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Concordia » Entre Rios Ahora
Fecha: 26/04/2024 21:45
Carlos Reggiardo, abogado defensor del intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, metió la interna del Partido Justicialista (PJ) en la audiencia que se desarrolló este viernes en los Tribunales de La Paz para tratar la recusación del fiscal Álvaro Piérola, que lleva la acusación en una causa contra el jefe comunal por supuesto pago de sobreprecio en una obra de pavimentación de 20 cuadras. El aplazamiento había sido resuelto por el Tribunal de Juicios y Apelaciones, conformado por los vocales María Carolina Castagno, Alejandro Diego Grippo y Juan Francisco Malvasio, a pedido del abogado César Ariel Jaime, defensor de uno de los imputados, Adolfo Zenón Ortiz, responsable técnico del Programa Más Cerca, una iniciativa del Gobierno nacional que permitió el desarrollo de aquella obra pública. Pero en el ínterin ocurrió la recusación al fiscal de la causa, Álvaro Pierola. Este viernes, el tribunal escuchó los argumentos de Reggiardo para pedir el apartamiento del representante del Ministerio Público Fiscal. Reggiardo mezcló varios temas en su alegación. Mencionó la nota que presentó la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos ante el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos por el tenor de las intervenciones del letrados y la seguidilla de recusaciones y denuncias ante el Jurado de Enjuiciamiento que presentó. Entonces, ironizó: «Habría que derogar la Ley del Jurado de Enjuiciamiento porque ante cada denuncia la Asociación de Magistrados nos persigue, nos denuncia ante el Colegio de la Abogacía». Y mencionó que Piérola, como integrante de la conducción de la Asociación de la Magistratura, motorizó esa presentación. Afirmó que la causa contra Rossi y Cía es una «causa armada» siendo que el proyecto fue sobreejecutado y se pavimentaron más de las 20 cuadras acordadas. Entonces encontró una motivación «política» en la acusación a Rossi por haber intentado en la interna del PJ presentarse para presidir el Partido a nivel provincial, intento del que luego desistió. «Piérola es un hombre que viene de la política, y no lo digo de forma peyorativa, yo también tengo pertenencia política, más allá de que trato como todos de ser lo más objetivo posible. Pero uno es un ser humano y el ser humano tiene cierta tendencia y es difícil ser objetivo», aseveró. Reprochó que Piérola haya ingresado tarde a la causa, que había sido tramitada por el fiscal Santiago Alfieri. Enseguida aseveró que su objetividad «está quebrada, porque viene de la política, es yerno de (la actual intendenta de Paraná) Rosario Rosario Rosario, quien se interesó por la causa. Hubo un acuerdo de juicio abreviado, que fue acordado en diciembre. El fiscal Alfieri lo habló con un colega de la defensa. Se habían acordado tres sobreseimientos». Luego, dijo que ese acuerdo de abreviado «quedó en la nada por la interna peronista. No hubo un motivo procesal. La causa estaba con fecha de juicio desde junio del año pasado. Lo único que se modificó, lo único que pasó en el medio fue la interna del PJ, donde Rossi pretendió ser candidato a presidente del Partido, enfrentando la línea política de Rosario Romero, suegra de Píerola, que además ha sido denunciada, se la vincula a la activa participación» en causas contra el exgobernador Sergio Urribarri. De se modo, aludió sin nombrarlo al defensor del extitular del Ejecutivo entrerriano, Fernando Burlando. Luego, mencionó la incorporación del exsecretario Legal y Técnico del Ministerio de Gobierno, que presidió Romero, Guillermo Ledesma Maximino como relator de la Procuración. Y que ese traspaso del Ejecutivo a la Justicia fue parte de la «huida del peronismo» tras la última derrota electoral. Insistió luego con cuestionar al gremio de los funcionarios