vigencia en Santa Fe este miércoles, al considerar que "la norma apunta a detener para investigar, en lugar de investigar para luego detener" . Además, dijo que será complejo implementar estas reformas si no existe un trabajo coordinado entre la policía, los fiscales y los jueces, al tiempo que cuestionó la duplicación del lapso de las prisiones preventivas. Por otra parte, celebró el cese de las prisiones preventivas domiciliarias y la restricción definitiva del ingreso de celulares en las cárceles, pese a que siempre estuvo prohibido por la ley de Ejecución Penal del país. El camarista sumó cuestionamiento a los que había realizado el abogado penalista Gustavo Feldman respecto a la implementación del nuevo Código Procesal Penal en cuanto al plazo de las detenciones. En declaraciones a "Todos en La Ocho" , Ivaldi Artacho planteó que "tiene normas que se necesitaban, otras que son complicadas de implementar y otras que van a tener problemas ". No obstante, aclaró: Y no me refiero a nada que tenga que ver con restringir las facultades de los jueces en materia de prisión preventiva o habilitar la puerta giratoria, que luce en la fantasía de la gente, ya que no hay tal puerta giratoria alguna desde hace más de diez años en la provincia ". En cuanto a las complicaciones que puedan existir en las nuevas normas a llevar a cabo, Ivaldi Artacho indicó que "van a tener que generar un compromiso entre la policía, los fiscales y la magistratura de los jueces para que pueda funcionar de manera aceitada". Es allí donde surgen los interrogantes por el nuevo protocolo de detención. "Los primeros momentos son los más álgidos de la detención de una persona: se la pone a disposición de los tribunales en función de los fiscales , se lo lleva a audiencia para que el juez lo vea y para que sepa qué delitos y calificaciones pesa en su contra. Sin embargo, la reforma es bastante conflictiva en esta parte y difícil de implementar, sobre todo porque fija audiencia en 24 horas frente los jueces en lugar de 72 horas más otras 24 como hasta entonces, teniendo en cuenta el poco tiempo con el que cuenta el fiscal a cargo, y si los detenidos son varios y conforman una organización delictiva". >>Leer más: Fuertes críticas al nuevo Código Procesal Penal: "La policía se comerá crudos a los fiscales" Ivaldi Artacho admitió que el nuevo Código Procesal Penal de la provincia es moderno, pero apuntó que estas reformas dan pie para que se detenga para investigar en lugar de investigar para detener, puesto que es la policía la que comienza y controla el proceso de investigación previo a la comunicación con la Fiscalía de turno. "En cualquier país civilizado se investiga y luego se detiene, más allá de que en algunos casos la persona es detenida en la comisión del delito. Pero, en realidad, la dinámica es a la inversa, sin comparecer ante fiscal o juez para que lo imputen y con un plazo extenso de hasta 30 días, totalmente excesivo", cuestionó. En ese marco, el camarista señaló que "las nuevas leyes duplican el plazo de las prisiones preventivas, de modo que esa persona detenida puede estar detenida hasta 96 horas, sin saber de qué delito se lo imputa, incluso si se trata de un accidente de tránsito con lesionados o delitos ordinarios". Y opinó que "en materia de delito organizado tampoco era necesario, ya que ahora se fija un plazo de 15 días más a otros 15, sin saber qué delitos, pruebas y calificación se le atribuye al detenido. Fue declarado inconvencional por la Corte Interamericana (CIDH) y crea un problema donde no tenía que haberlo". Desde 2014 a la actualidad, los penales de la provincia duplicaron su capacidad de alojamiento, a punto tal que hoy cuenta con más de 10 mil internos, una notable población carcelaria. Entonces, opinó: "Lo que quieren es que haya la menor cantidad de detenidos en las primeras horas y luego ser derivados a las penitenciarías, esa sería la tónica aunque no altera demasiado la posible irracionalidad de semejantes plazos. Y que le quede claro a la comunidad, esto no se trata de ser más flexibles con las libertades y prisiones preventivas sino otra cosa. Es un aspecto más que suma tensiones y complicaciones en un ámbito cotidiano". No obstante, celebró que la gestión de Pullaro haya introducido modificaciones en cuanto al cese de prisiones preventivas domiciliarias, incluso con tobilleras electrónicas, y la restricción definitiva al ingreso de celulares a las cárceles. "Abogados, Defensa Pública de la Defensa Penal, Ministerio Público de la Acusación y todos los jueces estábamos preocupados por navegar entre progeter los derechos de las víctimas, amparar a la sociedad y resguardar los derechos de las personas imputadas por delitos. Era una situación muy concreta, que en Santa Fe se han vuelto trágicas, tales como las prisiones preventivas domiciliarias y la existencia de celulares en las cárceles, desde donde se ordenan extorsionas, balaceras y todo tipo de delitos, que en 2018 la provincia restringió". "Desde hace seis meses veníamos advirtiendo que eran una herramienta propicia para organizar toda clase de delitos que tomaron altas repercusiones en la provincia. Y si bien en la ley de Ejecución Penal del país estaba prohibido, pero se los permitía de todas formas por diversos motivos. Parece ser que los poderes públicos tomaron nota de todo esto", concluyó.
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