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» Diario Chaco
Fecha: 25/04/2024 13:42
El 8 de mayo vence el plazo para que el Poder Ejecutivo reciba los votos a favor y en contra de la postulación del juez Ariel Lijo y el académico Manuel García Mansilla para la Corte Suprema de Justicia. Algunos funcionarios judiciales se pronunciaron a favor de la designación del magistrado que lleva dos décadas en Comodoro Py. A pocos días de que cierre la fecha impuesta en el decreto que oficializó las candidaturas no serían pocas las entidades representativas de la comunidad jurídica que expresarán la impugnación de Lijo para formar parte el máximo tribunal. El decreto que oficializa a los dos candidatos elegidos por el presidente Javier Milei destaca que "su trayectoria y su compromiso con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos que lo hagan merecedor de tan importante función". En la vereda de enfrente de quienes ven con buenos ojos a Lijo para la Corte, están unas diez entidades representativas de la comunidad jurídica, que trabajan en las impugnaciones que presentarán ante el Poder Ejecutivo. Si bien todavía no cumplieron con la formalidad, lo harán antes que culmine el plazo estipulado en el decreto que se publicó en el Boletín Oficial. Las instituciones que rechazan a Lijo para el cargo en la Corte son: Será Justicia, REJIA, Poder Ciudadano, Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES), Academia Nacional de Derecho, FACA, Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Acción Conjunta Republicana y Profesores Republicanos, entre otras. "Cada entidad realizará sus presentaciones de forma individual, en función de la comunidad jurídica que representa, pero son dos aspectos centrales los que nuclean el criterio de todas ellas, que son los causales objetivos para presentar el rechazo: la falta de condiciones técnicas de formación, es decir la debilidad en los antecedentes técnicos jurídicos y después lo referente a la valoración de sus aptitudes morales", dijo María Eugenia Talerico, quien trabaja en varias de las impugnaciones. Entre las entidades que ya se manifestaron en contra de la postulación de Lijo, FORES sostuvo que el magistrado despierta "demasiadas polémicas". Además, suman que el hermano de Ariel Lijo, Alfredo Lijo, "operador judicial". Por eso, pidió que el Gobierno desista de la designación. La entidad ya había sumado su rechazo en un comunicado difundido por la Red de Entidades por la Justicia Independiente de Argentina (REJIA). En el mismo sentido se pronunció el Club Político Argentino. Uno de los puntos de coincidencia de las instituciones que rechazan a Lijo para la Corte señala "demasiadas son las polémicas que despierta el candidato, quien integra el cuestionado fuero Criminal y Correccional Federal porteño. Esos tribunales despiertan a menudo demasiadas sospechas sobre el manejo que hacen de los tiempos y del destino de las causas en las que investigan el flagelo de la corrupción pública". Lijo "arrastra hace años la difusión de noticias sobre su persona y desempeño por demás negativas, donde cuenta con una denuncia penal y otras formuladas en el Consejo de la Magistratura en las que no se avanzó ni clarificó ninguna de las acusaciones", dijo Talerico. Debido a las cuatro denuncias que tiene el juez federal en el Consejo de la Magistratura, desde la ARI-CC insistieron con el pedido de investigación del accionar del magistrado. A través del diputado nacional Juan Manuel López, pidieron que se audite la causa penal contra Lijo que terminó archivada. En ese entonces Mariano Cúneo Libarona, actual ministro de Justicia, era abogado del juez y ahora candidato a la Corte. Desde el espacio que dirige Lilita Carrió buscan saber si se instruyó correctamente la investigación, si se agotaron todas las medidas de prueba respecto a la sospecha de presunto lavado de dinero. Por lo que no descartan pedir a la Corte Suprema una auditoría de las denuncias contra Lijo que se cerraron en el Consejo de la Magistratura por vencimiento de plazos o por no encontrar elementos que sustenten la acusación. El CELS, INECIP, ACIJ y otras organizaciones, contra Lijo y García Mansilla Otras seis organizaciones civiles emitieron este miércoles su "categórico rechazo a las propuestas de candidatos para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación presentadas por el Poder Ejecutivo". Firmaron un comunicado conjunto la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y la Unión de Usuarios y Consumidores. "La Corte Suprema tiene la enorme responsabilidad de ser la garante última de la Constitución y del Estado de Derecho. En virtud de la trascendencia de esa misión, resulta esencial que esté integrada por personas cuya trayectoria refleje probada idoneidad e independencia, así como un fuerte compromiso con los principios constitucionales y los derechos humanos. Desafortunadamente, ni Ariel Lijo ni Manuel García-Mansilla satisfacen ese estándar", reza el documento. Sobre Lijo recuerdan las "graves denuncias en el Consejo de la Magistratura, algunas de las cuales han estado vinculadas a la falta de investigación de causas de corrupción, a la dilación arbitraria de los tiempos procesales y al enriquecimiento ilícito, así como de una denuncia penal por asociación ilícita, lavado de dinero, coimas y tráfico de influencias", y concluyen que "dichas denuncias son impropias de un candidato al más alto tribunal". Coinciden que las denuncias "generan serias dudas sobre el correcto desempeño de Lijo como juez" que es "casi el único antecedente de relevancia". Afirman que su currículum vitae "no muestra ningún otro mérito profesional o académico suficiente para ser magistrado de nuestro máximo tribunal". Las organizaciones civiles también consideran "preocupante la baja representatividad de los diversos sectores de la sociedad en la Corte Suprema". Critican la falta de mujeres entre las postulantes, y de representación de personas con diversas procedencias y saberes. "Por estos motivos, exigimos al Poder Ejecutivo que retire estas candidaturas y proponga personas que satisfagan los estándares que deben reunir quienes integren nuestro máximo tribunal y, en su defecto, al Senado de la Nación que rechace los pliegos enviados", concluye el comunicado. Cómo sigue el proceso de nominación de los candidatos Hasta el 8 de mayo los ciudadanos, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos humanos pueden presentar ante el Ministerio de Justicia, "por escrito y de modo fundado y documentado, las posturas, observaciones y circunstancias que consideren de interés expresar respecto de los incluidos en el proceso de preselección, con declaración jurada de su propia objetividad respecto de los propuestos". Cumplida la fecha, posteriormente, en un lapso de quince días, el Poder Ejecutivo evalará las diversas presentaciones y decidirá si envía la propuesta al Senado de la Nación. Cuando el Presidente envíe el pliego al Congreso, deberá fundamentar la propuesta y remitir un Proyecto de Acuerdo, el cual será enviado a la Comisión de Acuerdos del Senado, donde iniciará la discusión política sobre el candidato del Gobierno. Dicha Comisión deberá fijar una fecha para la audiencia pública y mandar una copia del pliego y de los antecedentes a todos los senadores que la integran. Después de la audiencia pública, la Comisión emitirá un dictamen recomendando al pleno del Senado la aprobación o rechazo del pliego. COMENTÁ EN FACEBOOK: HACE CLICK ACÁ
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