judiciales. La Asociación de Magistrados es injusta conmigo. Mas allá que pueda revisar la forma en la que digo las cosas, la vehemencia que a veces puede ser mal interpretada». Y aclaró que «en ningún momento he presionado al Jurado de Enjuiciamiento». El fiscal Facundo Barbosa rechazó el planteo recusatorio y en esencia dijo que el tribunal no tenía competencia para rechazar una petición de ese tipo. Que Reggiardo debió acudir ante el jefe de los fiscales, el Procurador General Jorge García. Reggiardo contestó que el tribunal era competente y que «esa discusión ya está zanjada». El defensor Jaime dijo al final que requería la presencia de Piérola en la Audiencia, y pidió suspender el inicio del juicio hasta que se resuelva la recusación. El tribunal empezó a deliberar y dará su resolución en los próximos días. . El caso Entre 2015 y 2019, Rossi no gobernó Santa Elena. Lo hizo su concuñado, Silvio Moreyra, Al año de estar al frente de la Intendencia, Moreyra lo denunció a Rossi: efectuó una presentación a través del abogado Guillermo Mulet ante la sospecha que durante la gestión anterior se había incurrido en el pago de sobreprecios en una obra de pavimentación. El Ministerio Público Fiscal pidió en 2020 la remisión de la causa a juicio oral. En su acusación, Fiscalía señaló que durante la gestión Rossi, el Municipio de Santa Elena pagó a la empresa L&C, del empresario Néstor Szczech, más de $20 millones para ejecutar la pavimentación de una 20 cuadras, cuando el costo máximo estimado en el mercado era $18 millones y el mínimo, de $14 millones. La obra se realizó en el marco del programa nacional ‘Más Cerca’. En paralelo a la causa penal también había una demanda civil, formulada por el exintendente Moreyra, en la que le reclamaba a los acusados – entre ellos Rossi- que paguen más de $10.937.255,46 en concepto de perjuicio económico al Estado municipal. Pero ese pleito se superó durante la siguiente gestión de Rossi: la demanda llegó a su fin a mediados de junio de 2020, cuando el municipio y la empresa L&C firmaron un acuerdo extrajudicial transaccional. La causa penal siguió su marca en Tribunales. En marzo de 2022, el juez de Garantías y Transición de La Paz, Walter Carballo, otorgó la probation o suspensión de juicio a prueba al empresario de la firma L&C Construcciones, Néstor Juan Szczech, y al ingeniero y apoderado de la empresa, Carlos Alberto Lescano, en el marco de la causa por sobreprecios de una obra de 20 cuadras ejecutadas en Santa Elena en 2014, durante la anterior gestión del hoy intendente Domingo Daniel Rossi. Szczech y Lescano fueron acusados de los delitos de peculado y falsificación de documentos públicos en carácter de partícipes necesarios. Sin embargo, tras varias apelaciones, consiguieron que a principios de noviembre de 2021 la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) hiciera lugar al pedido de probation. El fallo lo firmaron los vocales Miguel Giorgio, Daniel Carubia y Claudia Mizawak. Pero Rossi y sus funcionarios siguieron ligados a la causa penal. María Inés Martínez (contadora municipal); Carlos Roberto Méndez (exsecretario de Gobierno y Hacienda de Santa Elena); y Adolfo Zenón Ortiz (responsable técnico del Programa Más Cerca). El ingeniero en construcciones Rubén Clivio Benítez, falleció mientras transcurría la investigación. Los delitos que se le endilgan a Rossi es el de peculado, falsificación de documentos públicos e incumplimiento de deberes de funcionario público atribuido en carácter de autor; y los mismos delitos, pero en carácter de partícipes necesarios a Roberto Carlos Méndez, María Inés Martínez, Adolfo Zenón Ortiz, a Néstor Juan Szczech, y a Carlos Alberto Lescano. Un dato clave: el perito que dictaminó el sobreprecio, Beltrán Uranga, ya falleció. De la Redacción de Entre Ríos Ahora .
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