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» El Ciudadano
Fecha: 25/04/2024 19:15
La Fiscalía describió en el comienzo del juicio oral que el accionar de este suboficial que trabajaba con otros dos colegas en la AIC se conoció en septiembre de 2020 luego de que hirieran a una nena en una balacera contra una vivienda. Esa pesquisa llevó a una organización que se dedicada a amenazar y desapoderar de propiedades a al menos seis víctimas para luego revenderlas Un suboficial de la entonces Agencia de Investigación Criminal (AIC- ahora Policía de Investigaciones) comenzó a ser juzgado este miércoles por extorsionar a una violenta banda de usurpadores, a quienes les cobraba en colaboración con otros dos policías, unos 200 mil pesos a cambio de entorpecer las investigaciones en su contra y avisarles de cualquier medida. Se trata del uniformado Alberto Orlando Rodríguez, a quien la Fiscalía solicitó la pena de 7 años y medio de prisión al considerarlo autor de los delitos de abuso de autoridad, falsedad ideológica de instrumento público, violación de secreto oficial, tentativa de extorsión, hurto y encubrimiento, todo ello agravado por ser funcionario público. El debate oral está presidido por la jueza María Isabel Más Varela. Esta causa que desentrañó el accionar de este suboficial y dos de sus compañeros Víctor Maldonado (ya condenado) y Sergio Bustamante de la entonces AIC comenzó el 9 de septiembre de 2020 cuando cerca de las 19 un joven golpeó la puerta de una casa de Fraga al 700 bis, en Empalme Graneros. La moradora se asomó y el muchacho le preguntó por Facundo. No le dio tiempo a contestar que el recién llegado gatilló cuatro veces. Uno de los proyectiles entró e hizo blanco en la pierna derecha de una nena de 12 años, hija de la propietaria. La fiscal Valeria Haurigot y su par Federico Rébola estuvieron al frente de la pesquisa que determinó que hacía un mes que la familia había comprado la propiedad que había sido publicada por redes social. En la transacción de la compra-venta participaron un supuesto asesor inmobiliario, identificado como Miguel Ángel Herrera, y el abogado Juan Pedro Chía, quien recibía a los interesados en su estudio jurídico frente al edificio de los Tribunales provinciales, de Balcarce y avenida Pellegrini. Fue en ese marco que la Fiscalía ordenó intervenir la línea del primero. Para ese tiempo Herrera ya había cambiado de número y cuando consiguieron el nuevo lo intervinieron al igual que el número del supuesto vendedor de la casa de Fraga al 700 bis. En ese momento, los pesquisas descubrieron que se trataba de una organización delictiva dedicada a usurpar propiedades bajo amenazas, darle apariencia de legítimas y comercializarlas en una clara estafa a los interesados. En la audiencia imputativa que se llevó a cabo el 7 de enero de 2021, los fiscales describieron que Herrera –actualmente prófugo–, el abogado Chía y Maximiliano Oscar G. eran los organizadores de esta banda que comenzó a operar en diciembre de 2018 mientras que un número importante de personas fue sindicado como miembros: entre ellas Carlos Luis T. y José Manuel L. En esa jornada los pesquisas pudieron identificar que habían ursurpado seis propiedades que están ubicadas en Fraga al 700 bis, Felipe Moré al 900, Cerrito al 300, Don Orione al 1300, Zeballos al 3800 y San Luis al 5700. La investigación continuó hasta dar con tres policías de la Brigada Operativa de la AIC que le daban protección: los suboficiales Rodríguez y Maldonado junto al oficial Bustamante fueron imputados en esa audiencia de enero de 2021 como quienes hicieron una pesquisa clandestina de esa balacera en Fraga al 700 bis. Los tres se presentaron el 10 de septiembre y entrevistaron a las víctimas donde consiguieron los nombres de los estafadores, los cuales los reservaron por casi dos meses hasta que la Fiscalía se enteró de su accionar y tuvieron que facilitar esa información. En ese momento, adujeron que tenían orden de otra fiscal e insertaron o hicieron insertar aseveraciones falsas en un informe que presentaron el 30 de octubre de 2020, explicaron los investigadores. En esa audiencia, los fiscales contaron también que entre el 10 de septiembre y el 30 de diciembre de 2020 –cuando fueron detenidos–, los policías coaccionaron a Herrera y a Chía para que les entregaran 200 mil pesos a cambio de no denunciarlos, hacerles allanamientos y seguirles filtrando información o advertirles sobre futuras medidas en su contra con el fin de brindarles impunidad. Extorsión que se consumó. Además, la Fiscalía le atribuyó a Rodríguez reunirse con Herrera en otras oportunidades para proporcionarle datos reservados a cambio de dinero. De la información aportada a la causa, voceros de la Fiscalía describieron que el accionar de los policías quedó en evidencia en una escucha donde Herrera llamó a su abogado para contarle que ya se había reunido y que la fiscal –por Haurigot– había juntado causas para luego detallar las propiedades investigadas. “Sólo podían saberlo en función de una nota que ordena tareas al equipo de la AIC emitida por un fiscal recibida el 19 de noviembre de 2020 (el mismo día que hace la llamada) por el acusado Alberto Rodríguez”. Caterina recriminó que en vez de investigar a dicha organización y colaborar con la Fiscalía estos policías “utilizaron la información recolectada o proporcionada por la fiscalía para extorsionar a los cabecillas y de esta forma obtener un lucro indebido. Todo lo cual a su vez constituyó un entorpecimiento a la investigación ya que desde el momento que la fiscalía tomó conocimiento del accionar de los policías infieles debió precipitar y acelerar las medidas de investigación ante la posibilidad que los investigados destruyeran evidencia, lo que a su vez derivó en que otros integrantes no puedan ser identificados a la fecha de los allanamientos y detenciones del 30 de diciembre de 2020”. Otro delito que sumó Rodríguez fue cometido el 31 de julio de 2020 en una vivienda de Viamonte al 1600 donde como miembro de la Brigada Operativa de la AIC le pidió a su colega y subordinado Alejandro M. que sustrajera una pistola marca Star, calibre 6.35 milímetros. El fiscal aclaró que no tenía intenciones que quedársela sino que quería sacar un rédito económico. Además, se le suma el encubrimiento del hurto de otros elementos que había en esa propiedad, los cuales fueron robados por otro policía. Tras reconstruir todos estos indicios recolectados en contra de Rodríguez, el fiscal Caterina solicitó una pena de siete años y medio de prisión ante la jueza Carrara en el inicio del debate oral que continuará en los próximos días. El policía cómplice y el abogado condenados En el marco de esta causa, el suboficial Víctor Maldonado fue condenado el 15 de abril pasado a 4 años y 4 meses de prisión efectiva por los delitos de falsedad ideológica de instrumento público, violación de secreto oficial y hurto agravado por revestir el autor el carácter de funcionario público, provisión ilegal de armas de fuego con habitualidad y peculado por sustracción de bienes cuya custodia y administración le había sido confiada que se sumaron a dos hechos de violación de secreto, informaron desde el MPA. Maldonado también quedó señalado junto a su hijo, también policía, por revender armas de fuego al mejor postor. abogado Juan Pedro Chia fue condenado a tres años de prisión efectiva, más seis de inhabilitación para ejercer la profesión, y a resarcir a sus víctimas en 2.5 millones de pesos por cuatro casos de estafas con inmuebles usurpados que eran vendidos de forma fraudulenta a través de una organización criminal. La Justicia dispuso que purgara la pena en prisión domiciliaria, ya cuenta problemas de salud crónicos.
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