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» El Esquiu
Fecha: 26/04/2024 12:35
viernes, 26 de abril de 2024 11:29 A través de un proyecto de declaración la diputada Adriana Díaz mostró su preocupación por la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de no depositar los fondos para el Programa Nacional de Acompañamiento al Egreso (P.A.E.) destinado a jóvenes y adolescentes sin cuidados parentales. El programa, que abarca a 3.500 adolescentes en el país, se ejecuta también en Catamarca. “El P.A.E. está en riesgo, en la mira de la “motosierra”: los chicos y chicas que salieron de hogares o residencias y están integrados al Programa están cobrando con mucha demora. Y hay temores fundados que el gobierno quiere dejar de pagarlo”, advirtió Díaz. "Desde hace 3 meses, el último pago -correspondiente al mes de febrero de 2024- no ha sido depositado hasta el momento y no hay información oficial sobre fecha cierta de cobro. “La falta de respuesta por parte de las autoridades nacionales impacta gravemente en las condiciones de vida de los y las jóvenes incluidos en el programa ya que muchos de ellos se enfrentan a la posibilidad de ser desalojados, discontinuar sus estudios o les dificulta planificar el desarrollo de su vida autónoma”, dijo. La legisladora explicó que: “El P.A.E. es una política pública creada por Ley N° 27.364, a la cual la provincia adhirió en 2021, por iniciativa de mi autoría, convirtiéndolo en Ley N° 5624. El objetivo es garantizar derechos de igualdad y no discriminación: por un lado, el derecho a recibir un acompañamiento personal y afectivo para el desarrollo de su autonomía; y por otro, a una asignación económica equivalente al 80% del salario mínimo vital y móvil, que les permita pagar un alquiler, cubrir su alimentación o sostener sus estudios”. En los argumentos del proyecto, Díaz expone que “De esta manera se produce una revictimización hacia quienes como sujetos de derechos deben ser protegidos en forma prioritaria por el Estado. La gestión del programa cuenta con información pública y transparente, y es monitoreoado por parte de diferentes organismos e instituciones -como la Universidad Católica Argentina- que dan cuenta de sus impactos positivos en una población que ha atravesado una historia de vulneraciones”
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